martes, 15 de julio de 2014

TEMA DEL TALLER




Taller: La Revolución Bolivariana como Objeto de Estudio.
Tema: El agotamiento del Modelo de desarrollo de la IV república y su impacto en el proceso Bolivariano.

La revolución Bolivariana surge como consecuencia del agotamiento del modelo de acumulación capitalista (apropiación privada del excedente económico) por sustitución de importaciones. La industrialización substitutiva de importaciones se concibió  fundamentalmente para abastecer el mercado interno. El gasto público, especialmente de origen petrolero, fue concebido como el elemento dinamizador de la demanda y del financiamiento del proceso de sustitución de importaciones. Esto creó las condiciones que llevaron al estancamiento ya que estructuró un aparato productivo ineficiente y una economía muy vulnerable a los precios y volúmenes de exportación petrolera en los mercados internacionales, y dependiente de las importaciones de bienes de capital y materias primas, para poder desarrollar la acumulación privada.

Analizar el impacto de las condiciones de agotamiento del modelo de de desarrollo por sustitución de importaciones de la IV República en el Proceso Bolivariano es el objeto de este taller.

lunes, 28 de noviembre de 2011

El Contexto Internacional de la Revolución Bolivariana.

IV Taller: La Revolución Bolivariana como Objeto de Estudio
Tema: El Contexto Internacional de la Revolución Bolivariana.

Justificación:

La lógica de confrontación indirecta entre los dos polos de poder, el Imperialismo y el Socialismo,  en la Guerra Fría, llevó a la destrucción del bloque socialista. La estrategia, que había sido elaborada dentro de la confrontación este-oeste, donde existía una amenaza real de conflicto bélico entre potencias con un poder de destrucción masiva, quedó sin efecto, pero la fuerza militar de características globales del imperialismo norteamericano,  y sus bases regionales, quedaron intactas. Este nuevo contexto estratégico permitió, a los Estados Unidos y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la consolidación, fortalecimiento y expansión, de una fuerza militar de choque de carácter global, dentro de una nueva estrategia de agresión a los pueblos del mundo encubierta por una supuesta guerra contra el terrorismo.

Los Centros de  Estratégicos de Gravedad


Considerando la nueva situación estratégica desde el punto de vista de los pueblos que luchan por la liberación y la construcción de un mundo socialista, después de la derrota del pueblo y del gobierno de la  Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista  por parte del imperialismo, la agresión del imperialismo por el control de Siria, las sanciones contra Irán y las agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela, nos revelan los cuatro centros de gravedad, que definen la estrategia del imperialismo y en consecuencia la importancia y magnitud de la batalla, que debemos librar en Venezuela.

La crisis actual del Capitalismo, hace que la guerra del despojo a los pueblos del mundo de sus materias primas, la  energía, el agua y la biodiversidad, necesarias para  la acumulación capitalista a escala global, se hace cada día más violenta y despiadada, y abarca en su estrategia a los países y a los pueblos que están asumiendo en las diferentes regiones del mundo, la dirección de su propia historia lo que representa para ellos una amenaza a su hegemonía regional y global.

Las regiones la comprenden:


            1. América latina, con la República Bolivariana de Venezuela como su centro estratégico antiimperialista y de unión e integración política, social y económica, ALBA, CELAC, UNASUR, posee la reserva petrolera más grande del mundo, con las alianzas estratégicas de China, Rusia e Irán;
2. Asia Central, con Irán como su centro estratégico antiimperialista,  región con el 70 % de las reservas mundiales de crudo, y con acceso al Golfo Pérsico y al estrecho de Hormuz por donde circula el 40 % del petróleo mundial, con las alianzas estratégicas de Venezuela, China y Rusia y pertenece a la Organización de Cooperación de Shangai;
3. África cuyo centro estratégico, Libia, fue arrasado por los bombardeos de la OTAN y ocupado por sus mercenarios y fuerzas del ejército imperialista de los EEUU, asesinando a su líder Muamar el Gadafi y dinamitando la unión Sur-Sur;
4. El Medio Oriente con su centro estratégico en  Siria, que en la actualidad libra una batalla contra los mercenarios implantados por la OTAN, que intentan derrocar al Gobierno legítimo de  Bashar Al Assad,  con  las alianzas estratégicas de China y Rusia, que además posee tratados militares que datan de la era soviética.

Objetivo General:

Estudiar la naturaleza agresiva actual del Imperialismo, como expresión de los Estados Corporativos Imperialistas Modernos, de manera de comprender el contexto internacional de nuestra revolución.

Objetivos específico:

     i.                                   Este taller trata de contribuir a orientar en la cuestión política fundamental, la de avanzar por la senda del socialismo dentro del nuevo contexto internacional, sin cuyo estudio y discusión  es imposible apreciar la guerra y la política de agresión contra la Revolución Bolivariana, como aspecto singular dentro de la lucha antiimperialista de todo el continente. 
  ii.                 Comprender, la importancia actual de nuestra revolución, no sólo en la región latinoamericana, sino también en el contexto internacional.

Conferencia sobre “La Etapa Actual de China”

Fecha de Inicio Propuesta: 16/09/2013


BIBLIOGRAFÌA

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-          Paul Baran y Paul Sweesy, “El Capital Monopolista”
-          Paul Baran “Economía Política del Crecimiento”
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-          Patrick E. Tyler, New York Times Pentagon Imagines New Enemies To Fight in Post-Cold-War Era Seven war scenarios to the 21st century 20 de Febrero  1992.
-          James Petras, El significado de la Guerra.
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-           Joint Vision 2010
-           Join Vision 2020
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-          SELA, Inversiones Extranjeras directas en América Latina y el Caribe” SP/CL/XXVII.O/Di Nº 5-01
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Páginas WEB

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-          www.soberania.org/Articulos/articulo_090.htm#grafico
-          WWW.army.mil/organization



La Vía Venezolana al Socialismo
Prof. Carlos Lazo
clazo13a@gmail.com

La Revolución Bolivariana está guiada por el pensamiento liberador y antiimperialista de nuestro Libertador Simón Bolívar. Bolívar tenía como norte de sus acciones un “gobierno que dé la mayor suma de felicidad a su población.” Este objetivo que compartimos todos los que estamos consustanciados y formamos parte indisoluble de este proceso hemos decidido construir una Sociedad  Socialista como única forma de posible de alcanzar este supremo objetivo del ideario bolivariano.
Para ello hemos desarrollado una vía hacia la construcción del socialismo caracterizada por un primer eje estratégico, pacífico pero armado, de articulación del Poder Popular, montado sobre la ofensiva de masas revolucionaria, conscientes de su propio poder, organizadas con la dirección política y militar de nuestro Comandante Presidente, capaz de neutralizar las aventuras de la derecha pro imperialista. Cuando hablamos de Poder Popular, nos estamos refiriendo a un concepto político que  implica un estado de conciencia, donde el individuo está incluyendo dentro de su estructura subjetiva, además del otro que es igual a él, el significado de: a) la fuerza colectiva de la concentración de masas; b) la movilización; y c) la dirección política. Estos tres aspectos del concepto del Poder Popular aprendido de forma colectiva en el proceso de la lucha política reciente, como experiencia vivida de forma individual, pero como miembro del colectivo en la ofensiva de masas desplegada durante el intento de golpe de Estado, bloqueo naval y sabotaje petrolero encubiertos por un paro, forman parte del aprendizaje hacia la construcción de una conciencia del Poder Popular.
Un segundo eje institucional, que se despliega en el ámbito parlamentario, responsable  de generar las leyes que posibiliten la construcción de las instituciones fundamentales de la sociedad socialista. De este eje depende la profundización o no de la revolución. La derrota de la reforma constitucional es un ejemplo práctico de lo que significa este eje en el avance de la revolución. La derrota significó, un estancamiento de la reorganización del Estado, la reorganización del territorio nacional con la Nueva Geometría del poder y la construcción del poder popular que quedaría consagrado en la Constitución. Por otro lado, no hemos entrado en el desmontaje de las leyes que protegen a los empresarios de la inflación en detrimento del trabajador. Y una nueva ley del trabajo que garanticen los derechos de los trabajadores y la dirección de la producción dentro de las empresas. Etc.,etc…
Un tercer eje consciente, cuyo objetivo es hacer que la mayoría de la población venezolana comprenda que la única vía para alcanzar el objetivo bolivariano  de desarrollar un “gobierno que dé la mayor suma de felicidad a su población” es mediante la transformación de la sociedad actual en una sociedad socialista. Este eje consciente está referido al desarrollo de todas las actividades que propendan a la educación de nuestro pueblo, en la formación de una conciencia de la transformación social.
Los tres ejes combinados mantienen una articulación bajo la dirección del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, máximo dirigente del Proceso Revolucionario Bolivariano.
Definida así la Vía Venezolana al Socialismo, el sufragio representa la forma institucional de acceso al poder. En consecuencia, la vía pacífica institucional es la vía al socialismo, que la dirección de la revolución ha escogido  para la transformación. Es la forma fundamental de transitar al socialismo. La importancia queda establecida por la definición estratégica de nuestra vía hacia el socialismo. De la misma forma como durante el Golpe de Estado de abril, el sabotaje petrolero y bloqueo naval, adquirió relevancia vital el eje pacífico pero armado que logró derrotar la contrarrevolución armada, mediante una insurrección constitucional. En las elecciones del 2012 el eje estratégico institucional adquiere relevancia, porque se trata de derrotar la contrarrevolución golpista en el terreno de las elecciones presidenciales. El eje pacífico pero armado, en su ofensiva táctica de masas, montada sobre el eje electoral, le corresponde, ahora, la movilización popular y la defensa del proceso electoral, en vista al plan B de la derecha golpista, denunciado por el Comandante Presidente de la República. En el 2002 fue activado el eje pacífico pero armado para derrotar el Golpe de Estado mediante la insurrección constitucional del 13 de abril y luego el despliegue ofensivo de diciembre del 2002 para aplastar el bloqueo naval y el sabotaje petrolero y neutralizar las acciones de violencia de la derecha golpista.  
La contrarrevolución pretende llevar a cabo los objetivos del Golpe de Estado del 2002, en el desarrollo de estas elecciones, recordemos: a) la privatización de PDVSA, esto lo intentaron mediante la derogación de la Constitución, que, como lo han demostrado los hechos, es el centro de la lucha por el poder. Es con el control de PDVSA por parte del Gobierno Bolivariano, que comenzó a resolverse el problema del poder; b) en el sector social: la privatización de la salud y la educación, e introducir los fondos privados de pensiones a cargo de la banca internacional así como expulsar al personal cubano que trabaja con nosotros en la transformación de la salud, la educación, el deporte y las actividades de solidaridad internacional de la Revolución Cubana; c) en el sector internacional: liquidar a la OPEP, aislar a Cuba, y desplegar las acciones armadas por parte del ejército venezolano encaminadas a combatir a las FARC, en la ejecución plena del Plan Colombia y permitir el paso de los F-16 yanquis, para bombardear a la población campesina colombiana, e involucrar al ejército venezolano como barrera de contención y de ataque a las FARC.
De ganar la oposición, para alcanzar los objetivos de ese Golpe de Estado, antes mencionados, tratarán de repetir la experiencia de Honduras e intentar bloquear la profundización de la revolución  y derogar las leyes que favorecen a la población no propietaria de los medios de producción. Intentarán desmantelar las conquistas alcanzadas en materia de salud y educación. En materia de economía social, desmantelarán las comunas, privatizarán las empresas productivas de carácter socialistas, establecerán mecanismos de control de las organizaciones populares plataforma de proyección  organizada de la movilización de la población, base del poder popular, debilitando y desmantelando el eje pacífico pero armado montado sobre la ofensiva revolucionaria de masas, que ha garantizado la continuidad de la Revolución Bolivariana.
Desde el punto de vista internacional intentarán desmantelar la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, denunciando el tratado desde la Asamblea Nacional, para intentar dar un golpe mortal a la política de unidad antiimperialista latino americana. Denunciar los tratados con Irán, China, Rusia y Cuba como primera forma de debilitar nuestras alianzas estratégicas base de nuestra política internacional hacia la construcción de un Mundo Multipolar.
En la política petrolera modificar las leyes que permiten al estado Venezolano aplicar los ingresos por venta de nuestro petróleo en las misiones sociales y a la infraestructura del país. Formalizar los vínculos estrechos que hoy mantienen a través del financiamiento para la desestabilización de nuestro país, con el Departamento de Estado, la CIA y el FBI de manera de ir revirtiendo la política soberana e independiente y regresar e instaurar los vínculos con el imperialismo de manera de reprivatizar la industria petrolera, reactivando los convenios de asociación estratégica y elevar la producción para bajar los precios y romper la unidad de la OPEP. No mandar más petróleo a Cuba y desmantelar Petrocaribe y los convenios energéticos con los países de la región.
En relación a Colombia, restablecer la política imperialista de exterminio de las FARC, presionando al ejecutivo para que dé paso a los F16 yanquis, acantonados en Aruba y Curazao, para bombardear las zonas campesinas colombianas involucrando a Venezuela en el conflicto colombiano, y pedir el enjuiciamiento del Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías.
Estos y otras muchas acciones más intentarán los contrarrevolucionarios desde la Asamblea Nacional, sumiendo al País en un estado de descomposición y de lucha armada que podría conducir a un estado de guerra interior que provocaría la intervención de los organismos internacionales de manera de intentar sojuzgar al indómito pueblo venezolano.
Debido  a todos estos argumentos:
1.      El pueblo bolivariano deberá repetir en las urnas y mediante el voto por el Comandante Hugo Chávez Frías, las gloriosas jornadas de ofensiva de masas revolucionarias del 13 de abril de 2002 que trajeron de nuevo a nuestro presidente y logramos restituir la Constitución Bolivariana.
2.      Construir la unión absoluta y la compenetración con el proyecto bolivariano del cual formamos parte militante en el Gran Polo Patriótico.
3.      Ante las asechanzas de la derecha pro imperialista representados en sus candidatos majunches para esta jornada electoral, es necesario continuar con la ofensiva de masas revolucionarias organizadas, durante los próximos meses hasta el 7 de octubre y los días posteriores, de manera de impedir y neutralizar cualquier intento de sabotear el proceso electoral y desencadenar mecanismos de desestabilización que siempre intentan en estas coyunturas de la derecha reaccionaria.

lunes, 3 de octubre de 2011

LA OFENSIVA DE MASAS Y EL PROBLEMA DEL PODER

MARCHA POR EL SI


CONCENTRACIÓN DE MASAS BOLIVARIANAS 
POR EL SÌ

CONCENTRACIÓN DE MASAS BOLIVARIANAS


Coordinación Nacional de los Círculos Bolivarianos

Equipo Nacional de Educación y Dirección Política. La Ofensiva de Masas, la Organización Popular y el Problema del Poder .
Lic. Carlos Armando Lazo García.

CONTENIDO



LA OFENSIVA DE MASAS Y EL PROBLEMA DEL PODER


            La Revolución Bolivariana, es en la actualidad, uno de los fenómenos de masas mas importantes que se han desarrollado en el continente americano. Este fenómeno nos ha revelado de una manera nítida las relaciones entre masa y poder. Sus aspectos mas resaltantes y lo que la ideología del poder encubre en el ámbito institucional, y en la convencionalidad política cotidiana. En este Cuaderno de Formación Política, tratamos de exponer nuestros puntos de vistas en relación a una materia tan importante para nuestra revolución. Lo que las relaciones de poder de la institución encubren a través del individualismo, que se interpone como obstáculo para una visión popular y revolucionaria de las ejecutorías de la política social de nuestra revolución. Empezaremos con el Estado y la Institucionalidad. La formación de lo convencional de la cultura de la representación, que se construyó en la IV República. Luego, entraremos a discutir el período de agotamiento de la IV República, 27 de febrero de 1989, como ejemplo del poder popular. La política como un campo de encubrimiento del conflicto, el golpe del 11 de abril, el 13 de abril, y el sabotaje petrolero. Y por último, extraeremos algunas conclusiones a manera de reflexión en relación a los hechos de masas mas importantes que han ocurrido en el pasado reciente.
1. El estado y la institucionalidad en la democracia representativa puntofijista.  

La Democracia Representativa fue la forma de gobierno del Estado en la IV República. A partir del establecimiento del Pacto de Punto Fijo, se hizo de  los partidos políticos la única vía de acceso a los cargos de representación popular, en consecuencia, monopolizaron el acceso al poder. Además, el Estado asumió el roll de promotor y actor del proceso de desarrollo económico y distribuidor de la renta petrolera. Estas líneas generales constituyeron los perfiles generales del discurso “modernizador” en el país del pacto de Punto Fijo. La idea de que Venezuela avanzaba gradual pero sostenidamente hacia la modernidad, se mantuvo hasta finales de la década de los ochenta. Con la explosión social denominada el Caracazo, rebelión popular que se desarrolló el 27 de febrero de 1989, comenzamos a transitar una nueva fase histórica.
            La base desde la cual se establece la legitimidad de las instituciones en cualesquiera de las organizaciones basadas en la democracia, es precisamente, el poder colectivo que se manifiesta en el concepto de soberanía popular. El proceso de representación en un sentido estricto, ha sido desarrollado, en la práctica política en Venezuela, por la democracia puntofijista, hasta hacerlo transitar a su contrario: el despotismo. La proposición que hemos desarrollado en la Constitución de la República Bolivariana, pretende revertir el proceso que nos llevó a una democracia autoritaria y de partidos, cerrando el paso a la comunidad organizada, y a la soberanía popular.

¿Cómo funciona este proceso de apropiación-expropiación de la soberanía popular por parte de las cúpulas partidistas, en una democracia representativa?

Trataremos de explicarlo de la siguiente manera: mediante el voto individual cedemos a un ciudadano la capacidad de representarnos en el ejecutivo: Presidente, Gobernador o Alcalde. En el poder legislativo: parlamentarios, en el caso del Congreso Nacional en la IV República, y Asamblea Nacional[1] en la V República; a los Consejos Regionales de los estados y Concejales, en los Consejos Municipales. Por otro lado, cada uno de los ciudadanos que se postula como candidato, a los cargos de representación popular antes mencionados, espera atraer los votos de la máxima cantidad de electores de sus circunscripciones, a fin de obtener la mayoría, para así, llegar a ser sus representantes.

Cuando el ciudadano vota en forma individual y secreta, lo hace en una reflexión íntima de conciencia individual, pero lo que esta haciendo es sellar una relación individual con su representante. En ese momento desaparece su inclusión en un campo más amplio de sujetos, de la sociedad en su conjunto. Es el colectivo que, individualizado, vota por su representante. En la  IV República la soberanía popular es transferida voto a voto al representante. En el momento del voto el elector es expropiado de su unidad de poder colectivo, que es su unidad de soberanía. El representante que elegíamos bajo esa forma de delegación de la soberanía popular mediante la institución del sufragio, se transformaba en la práctica, mediante el marco legal que norma las relaciones entre el ciudadano y sus representantes, en el portador de esa soberanía. De ahora en adelante, el colectivo que dio origen a esa soberanía queda subsumido en la ley, y se hará preeminente el individuo como poder, sobre ese fondo colectivo que le dio origen. En el caso del poder ejecutivo la norma jurídica potencia esta preeminencia del poder individual sobre fondo del poder colectivo que le dio origen. En el pacto constitucional que sirve de plataforma al ordenamiento jurídico y establece la forma que tiene la república, las minorías deben aceptar a ese representante como su representante, es decir, el Presidente de la República es el Presidente de todos los venezolanos.
Todo este proceso es ocultado, pues el colectivo desapareció, y en su lugar, sólo aparece el individuo que ahora es el representante, que se arrogó para sí, todo el poder del colectivo a través del sufragio, que es un proceso de institucionalización e individualización de ese poder colectivo. Además, esa parcialidad política aparece ahora abarcando toda la estructura social a través del estado, imponiéndole al resto del colectivo sus intereses y puntos de vistas que corresponden a la Visión Ideológica (VI) de la parcialidad política que detenta el poder. Los instrumentos específicos para ese propósito son: la Política Económica (PE) y las Políticas Públicas (PP).
            Cuando hablamos de institucionalización e individualización del poder colectivo, estamos diciendo que, lo que conocemos como forma del poder es la institución. Entonces, la institucionalidad es una relación de poder. Esta relación de poder se establece y abarca el todo social, pero en la forma de relación entre individuos. Del representante con sus representados. Y esa estructura de poder se reproduce en el individuo. Llegamos entonces al sujeto que fue despojado de su unidad de poder colectivo. Y fue transferida al representante, el cual se apropia de toda la soberanía y aparece con un inmenso poder individual, sobre el fondo del poder colectivo, que individualizado, desaparece y enfrenta íngrimo y solo, el poder del estado. Desaparece de su conciencia el otro, que es igual a él. El individuo solo tendrá como referencia de su inclusión en la sociedad, a aquel que eligió como su representante. Y en aquello distante, que llama Estado, y que, para el individuo aislado dentro de la institución, está encarnado u objetivado en el Jefe.


Este aislamiento entre los individuos se concreta dentro de la institución porque las relaciones que prevalecen, son las verticales, Jefe-subalterno, las horizontales desaparecen no intervienen en la toma de decisiones. La solidaridad entre los individuos, se hace clandestina, desaparece del mundo convencional, y cada quien debe defenderse por si solo de las injusticia. Se desarrolla en el individuo una estructura despótica en su conciencia, temor a la sanción por expresar la solidaridad. De aquí en adelante es el sindicato el que se encarga de los reclamos, que en si, y para si, tiene la misma forma de la representación. Aparece de esta manera, una distancia entre los individuos, como práctica diaria, aparece el individualismo. No nos reconocemos como formando parte del todo social. La realidad es percibida desde la soledad del sujeto. De esta manera, estamos despojados de nuestro ser social.

 
Cuadro de texto: RELACIONES DE PODER INSTITUCIONAL            Estos diagramas representan la relación de poder que está presente en toda la estructura social y al mismo tiempo está incluida dentro de nuestra propia subjetividad. Nuestra conciencia tiene presente internamente, esa racionalidad de poder, que al mismo tiempo, es ratificada en el exterior social. Esta simetría e igualdad con el mundo exterior, hace que aparezca como si fuese natural. Es aquí donde la política de transformación revolucionaria de la sociedad, debe abrir dentro del sujeto un campo de realidad, donde aparezca presente el otro, que la Democracia Representativa, que posee esta esencia despótica, y la estructura de poder burgués, borraron. Debemos hacer visible aquello, que por constituir el sistema de la realidad,  que nos integra a nosotros, no se ve. Descubrir esto, la distancia construida por el poder burgués entre nosotros, es lo que una acción revolucionaria debe contener como táctica, para reconstituirnos como colectivo. Y descubrirlo, debe realizarse como práctica cotidiana.  

 2. La institucionalidad Capitalista.  Plano Fundante de la Relación de Poder. El Dominio Privado, la relación de poder en la Relación de Capital.

La Relación de Poder que esta presente en toda la estructura social, que se expresa en las instituciones y constituye el Plano Fundante de la toda la organización institucional de la sociedad, de la cual hablábamos en el punto 1, se encuentra en la Relación de Capital. El Modo de Producción Capitalista (MPC), basado en la propiedad privada de los medios de producción, es el eje central de la organización social, y al mismo tiempo, el fundamento estructural de toda lo que conocemos como formas institucionales, desde la institución de la familia, la escuela, la educación, la institución de la democracia representativa, hasta la estructura jurídica del Estado y toda su organización.

            Desde esta perspectiva, al analizar la Empresa Capitalista como Institución, nos encontramos con una Relación de Poder Institucional, de carácter despótico y privado. El empresario privado construye un Dominio Privado de Carácter Despótico (DPCD). Como la fuerza de trabajo es el hombre mismo, la voluntad de él está al servicio del propietario, que lo será del producto elaborado por el productor directo, el obrero.  Este dominio que ejerce el propietario de los medios de producción sobre el productor directo, dentro de un espacio físico donde él impone su voluntad, está a su vez normado dentro de la estructura jurídica del estado. La ley es el instrumento que instituye el Dominio y le establece su privacidad que es excluyente para el resto de los agentes económicos. Ese ámbito, construido como resultado de la propiedad privada de los medios de producción, establece un ámbito de poder que está determinado por el dominio de las condiciones internas, donde el propietario dirige el proceso de trabajo, e impone su voluntad. Este dominio, es, en sí, un campo de ocultamiento para el resto de los individuos del espacio social, y un Campo de Coherencia para sí. El secreto es compartido sólo por la estructura subjetiva de la propiedad, los dueños, y ocultado para el resto de los individuos del Dominio: los productores directos, trabajadores y obreros. La propiedad privada de los medios de producción actúa como envoltorio subjetivo que impide el conocimiento directo de la relación a lo interno del Dominio Privado.
            El Dominio Privado de Carácter Despótico, (ver diagrama), en un principio, está determinado por el espacio físico, las instalaciones, donde el empresario objetiva su voluntad y se apropia de la voluntad de todos los que trabajan en el lugar donde se efectúa el proceso de trabajo, estableciendo su Campo de Coherencia. Este Campo de Coherencia es el espacio de acción, donde el dominio del propietario decide sobre la voluntad del resto del grupo de individuos que aparecen como productores directos, los obreros, y los que controlan y administran la producción: la tecnoestructura administrativa. La voluntad del obrero es apropiada por la Voluntad General del Capitalista, que controla la producción, y la asume para sí, absorbe las voluntades particulares de los obreros o productores directos en su condición de portadores de la fuerza de trabajo. A medida que esta unidad de producción se consolida y crece, en esa misma medida fortalece y expande su dominio, hasta abarcar esferas más allá del ámbito comercial de la competencia capitalista. Influye, desde el ámbito de la política municipal, donde se localiza geográficamente, hasta lograr una influencia determinante en los diferentes poderes del Estado, constituyendo los Estados Imperialistas actuales. Su esfera de influencia política llega a ser transnacional, la ITT financió el Golpe de Estado en Chile contra el Compañero Presidente Salvador Allende. Las transnacionales petroleras internacionales a través de PDVSA, dirigieron el golpe de estado del 11 de abril de 2002 y el sabotaje petrolero y el bloqueo naval contra la revolución bolivariana y el Comandante  Hugo Chávez, Presidente del Gobierno Revolucionario. Los intereses del estado imperialista norteamericano, coinciden con los intereses de las 500 transnacionales más grandes de ese país, encabezada por la Nº 1 Exxon-Mobil, en el año 2006.
            La propiedad privada, desde el punto de vista de la clase propietaria en su conjunto, la Burguesía, construye y reconstruye un espacio social que está caracterizado por diferentes Campos de Coherencia, donde el propietario decide sobre la voluntad del resto del grupo de individuos, que como productores directos, aparecen individualizados durante el proceso de trabajo. El dominio sobre los productores directos, se establece como una relación asimétrica: por una parte, el polo de poder dentro del dominio representado en la estructura de la propiedad, legitimada por el campo simbólico de la ley, recibe los beneficios de la venta de los productos del trabajo, y por el otro lado, y durante todo el transcurso del trabajo, la voluntad de los productores, es orientada a un fin, al fin del propietario de los medios de producción, la producción de mercancías, y participan de la venta de la producción como asalariados. La voluntad del productor directo, el trabajador, es la voluntad del propietario de los medios de producción que objetivó su Dominio Privado en su Campo de Coherencia.
            Esto conduce a la desaparición en la conciencia del trabajador, de su pertenencia al grupo, a ese campo de coherencia colectivo, de la división técnica del trabajo, que a lo interno del Dominio del propietario de los medios de producción, transforma la materia prima y produce objetos útiles para la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, la pertenencia a ese campo colectivo de sujetos desaparece, y en su lugar aparece la voluntad individual del propietario. El trabajador incluye en su estructura subjetiva la voluntad e intención del capitalista, como parte o componente de la suya. La racionalidad de poder del capitalista aparece en la conciencia ideológica del obrero. Asume para sí, los valores del capitalista, de su explotador, que se lo impone desde el dominio que ha hecho de la voluntad del trabajador, olvidándose de su propia condición de clase. Y por supuesto, del otro que trabaja con el.
            Como dijimos anteriormente, este contorno, construido como resultado de la propiedad privada de los medios de producción, y que ha establecido un ámbito de poder que está determinado por el dominio de las condiciones internas donde él dirige el proceso de trabajo, e impone su voluntad, es, una relación de poder, de dominio sobre los trabajadores que ejecutan la voluntad del capitalista.
            Ahora bien, solo se establece un Dominio Privado, después de haber evaluado la rentabilidad de un determinado tipo de bien. Esta rentabilidad estará determinada, entre otros factores, por la eficacia de la combinación técnica de materias primas, maquinarias y equipos, y fuerza de trabajo. En consecuencia, desde este punto de vista, el proceso de trabajo, las condiciones objetivas del trabajo, el mercado y la rentabilidad, como objeto de la inversión, están presentes, previamente en la mente de la estructura subjetiva de la propiedad, con exclusión del trabajo. Es el polo activo de poder, el que en forma premeditada decide todas las condiciones de su dominio para objetivar su voluntad en el campo de coherencia donde despliega su poder, y actúa sobre el productor directo, para asignarle las tareas necesarias para lograr el fin del capitalista que no es mas que la ejecución de su voluntad que espera obtener una rentabilidad prevista. El polo que hace posible la existencia de la rentabilidad, el productor directo, el obrero, ejecuta esas tareas pero con exclusión de la propiedad. En esto reside la relación dialéctica entre el propietario y el obrero, en el marco de la explotación capitalista.
            La producción y la reproducción de la relación de poder sobre la clase obrera, por parte de la Burguesía, se ejecuta como ideología de poder. Esta ideología se encuentra consagrada en la Ley que establece la institución de la Propiedad Privada sobre los Medios de Producción. Además, la ley establece la preeminencia del capital sobre las personas. En la Ley se crea la ficción jurídica de que la Empresa Capitalista es una sociedad de capitales y no de personas. Esto significa que la persona o personas que tengan el mayor porcentaje de capital dentro de la asociación, son las que asumen la dirección de la empresa, es entonces una organización despótica vertical donde la propiedad de unos cuantos capitalistas determinan la forma de vida del resto de la población explotada. De esta forma toda la estructura del estado se organiza en torno a esta forma despótica.

            La distancia construida por el poder burgués entre nosotros, es entonces derivada de la susubciòn de los hombres y las mujeres al capital, las personas desaparecen y lo que es relevante y nítido, es el capital. La realidad capitalista. El Capital, es el valor maximo de la sociedad capitalista, y el ordenamiento jurídico está determinado por ese valor.  El valor de la Competencia, “igualdad de oportunidades” y no de condiciones. El Egoísmo, como interés particular del empresario, como motor estratégico de la asignación de recursos de las empresas y por ende de la sociedad para obtener la máxima eficiencia, medida por la máxima rentabilidad; la apropiación de mercados en detrimento del resto, conduce irremediablemente a la concentración de la riqueza en manos de una cúpula de empresarios, sobre la miseria del resto de los integrantes de la sociedad que participan en la distribución del producto total como asalariados. La Traición como táctica cotidiana, para la expansión y la consolidación de mercados, y la Angustia de Envidia, no tener más de lo que los otros tienen, o impedir que los otros tengan lo que yo tengo, actúa como espuela para la realización de la voluntad. Estos son los verdaderos valores de la sociedad capitalista. Una sociedad regida por el capital y no por las personas.

2.1 Período de agotamiento de la IV República


            Para entender el proceso de institucionalización del poder colectivo revisemos la historia reciente que dio origen al nuevo pluralismo democrático, participativo y protagónico, (Polo Patriótico, ahora Bloque del Cambio) que surgió a partir del 6 de diciembre de 1998, y estaba siendo desarrollado desde el parlamento, en una ardua batalla institucional contra los enemigos de la revolución, para construir las bases legales de la V República. Ahora, después del 4 de diciembre de 2005, se constituyó un nuevo estatus político institucional. La Asamblea Nacional quedó constituida por la nueva pluralidad política de la Revolución Bolivariana. Y el 3 de diciembre de 2006, obtuvimos una contundente victoria con el triunfo en la reelección del Comandante Hugo Chávez Frías en la Presidencia de la República, sobre una oposición golpista debilitada y sin representantes en el parlamento.
            Todo comenzó en los hechos, a partir de febrero de 1989, con la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y con todo lo que llevaba de compromisos sobre la liberalización de los precios, las privatizaciones de todas las empresas del estado, etc., por parte de Carlos Andrés Pérez, y la reacción popular del 27 de febrero del mismo año[2], comienza un período histórico que nos muestra las razones inmediatas del agotamiento de la IV República, y específicamente, del pacto político de Punto Fijo. Pacto que excluyó al Partido Comunista de Venezuela y a los sectores de la izquierda, que pretendían un gobierno democrático y popular, sin exclusión de ningún sector de la sociedad.
            La rebelión popular de Febrero encontró desprevenida, y tomo por sorpresa a la vieja sociedad de partidos de la IV republica, y el pueblo asestó ese zarpazo  repentino como una hazaña de la historia contemporánea, con la que se abrió la nueva época de la Revolución Bolivariana y el tránsito hacia el Socialismo. Este proceso comienza cuando la institucionalidad pierde el fondo colectivo que le dio origen a toda la estructura política que se había legitimado desde la constitución de 1961. En los hechos, podríamos situarlo en los acontecimientos, que se produjeron a partir del 27 de febrero de 1989, cuando se iniciaron los enfrentamientos masivos entre el pueblo y el ejército, y durante los años subsiguientes cuando las protestas populares de todo tipo sumaron algunos miles en las calles de las ciudades y pueblos de Venezuela. Esta revuelta generalizada y las movilizaciones populares posteriores, constituyeron un golpe estratégico que recibió el sistema que se originó en el Pacto de Punto Fijo, o, sistema político, representado por  los partidos Acción Democrática y COPEI, y en un principio URD, pero fundamentalmente por Acción Democrática quien durante los 40 años de la Democracia Despótica Puntofijista, estuvo dirigiendo el curso de los acontecimientos políticos. Los sucesos del 27 de febrero de 1989, fueron el fin del sistema de pactos y solidaridades del puntofijismo, y con ellos se rompió el sistema de alianzas clasistas y policlasistas que sostuvieron la IV República.
            Podríamos comenzar señalando, que el 27 de febrero de 1989, fue el episodio en el cual, apareció planteado el tránsito de un ciudadano, miembro de una organización “estable”, a ser elemento de una masa espontánea y desorganizada. Se rompió el campo de paz aparente, expresado en la política convencional, es decir, se rompió la paz aparente en que vivía la sociedad venezolana. Todas las organizaciones se resquebrajaron, la sociedad entró en un proceso de disolución de su mundo político institucional y convencional. Esta fuerza colectiva logró desarticular la estructura político institucional del Estado. La fractura de las estructuras políticas fue posible porque los mismos que habían mantenido el estatus político del Pacto de Punto Fijo a través de la institución del sufragio, se rebelaron, es decir, las masas populares. Las instituciones a las cuales habían pertenecido ya no ejercían el liderazgo sobre los ciudadanos que el sistema del sufragio había individualizado, y menos aún el control social que habían representado. La racionalidad de poder que está incluida en el individuo, como ya vimos, se exteriorizo en el proceso colectivo de rebelión. La fuerza represiva que se dirigía hacia si mismo, dentro esa estructura despótica interna de la institución ya descrita, ahora se dirigió hacia el exterior social, pero en forma colectiva. Apareció la violencia colectiva del pueblo. La rebelión popular. Este proceso fue la respuesta al carácter despótico y autoritario que había asumido la democracia puntofijista.
            La rebelión popular del 27 de febrero, adquirió una orientación política definitiva el 4 de febrero de 1992. La conciencia que adquirió el pueblo de su papel protagónico y participativo en la vida política del país, como consecuencia de las acciones del 27 de febrero  y días sucesivos, y durante los años subsiguientes permitió, que los movimientos políticos como el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, y luego, el Movimiento V República, en alianza con las fuerzas progresistas que venían luchando desde algunas décadas antes, para construir una verdadera democracia popular, como el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento al Socialismo -que abandonó el Proceso Bolivariano y participó en el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002-, y el PPT, que se formó después de la división de la Causa R que le dio origen, constituyeron luego el Polo Patriótico.
            Todos ellos, concibieron y escribieron junto con el pueblo, una constitución que rescató, para el sujeto de esta revolución, el pueblo, la soberanía expropiada. En su artículo 5 La Constitución señala:
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del estado emanan, de la soberanía popular y a ella están sometidos.

            Ahora bien, la cultura política generada por esta estructura despótica, y que llevó a la rebelión popular del 27 F, estuvo caracterizada por una actitud pasiva ante los problemas sociales, aun cuando la recuperación de la conciencia colectiva, como manifestación de la nueva cultura política comenzó a expresarse en la incorporación masiva a la movilización política de la población que llegó a su máxima expresión el 13 de abril del 2002.

            Esta relación de poder de la cual hablamos, es decir, la relaciones de poder que se establecen en la institución, es derivada de la forma originaria de poder popular que conocemos como soberanía:

“Cuando se produce la Revolución Francesa, como consecuencia de los teóricos de la misma, entre ellos Juan Jacobo Rousseau, con su teoría del contrato social y de la asamblea constituyente, y con la declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se retoma la teoría de la soberanía y le da forma el Abate Enmanuel Sieyès en la Asamblea Nacional Francesa, quien explica el poder constituyente y los poderes constituidos, que le sirvieron de fundamento para la declaración de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y creó el vocablo CONSTITUYENTE, para calificar el poder perteneciente al pueblo, de constituir la sociedad civil o estado, y darse una organización política y jurídica.

De esta manera el pueblo se constituye en el soberano y todas las atribuciones que tenía el monarca, como dueño absoluto del poder, pasaron a ser detentadas por el pueblo. De tal manera que al ser trasladada esta soberanía al pueblo en conjunto, lo que constituye la Nación, se creó por medio de la Asamblea Nacional Constituyente de 1787, la Democracia Representativa moderna, o sea, el gobierno del pueblo. Al efecto, es Enmanuel Sieyès, quien le da el nombre de constituyente a esa asamblea, ya que ella crea el nuevo Estado Francés, y determina y le da forma al Contrato de J. J. Rousseau."[3]

            La Democracia Representativa de la Burguesía, en consecuencia, surge en Francia y con ella, la separación de los poderes públicos en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nuestra constitución agrega, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, siendo éstos poderes, algunas de las novedades de nuestra V República, pues ellos son poderes constituidos, todo ello, consecuencia y derivación de la Asamblea Constituyente, cuyo origen es el poder popular, en la cual se expresa una correlación de fuerzas sociales, que enfrentadas, una de las facciones en pugna triunfa, e impone sus ideas a la totalidad de la nación.
            La organización del estado es, entonces, el campo donde se enfrentan los diferentes intereses sociales que luchan entre sí, y aparece, en consecuencia, el campo de la política normado por el sistema jurídico, campo el cual, es, como consecuencia, aquel en el que las luchas reales dentro de la sociedad, se muestran encubiertas, no aparecen, en su lugar lo que aparece es la política.
            En la política, uno de los aspectos cruciales es la toma de posición en relación con la transformación social, por lo cual es, siempre, la visión parcial desde la cual se aborda el proceso político y social y se representa como un todo, como la versión universal sobre la sociedad. He aquí el problema fundamental. Las soluciones que se plantean aún cuando se proponen para la sociedad como un todo, obedecen a intereses parciales. Estos intereses parciales derivan de los intereses en lucha, que están presentes en las relaciones que establecen los hombres en el espacio de la producción social, donde un sector de la sociedad, la clase propietaria, que participa de los beneficios de los ingresos por la venta de los productos o bienes, e impone las condiciones de la producción al resto de la los hombres y mujeres que participan como asalariados en  la producción total, define e impone desde esa relación de poder, los privilegios como clase, sobre el resto de la sociedad, a través del ordenamiento jurídico del Estado, y su brazo armado el Ejército.
            En consecuencia, las organizaciones políticas representan los diferentes intereses de las personas que de manera voluntaria se asocian en partidos o agrupaciones políticas que pugnan por el acceso al poder. Para ello tratan de  convencer a la mayoría de su visión sobre la sociedad y de la manera de resolver sus problemas fundamentales. Esta visión depende de la posición que establezcan los hombres en relación a la propiedad de los medios de producción. O estos medios se encuentran en manos de una minoría, que decide de forma privada, sobre la producción y la distribución del excedente social, o están en manos de la sociedad y la producción y la distribución del excedente social se deciden en relación a los intereses de la sociedad en su conjunto. Estas dos posiciones son las formas principales y antagónicas desde la cual se percibe el reparto del excedente social. Las visiones ideológicas que se acercan a estos dos enfoques principales y contradictorias, constituyen matices dentro del espectro ideológico y político.
            El basamento convencional de la actividad política en la IV República[4] lo constituyeron los partidos políticos, y se transformaron en los únicos instrumentos de acceso al dominio de las instituciones desde donde se ejerce la soberanía del pueblo. La política desde ésta perspectiva, aparece mediando, a través de las organizaciones políticas, entre los intereses de los diferentes sectores sociales y  económicos, por una parte y los poderes públicos por la otra. Esta mediación aparece presente en todo el ámbito de la sociedad, pues el estado regula todas las actividades e instituciones. El partido, o sea, la organización política, siendo parte del todo social intenta dar respuesta a los problemas de la sociedad como un todo, desde las dos posiciones principales y contradictorias y sus matices.

            Estas son, entonces,  algunas de las razones por las que, la praxis política se desarrolla siempre, a partir de una visión del mundo y de la sociedad. Por lo tanto, la política es una forma parcial desde la cual se abarca la totalidad, y se trata de dar repuestas a la sociedad, e imponer soluciones al resto de las parcialidades, a través de los poderes del estado, desde los cuales se ejerce la soberanía del pueblo, y la manera convencional que se ha adoptado para ello en el sistema de la democracia formal y representativa, es el sufragio universal, directo y secreto, y el acceso no convencional, no electoral,  está determinado por las diferentes vías fuera de esa legalidad convencional.
            La Estabilidad y el Consenso forman, entonces, un campo regido por las leyes del estado cuya expresión es el derecho. Este es un Campo Simbólico, de Consenso y Estabilidad, es un campo donde la paz aparece como el estado natural. El conflicto es un aspecto regulado por el estado y tiene también sus mecanismos de control y reglamentación, de manera que este conflicto es también consensual, y es así, para que no se generen situaciones de violencia, que caerían fuera del conflicto-consensuado, pues en este momento aparecería la violencia y también el brazo armado del Estado, siendo la violencia monopolizada por el Estado, la que va a preservar, por la fuerza, la estabilidad y forzará el consenso. El convencimiento por parte de los individuos que forman la sociedad, de estas reglas, es lo que denominamos el mundo convencional, o Lo Convencional.
            Estabilidad y Consenso, son los parámetros donde la política juega el papel de mediación entre los diferentes sectores e intereses que tratan de acceder al poder para imponer su voluntad, al resto de la sociedad. Desde esta perspectiva, podemos considerar a la política como un campo aparente de paz, un campo de negociación, al cual el Estado le impone los limites a su actuación.
            El Estado, en virtud de este consenso, aparece como si estuviera aislado, divorciado del resto de la sociedad, neutral,  o bien, como un tercero que arbitra entre los opuestos, y  que tiene como función la de establecer un equilibrio entre aquellos que se enfrentan en el campo de lo social, por una parte la sociedad civil y por otra el Estado con su organización. Esta neutralidad del estado, como aparente representación del todo social, apareció como tal, o  se presentó, como pura apariencia, en el pronunciamiento militar del 4 de febrero de 1992 [5] y del 27 de noviembre del mismo año,[6] cuando el Estado apareció enfrentado a los que se le oponían a él, en tanto que una de las facciones el Movimiento Bolivariano 200 (MBR 200) y el Movimiento 5 de Julio, que desarrollaban el intento de acceso al poder por la vía de la fuerza, por medio de una rebelión militar, fueron vistos, catalogados, acusados y definidos, como opuestos a la totalidad de la nación.
            La existencia dentro de la conciencia de la ciudadanía de esta apariencia de neutralidad, es lo que permite actuar políticamente en nombre de todos los ciudadanos para enfrentar la subversión y por lo que se les exige su apoyo a todas las instituciones. Todos vimos, el 4 de febrero de 1992, como fueron apareciendo cada uno de los voceros de las instituciones de la sociedad apoyando al sistema democrático, reconociendo con ello, la existencia del estado como representante de todos los individuos de la sociedad. Es síntoma del tipo de política de la V República, y de la relativa debilidad del estado y de sus instituciones que, no haya ocurrido lo mismo hasta el presente con la actual oposición Venezolana. Nunca ha habido un pronunciamiento categórico de condena a los golpistas del 11 de abril de 2002, por parte de las organizaciones de la oposición. Al contrario, la oposición golpista ha lanzó como factor de unidad para las elecciones del 3 de diciembre del 2006 a uno de los firmantes del decreto de Carmona, Manuel Rosales, gobernador secesionista del Estado Zulia, de esta manera intentaron, con la excusa de las elecciones, un nuevo zarpazo imperialista, por la vía de la violencia, pero fueron neutralizados y derrotados.

3. La Ofensiva de Masas, el Poder Popular, y la Institucionalidad.


            Cuando hablamos de Poder Popular, nos estamos refiriendo a un concepto político que  implica un estado de conciencia, donde el individuo está incluyendo dentro de su estructura subjetiva, además del otro que es igual a él, el significado de: a) la fuerza colectiva de la concentración de masas; b) la movilización; y c) la dirección política. Estos aspectos del conocimiento por parte del individuo, aprendido de forma colectiva en el proceso de la lucha política reciente, como experiencia vivida de forma individual, pero como miembro del colectivo en la ofensiva de masas desplegada durante el intento de golpe de Estado y el paro petrolero, forman parte del aprendizaje hacia la construcción de una conciencia del Poder Popular.
            Por otro lado, la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, el Caracazo, adquirió una orientación política definitiva el 4 de febrero de 1992, ya que la irrupción en el escenario político institucional intentando la ruptura del estatus logrado por el Pacto de Punto fijo, para su transformación, logró convertir al Comandante Hugo Chávez Frías y al MBR – 200, hasta la constitución del MVR como movimiento táctico electoral, en una expresión política nueva que lideró y lideriza amplios sectores populares.
            La importancia histórica de este hecho, a nuestro juicio, es que esta rebelión militar se reveló como la expresión política del estallido del 27 de febrero, el cual señaló el agotamiento del modelo político que se construyó a partir de la Constitución de 1961, la cual consagró la transferencia de la soberanía popular al representante, y el monopolio de los partidos políticos como instrumentos únicos de acceso al poder por la vía electoral. El resultado de la unión de estos dos hechos, 27 de febrero del 89, y 4 de febrero del 92, constituyen la síntesis de un proceso de luchas populares que venían desarrollándose desde las primeras décadas tempranas del siglo XX en nuestro país, que apuntaban a la formación del poder popular, y la construcción de un gobierno democrático y popular con acento en la participación protagónica del pueblo.
            Otro de los aspectos relevantes desde la perspectiva internacional, es que a partir de la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría, se produce una profundización de la ofensiva internacional del Capitalismo Monopolista Internacional, para apropiarse de las industrias estratégicas y de la energía, utilizando la propuesta neoliberal como nuevo paradigma ideológico de dominación y subordinación abierta, representados en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el Fondo Monetario Internacional, (FMI). En la IV República, esta política del imperialismo fue ejecutada por los Gobiernos de Carlos Andrés Pérez con la política económica esbozada en el documento titulado “Gran Viraje” y Rafael Caldera con la “Agenda Venezuela.” Este fenómeno político, económico y cultural se ha denominado Globalización Neoliberal Imperialista, que está siendo impuesta a sangre y fuego, para tratar de construir un mundo homogéneo, y unipolar, de la cultura del Libre Mercado, tratando de borrar las diferencias expresadas en la universalidad de la cultura humana, que se corresponden a un mundo multipolar.
            Si tomamos en cuenta que el resquebrajamiento de la Institución Militar y los pronunciamiento a que esto condujo durante el año 1992, activaron los mecanismos constitucionales para defenestrar Pérez, y detener un proceso de radicalización creciente que se venía profundizando en la sociedad venezolana, acompañado esto por grandes movilizaciones populares, en torno a sus organizaciones derivadas del primer estallido (27 F), debemos concluir, en una primera aproximación a la interpretación de estos hechos, que el impacto de la rebelión del 27 Febrero determinó el desencadenamiento de los hechos posteriores que condujeron al triunfo electoral del 98, triunfo que señala el comienzo de una nueva etapa histórica en la construcción de una sociedad mas justa.
            El desencadenamiento de los procesos de luchas populares a partir de la rebelión del 27 F produjo la respuesta del estatus para tratar de detener el curso de la construcción de este Poder Popular de los cuales podemos señalar los siguientes:

  • la intervención de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional para la defenestración del Presidente Pérez y la designación de J. R. Velásquez como Presidente Encargado, con el objetivo fundamental de conducir al país a las elecciones, actuaron como factores que institucionalizaron la rebeldía popular y la transformaron en un torneo electoral, logrando objetivamente, la separación de las organizaciones que venían liderizando el desarrollo de esas movilizaciones populares, de las masas que liderizaban, y de las organizaciones entre sí, porque no hubo acuerdo en torno a un candidato único. Recordemos que los últimos meses de la campaña electoral del año 1993, estuvieron signados por una situación de tensión, producto de la actividad represiva contra el MBR-200 y otras organizaciones políticas tildadas de subversivas, creando un ambiente de golpe de estado contra la Causa R y su candidato Presidencial Andrés Velásquez, golpe de Estado que se produciría el 3 de diciembre de ese año, y se concretó con el robo de las elecciones que le hicieron al candidato de la Causa R, Andrés Velásquez, como lo señaló el propio Carlos Andrés Pérez años mas tarde. Andrés Velásquez, ahora unido a sus verdugos golpistas.

  • El ascenso de Rafael caldera al poder con su discurso en el congreso justificando la rebelión militar del 4 de febrero, y su posición anti-neoliberal aparente, en un principio, el enfrentamiento con los banqueros, y la liberación de los militares presos, entre ellos el Comandante Hugo Chávez, generaron una situación post electoral donde se restablece el clima político y militar de paz aparente, que se traduce en un descenso notable de las movilizaciones populares.

  • La Causa R en el Congreso, no logra reinsertarse en el seno de las masas, perdiendo la iniciativa que había logrado durante los enfrentamientos que se desarrollaron durante el gobierno de Pérez.

  • Como consecuencia de ello, disminuye su capacidad de convocatoria y establece una política a lo interno del parlamento, al ocultamiento institucional. La Causa R desarrolla, fundamentalmente, la política en el seno del Congreso, y descuida el fortalecimiento y expansión de las movilizaciones populares como fundamento y apoyo a su participación en el marco institucional.

            La institución, en este caso, transformó el desarrollo de una política de masas que se expresó de una manera clara en la calle, en masas institucionalizadas e individualizadas, separando a los individuos y debilitando el poder popular. En consecuencia, el movimiento popular pierde fuerza, entra en reflujo, y la discusión política transita de la expresión de masas organizadas, al ocultamiento institucional. El individuo, se refugia en su individualidad, y se hace preeminente el poder individual del representante, sobre el colectivo que le dio origen. Desapareciendo la Fuerza Colectiva Organizada (FCO), que en forma de soberanía le fue expropiada a cada ciudadano a través del voto, y fue transferida a sus representantes.
            En consecuencia, el proceso electoral, en general, y específicamente, en los regímenes de Democracias Representativas, donde se transfiere la soberanía al representante, decimos, es un proceso de institucionalización creciente de las luchas sociopolíticas. Transforma las luchas sociales y políticas de masas en masas artificiales o institucionalizadas, la rebelión se institucionaliza y se readapta las normas establecidas. La formulación estratégica de una política que tome en cuenta de movilización, debe mantener la ofensiva popular como eje central, de la política general de profundización y construcción del Poder Popular en la Democracia Directa o Participativa, y la defensa de la Revolución Bolivariana y Socialista.

3.1 La Revuelta del 27 de febrero. La fuerza de la movilización de masas.


            La comprensión de la importancia de la movilización de masas y del Poder Popular que ello representa, podemos extraerla de lo que fue la experiencias de la revuelta del 27 de febrero de 1989, señalamos ésta, porque es la mas cercana, y fundamentalmente, porque la participación y protagonismo popular del pueblo, fue realmente masiva y trastocó el sistema socio político venezolano, produciendo la irrupción de nuevos factores políticos, como el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), que se constituyó en una guía de las acciones políticas del pueblo, en este caso, una vanguardia surgida de los cuarteles.
            Podríamos comenzar señalando que el 27 de febrero, como ya lo dijimos, fue el momento en el cual apareció planteado el tránsito de un ciudadano “estable” a elemento de masa espontánea y desorganizada. Se rompió el campo aparente de paz, expresado en la política convencional. Las organizaciones sociales se resquebrajaron, la sociedad entró en un proceso de radicalización y disolución del mundo político convencional, por espacio de días, dejando una secuela de escasez y desesperanza, emergiendo luego nuevas formas de organización y de protestas, en el mundo político institucional, en el mundo convencional del conflicto consensuado.
            Después del 27 de febrero, la actitud y el comportamiento de los partidos políticos, sindicatos, iglesia, y demás instituciones sociales y políticas, así como también las clases sociales que se formaron durante 20 años de un clima social de estabilidad y consensos institucionales producidos por el Pacto de Punto fijo, se trastocó. La alteración de la estabilidad, o ruptura del mundo convencional, subversión o rebelión popular, fue el hecho colectivo que se expresó con violencia, que aún cuando no fue motivado desde las organizaciones políticas, tuvo implicaciones en esta esfera de la vida social, y provocó un impacto en los años posteriores en las organizaciones e instituciones de la vida sociopolítica.
            La campaña electoral del año 1988 no vislumbraba un estallido social de esa magnitud. La tranquilidad política de los últimos 25 años, mantuvo en un estado de alerta pasiva a los organismos de seguridad del Estado. El ejército transitó, de la década de los 60s, periodo en la cual la política básica era la contrainsurgencia, dentro de la política de “contención al comunismo y al socialismo” del imperialismo norteamericano en el contexto de la Guerra Fría, y en consecuencia, las unidades de èlite estaban configuradas bajo esa orientación, transitó, decimos, a un estado de alerta internacional por una posible guerra con Colombia.
            Derrotada la subversión que caracterizó la década de los 60s, liderizada por el Partido Comunista de Venezuela, y en un segundo plano, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la contrainsurgencia como política de Estado, perdió importancia. En los partidos de “vanguardia” la política asumió una forma convencional en el campo aparente de paz del mundo político convencional, basada en un discurso político y social sobre el fondo de la legalidad establecida por los vencedores. Se transitó de una actividad política de carácter popular, y de combinación táctica de diferentes formas de lucha, entre ellas la lucha de masas, la lucha armada, acciones militares de masas, tomas de barrios, lucha sindical, etc., a una política basada, fundamentalmente, en el acceso al poder por la vía electoral. El desarrollo de la actividad política, en consecuencia, se centró en su crecimiento electoral, asumiendo por entero, en esta práctica política, las reglas del mundo político convencional impuestas por los vencedores, a través del Estado y su brazo armado el Ejército. La política desde esta perspectiva, aparece como la continuación de la guerra.

3.2 Algunos antecedentes históricos de la crisis política. El Pacto de Punto Fijo.


            La sociedad venezolana seguía descomponiéndose, los cambios cualitativos que venían acumulándose desde las primeras décadas del siglo pasado, en un proceso de crecimiento del capitalismo periférico, en su etapa neocolonial, construyeron las bases de la desnacionalización del país y su incorporación al comercio internacional subordinados al imperialismo norteamericano. Según la investigación del CENDES, “Crisis de la Democraciaen sus página 22,23,  señalaron que los integrantes de esta nueva èlite gobernante no podían cambiar al país hacia una economía capitalista independiente y nacional, pues no tenían ni la cultura necesaria y eran muy débiles económicamente, tal es así, que se instala, sin competencia nacional, el enclave petrolero que desplaza a la burguesía nacional. “Estas eran las condiciones casi perfectas para que se estableciera sin competencia alguna, una economía de enclave, con una explotación cuya complejidad tecnológica y volumen de capital estaba muy por encima de lo que los capitalistas criollos podrían siquiera imaginar.[7]El retorno monetario de la explotación petrolera en Venezuela, eran prácticamente, los sueldos y salarios que pagaban en el país, las compañías petroleras.  La burguesía nacional se dedicó fundamentalmente al comercio, a la importación y a la especulación de tierras urbanas, y las operaciones financieras que recién se iniciaban. Se constituyó una burguesía subordinada, al capital petrolero internacional. Sin capacidad de dirigir un proceso de industrialización  independiente. Bajo estas condiciones, se constituye la democracia representativa después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.  En estas circunstancias, se acomete el proceso de sustitución de importaciones. Los empresarios venezolanos en la medida que avanzaba el proceso de  sustitución de importaciones, “son menos venezolanos y menos fuertes. Menos venezolanos porque es una tendencia clara que la industrialización se hará con mayor participación de las grandes corporaciones norteamericanas, ya que la burguesía venezolana,..., no tiene la capacidad técnica, ni el “espíritu empresarial”, ni el nacionalismo suficiente como para capitanear el proceso de industrialización que se hace tecnológicamente más complejo. En consecuencia se está iniciando la caída hacia la desnacionalización....en una primera fase los capitalistas se combinarían con los grandes monopolios norteamericanos, quienes rápidamente, pasarían a dirigir el proceso y a absorber así todas las industrias livianas, como por ejemplo, las industrias del tabaco, ron, alimentos, etc. Las industrias más complejas (intermedias y pesadas) se establecen acudiendo las fórmulas mixtas, según la cual habrá participación paritaria del Estado y de los monopolios norteamericanos; probablemente la burguesía permanecerá al margen de este proceso.  En una etapa ulterior es posible que el estado venda todo el complejo industrial, uno a uno a las grandes empresas extranjeras. La gran burguesía venezolana, mientras tanto se replegaría a sectores mas lucrativos (financiero, comercio especulación de tierras urbanas, ect.) y colocaría sus ganancias en el mercado de Nueva York o en los bancos extranjeros.”[8]
            Esto fue publicado en el año 1970. La proyección que hizo ese grupo de investigadores del CENDES, se acercó bastante  a la realidad del proceso político venezolano de la segunda mitad del siglo pasado. Lo que si podemos asegurar que la gran burguesía venezolana adquirió un control sobre el aparato del Estado y logró, transferir a través de él, los ingresos petroleros a sus arcas privadas antes de la nacionalización, y después de ella, logró descapitalizar a PDVSA en combinación con los monopolios petroleros internacionales y la megabanda petrolera.
            En los años de bonanza económica favorecida por el incremento de los precios petroleros de la década de los 70s, las crisis económicas y políticas se conjuraron, pero se comenzaron a conformar los factores estructurales que desencadenarían la crisis de los ochenta y los noventas: la crisis de la deuda. Los desequilibrios seguían manifestándose, los precios del petróleo seguían deteriorándose, y la OPEP había perdido el control de la fijación de los precios. “Los 7 grandes transformaron a la OPEP en una organización inocua mediante una estrategia caracterizada por: 1) el incremento de la producción de los países de la OPEP; 2) ahorro de consumo de energía mediante una política de reingeniería tanto de los procesos industriales de alto consumo de energía, como del consumo doméstico; 3) el desarrollo de grandes reservas estratégicas en los países consumidores.”[9]
            Esto conformó una crisis de carácter coyuntural la cual puso al descubierto sus bases estructurales, resumidas estarían definidas por ser un país neocolonial, primario exportador de industrialización tardía y, desde la desintegración del bloque socialista, pasó de la dependencia encubierta, a la subordinación abierta y conscientes del sistema político venezolano a los intereses geopolíticos del capitalismo internacional, expresados en las políticas del Fondo Monetario Internacional  (FMI), apoyados por la ideología fundamentalista neoliberal, manejados hábilmente por los economistas, ex marxistas y no marxistas, que actúan como mercenarios intelectuales de esa política. La estructura social generada por este modelo se resume en la incorporación de clases sociales subsidiarias del capitalismo monopolista internacional y un sector de trabajadores, marginales y lumpen proletariado, que conforman un espectáculo grotesco de una democracia representativa despótica. 
            Todo esto ocurrió  bajo la responsabilidad de los dos grandes partidos que elaboraron la Constitución del 61, AD y COPEI, y establecieron las  bases políticas del pacto de Punto Fijo en esa Constitución. Desde ese momento marcaron irremediablemente el curso de los acontecimientos hasta el 27 de febrero de 1989, arrastrando a los demás factores políticos y sociales a sus designios. El proceso político y económico bajo ese pacto, en lo fundamental estaba determinado por los intereses definidos por el Departamento de Estado, dentro de la política de contención y confrontación con los países socialistas.
            Después del derrocamiento de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, la Junta de Gobierno presidida por Wolfang Larrazabal debió combatir por lo menos  dos intentos de golpe de Estado, el primero ocurrido el 23 de julio protagonizado por Jesús María Castro León, Ministro de Defensa de la Junta de Gobierno; y el segundo, de manos de los oficiales José Ely Mendoza y Juan de Dios Moncada Vidal, realizado el 7 de septiembre de 1958, cuyo fin era evitar los comicios de diciembre de 1958, esto provocó la  formación de un Frente Civil con líderes políticos como Rafael Caldera, Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Gustavo Machado, entre otros, que intentaron calmar los ánimos y forjar el camino que llevara a la instauración del sistema democrático. Así surgió la idea de firmar un acuerdo que le brindara al país la estabilidad política que necesitaba. La incapacidad de lograr un candidato único, por parte de los partidos, AD, COPEI, y URD, señala el fin de la unidad que se había desarrollado durante el derrocamiento de la dictadura, política de los sectores de la izquierda liderizadas por el PCV, que lograron una unidad de acción a través de la Junta Patriótica, con el objetivo de  derrocar la dictadura. Esto condujo a la Burguesía a crear su propia unidad de acción ante la posibilidad de que la fortaleza y el liderazgo que había tenido la Junta Patriótica en los sectores populares, condujera a una correlación de fuerzas distintas, a las que les garantizaran el dominio de la dirección política del Estado, en donde las fuerzas revolucionarias pudiesen impulsar un movimiento de masas capaces de alcanzar un gobierno democrático y popular, una constituyente que era lo procedente, o simplemente un gobierno contrario a sus intereses. La otra amenaza la constituía,  la posibilidad de  que los sectores que apoyaban la dictadura construyeran un régimen autocrático.
            La incorporación a la Junta de Gobierno presidida por Wolfang Larrazabal, de Blas Lamberti y Eugenio Mendoza, garantizan los intereses de su clase en la nueva etapa histórica. Precisamente Mendoza promueve la visita del entonces Vice-presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon, a Caracas. La visita a Caracas de Nixon se desarrolla en medio de protestas antimperialistas de distintos sectores sociales. El Presidente de la Junta de Gobierno, Wolfang  Larrazabal, va a la Embajada de Estados Unidos a recibir a Nixon y revisar sus credenciales. Posteriormente, Nixon visita el Palacio de Miraflores y al hablar por radio y televisión ataca a los comunistas, señalando las bases de la política anticomunista y pro-imperialista que sus lacayos políticos, Acción Democrática y COPEI, reciben como instrucciones. Estado Unidos, ante las masivas protestas populares antimperialistas, evaluó la posibilidad de invadir Venezuela con tropas aerotransportadas desde Puerto Rico (paracaidistas) que tomarían por asalto la sede del ejecutivo nacional (Miraflores), si no se tomaban medidas concretas de exclusión a las fuerzas de izquierda. En este contexto de exclusión ideológica, política y social, represión popular, sacralización de la autoridad, y restricción de la participación política, en lo interno, se constituye la base programática desde donde se comienza a construir la Democracia Burguesa Representativa venezolana, de la IV República.
            Siguiendo los lineamientos del pacto de Nueva York, que se concretó días antes del derrocamiento de la dictadura, el viernes 31 de octubre de 1958 se reunieron en la quinta Punto Fijo, propiedad de Rafael Caldera, ubicada en la urbanización Las Delicias de Sabana Grande, los principales líderes de Acción Democrática y COPEI, junto con URD socio minoritario de esta alianza, y establecieron las bases políticas, pro imperialistas e ideológicamente excluyentes  de lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Los que estamparon su firma ese día fueron Jóvito Villalba, Ignacio Luís Arcaya y Manuel López Rivas por Unión Republicana Democrática; Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios, por Acción Democrática; y Rafael Caldera, Pedro Del Corral y Lorenzo Fernández por COPEI. A la residencia acudieron también representantes de la Federación de Centros Universitarios, del gremio de profesionales universitarios; del Comité Sindical Unificado. Igualmente, otros sectores como las Fuerzas Armadas, el empresariado, la Iglesia y los medios de comunicación, apoyaron la suscripción del documento. Este pacto que se realizó en el contexto de la Guerra Fría, obligó a excluir al Partido Comunista, acatando la política imperialista de contención al Comunismo y el Socialismo, en el Hemisferio Occidental, conducida y ejecutada por Richard Nixon y Foster Dulles, Presidente y Secretario de Estado, respectivamente. Política que se evidenció  con el rechazo por parte del partido Social Cristiano COPEI, la Iglesia, Rómulo Betancourt sectores del ejército y del empresariado en su mayor parte, para  que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no integrara este pacto. Esta exclusión del PCV, que participó de manera fundamental en la formulación y construcción de la política de unidad y la formación de la Junta Patriótica, y el posterior derrocamiento de la dictadura, fue protestada por los representantes estudiantiles, y los representantes de la Junta Patriótica.
            A continuación citamos el texto completo de este acuerdo que fundamenta las bases del nuevo programa político que sirvió de base para la elaboración del estatus de lo que se ha llamado el puntofijismo, nombre que expresa la unidad de las cúpulas de la plutocracia, que construyeron la Dictadura Democrático Burguesa Representativa del puntofijismo, expresión política de la Formación Social Neocolonial Venezolana, sellando de esta manera la unidad de acción de la burguesía que a través de los partidos que firmaron ese pacto, continuó, mediante esta nueva forma de gobierno, profundizando la dependencia neocolonial del imperialismo norteamericano. Cerrando el paso a los intereses de las mayorías populares, y a su participación política, instrumentando una política represiva contra amplios sectores populares:

PACTO DE PUNTO FIJO

“Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano COPEI y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:

1a Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones unitarias para la defensa del régimen democrático han mantenido conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por los partidos políticos que la integraban inicialmente.

El resultado obtenido es favorable, toda vez que las naturales divergencias entre los partidos, tan distintas de unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación comprensiva de los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la República como elemento institucional del Estado sometido al control de las autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.

2a Las minuciosas y largas conversaciones han servido para comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así:

a)       seguridad de que el proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio; y
b)       garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno.

3a Establecidos esos principios de carácter general, COPEI, AD y URD comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:

  1. Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el periodo constitucional 1959-1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.
  2. Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.
  3. Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente:

ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.

4a El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.

En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales contradicen esa perspectiva histórica, mas, afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias después de confrontar sus distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales define:

  1. Los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.
       
  1. Para que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.
  2. Para garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias en la campana electoral y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control en lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.

5a Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:

  1. Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos colegiados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.

  1. Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.

  1. La postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier postulación.

  1. Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.

  1. Los partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que pueden precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno de Unidad Nacional.

  1. Después de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:

    1. Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular.
    2. Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración.

Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades independientes, con los fines así precisados, consolidarán la convivencia nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia.

Caracas, 31 de octubre de 1958”

            Este pacto sella la unidad de los sectores de la burguesía, que a través de los partidos políticos AD y COPEI fundamentalmente, URD, y después el MAS, constituyen el establecimiento de la convencionalidad política, que se estableció en este último período de la IV República.

Este pacto:

  1. Establece que los partidos firmantes reconocieran los resultados de los comicios y apoyaran al candidato triunfante, para cerrarle el paso a cualquier intento de golpe de Estado y neutralizar el ascenso de las fuerzas de izquierda.
  2. Los partidos firmantes son los únicos garantes de la Dictadura Democrático Burguesa Representativa del pacto, y en consecuencia, a) de los intereses económicos de la clase dominante, b) de los intereses de las grandes Corporaciones Petroleras Norteamericanas; y c) de los intereses geopolíticos en el hemisferio occidental del Gobierno Norteamericano, sentando las bases de la cultura de la traición que se instaló en la ideología de la dominación pro-imperialistas de la burguesía parasitaria neocolonial venezolana, en el mundo de la política convencional, de la democracia naciente.
  3. La exclusión del Partido Comunista de Venezuela, como compromiso con los círculos imperialistas norteamericanos, para poder establecer la democracia en Venezuela, rebela la esencia reaccionaria y despótica de la nueva democracia burguesa, y la posición de liderazgo que tenía el Partido Comunista de Venezuela, en amplios sectores obreros de las áreas centrales del país, lo cual obligó a la democracia recién establecida a desplazar a los comunistas de las directivas de los sindicatos, y de la CTV, a sangre y fuego.[10]
  4. Segregan a los militares de la actividad política, y son vistos como enemigos de la democracia por un lado, y por otro, como aliados en la lucha anticomunista, profundizando la concepción de “Ejército de Ocupación”, al establecer una política de subordinación al ejército norteamericano en la lucha contra las potencias del área socialista, ejerciendo el roll de represor universal del pueblo.

            Con este pacto de los partidos representantes de la Burguesía, se cierran las posibilidades de estructurar un gobierno realmente democrático y popular.

4. Contexto económico del triunfo de Carlos Andrés Pérez. Las medidas del Fondo Monetario Internacional. El 27 de febrero de 1989.


            El triunfo de Carlos Andrés Pérez en diciembre de 1988, se concreta dentro del siguiente contexto según el VIII Plan de la Nación: El Gran Viraje. Visión de los grupos dominantes con más de cien millones de dólares en el exterior, aliados con el gran capital financiero internacionales y con sectores políticos en lo interno, que se han arrogado para sí la representación popular: AD y COPEI. Esta visión de este poderoso sector señala lo que son algunas de las causas que, según ellos, generaron los desequilibrios macroeconómicos que condujeron a la crisis actual:

La industrialización substitutiva de importaciones se concibió  fundamentalmente para abastecer el mercado interno. Tenía como factores de éxito una excesiva y permanente protección de la competencia externa. El gasto público, especialmente de origen petrolero, fue concebido como el elemento dinamizador de la demanda agregada y del financiamiento del proceso de sustitución de importaciones.

A principio del año 1983, como consecuencia de la caída de los ingresos peroleros, la fuga de capitales al exterior y la suspensión del crédito externo por parte de la banca privada internacional, se produjo una severa crisis en el sector externo que determinó el agotamiento definitivo del modelo substitutivo, el cual había perdido su principal sostén que eran las fuentes generadoras del ahorro externo. Unidos a estos factores, las excesivas regulaciones administrativas, la condición oligopólica de la industria y las políticas públicas ineficientes.

El desequilibrio del sector externo de la economía se acentúa y profundiza llegando a la cifra de 4.672 millones de dólares siendo significativamente mayor que en 1987 el cual registró un déficit de 876 millones de dólares como consecuencia de los siguientes factores entre otros:
1.      Los ingresos petroleros denotaron una disminución significativa.
2.      Las expectativas devaluacionistas que esto provoca, incentivaron un
  Incremento sustancial de las importaciones.
3.      El pago de los intereses asociados al financiamiento de las importaciones,
  Contribuyó al incremento del déficit, en cuenta corriente.

Las reservas internacionales como producto de las operaciones cambiarias de RECADI originaron una pérdida de 2.705 millones de dólares, las reservas operativas se situaron en 2.044 millones de dólares al final del año y el saldo total al cierre fue de 6.671 millones de dólares.[11]

            Esta visión tecnicista de la economía venezolana fue lo que justificó las medidas de ajuste estructural. Encubriendo de esta manera las raíces mismas de la crisis, que en los hechos, estuvieron determinadas por la situación provocada por la deuda externa en su mayoría de procedencia ilegal. El robo inmenso que se produjo en RECADI que dejaron  a Venezuela sin reservas. En resumen el saqueo de dólares, que hicieron la alianza entre los políticos y empresarios corruptos.
            Pero lo fundamental de la crisis estuvo determinada por el avance del Capital Petrolero Internacional en plena proceso de globalización al ser derrotada la Unión Soviética en la Guerra Fría. El capital Petrolero Internacional extendió sus tentáculos para apropiarse de de las reservas petroleras del Arco Andino, (Venezuela, Colombia, y Ecuador), en alianza con al clase política venezolana, el empresariado neocolonial y dependiente, económica y culturalmente, que profesan la cultura de la traición.

PDVSA, en forma paulatina… “Desde su nacionalización en 1976, la clase ejecutiva petrolera adversó al Estado-Propietario en defensa de sus intereses corporativos al servicio del capital petrolero internacional y, por residuo, al servicio de los intereses personales de sí misma, su clase meritocrática. PDVSA se hizo meta-estado, un estado más allá del Estado, mientras que el Ministerio de Energía y Minas, representante de los intereses del Estado y del pueblo, admitió y convalidó su progresiva destrucción. Durante las dos últimas décadas, la clase meritocrática de PDVSA ha ejecutado una estafa continua y agravada a la Nación. En 1976, el Estado recibió 80$ de cada 100$ facturados; en 2001 es lo opuesto: la corporación PDVSA se apropia 80$ de cada 100$ facturados. La estafa de PDVSA a la Nación se llama internacionalización (10.000 millones de US$ pseudo-invertidos en la compra de 19 refinerías no rentables en EEUU, Europa y Reino Unido); la estafa se llama CITGO (subsidio a los consumidores norte americanos por vía de descuentos en la compra de crudos a PDVSA, entre 2$ y 4$ el barril, acumulando 6.000 millones de US$ a la fecha); la estafa se llama contratos de servicios; la estafa se llama tercerización u “outsourcing” (entrega de información estratégica a INTESASAIC y a SHLUMBERGER-GEOQUEST, para lo cual graciosamente PDVSA ha pagado 5.000 millones de US$); la estafa se llama “apertura petrolera” (600.000 barriles diarios en su mayoría no sujetos a regulación de producción OPEP y cuyos costos se ubican entre 15$ y 20$ el barril); la estafa se llama “velos corporativos” (un laberíntico tejido de cuentas petroleras en bancos internacionales por el orden de 6.000 millones de US$ vinculados a 190 subsidiarias). Durante las dos últimas décadas, en definitiva, la clase meritócrata y el capital petrolero internacional se las ingeniaron para estafar al Estado-Propietario un promedio de 5.000 millones de dólares anuales, al menos.”
  “Despolitización y meritocracia (gobierno o poder del mérito) son paradigmas inducidos a conveniencia para derrocar al Estado-Propietario el 11 de Abril 2002 cuando, por primera vez en 25 años, el Directorio de PDVSA es nominado con entera autonomía política por el Jefe de Estado. Que no quepa duda alguna: el Directorio de PDVSA es de naturaleza política, siendo su razón última la toma del poder absoluto en PDVSA. Irónicamente, es R. Mandini, alabardero lúcido de una clase meritocrática en extinción, quien reivindica “la toma del poder absoluto” en PDVSA. Y el poder en PDVSA es el poder en Venezuela. El Directorio de PDVSA es nominado para dirigir políticamente a PDVSA y no para ser dirigido meritocráticamente. Veamos: de cada 100 dólares recaudados por PDVSA, 80 dólares son auto-asignados para sembrar el petróleo en el petróleo, mientras que los restantes 20 dólares le son residualmente concedidos al Estado-Propietario.”
  Dicho en cifras del año 2000: la factura petrolera consolidada fué de 50.000 millones de dólares y –luego de su anualizado ataque fiscal a PDVSA–, el Estado-Propietario recibió 10.000 millones dólares, mientras que los restantes 40.000 millones (80%) de dólares fueron distribuidos por la meritocracia entre el capital petrolero internacional y sus personalizados costos corporativos.[12]

            Esto condujo a la situación de quiebra del modelo populista que se caracterizaba por la capacidad casi ilimitada de complacer a todos los sectores sociales en sus aspiraciones, en consecuencia, se produjo un desajuste acelerado entre una estructura económica cambiante que comenzó a generar conflicto, y unas relaciones políticas incapaces de gestionar dicho conflicto, todo lo cual desemboca en un fuerte deterioro en el nivel de vida y altos niveles de tensión social. Mientras la meritocracia petrolera se constituyó en meta estado, cuyos intereses están al servicio del capital petrolero internacional
            La respuesta de estatus fue acogerse, como dijimos, a los planteamientos del Fondo Monetario Internacional (F.M.I) y desarrollar una política de corte neo-liberal.

4.1 El Paquete de medidas y el 27 de febrero.


            Las medidas de ajuste que se propuso a desarrollar Carlos Andrés Pérez, y que el presidente Caldera las continuó con mucha más profundidad, “comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos, y política social.
            Las principales medidas anunciadas fueron: a) decisión de acudir al FMI y someterse a su programa con el fin de obtener $ 4.500 millones de dólares en los próximos 3 años; liberación de las tasas de interés activas y pasivas,  en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado alrededor del 30%;  c) unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la tasa flotante; d)  liberación de los precios de los productos a excepción de 18 renglones de la canasta básica; e) incremento gradual de las tarifas de servicio público como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración de los precios de las empresas públicas; f) aumento anual durante tres años de los derivados del petróleo en el mercado nacional, con primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina y un primer aumento de las tarifas del transporte público de un 30%; g) aumento de sueldos y salarios en la administración pública, entre el 5% y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; h) reducción y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; i) reducción del déficit fiscal a menos del 4% del PTB y congelación de cargos de la Administración Pública.” Las medidas desde la a) hasta la i) fueron de aplicación inmediata.”[13]
            Dentro de este contexto de aplicación de las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, se produce el estallido del 27 de Febrero. La “imposición” fue permitida por una clase dirigente que actúa sin escrúpulos a la hora de establecer un mecanismo de encubrimiento de su propio saqueo de dólares, lanzando a la pobreza a millones de venezolanos y destruyendo a la clase media, consolidando luego el Dr. Caldera el modelo de crecimiento con distribución regresiva de la riqueza. Los ricos son cada vez menos y más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y más numerosos.

“Las medidas anunciadas el 2 de enero comienzan a ser implementadas en febrero inaugurando con el aumento de la gasolina y con ello el aumento del pasaje, con lo cual comienza el estallido. Otro de los factores que se señalan como causa, fue el desabastecimiento progresivo registrado en algunos bienes considerados como indispensables, a esto se agrega la incertidumbre, por parte de la población, de la nueva estructura de precios, y si a esto le sumamos el derrumbe precipitado de las abultadas expectativas favorables promovidas en la campaña electoral, apoyadas por los propios miembros del ejecutivo para reducirlas, lo que se hizo en diferentes alocuciones al país, produjo un efecto perverso, transformó las expectativas favorables de los venezolanos en frustración generalizada que se canalizó por la vía de la violencia”[14]

            Los partidos de “vanguardia”, ante el desarrollo vertiginoso de los acontecimientos, no fueron capaces de captar la magnitud de la crisis en toda su magnitud como ORGANIZACIÓN.
Al producirse los acontecimientos del 27 F, la primera observación que podemos hacer es que fue un acto colectivo, espontáneo y desorganizado, las organizaciones de “vanguardia” fueron los primeros sorprendidos, no hubo respuesta durante esas jornadas capaces de incidir de una manera determinante en su desarrollo, los partidos Acción Democrática y COPEI, también fueron sorprendidos, solo pudieron accionar los mecanismos de represión violenta, a través del gobierno, para establecer la calma.
            La población participó masivamente, los votos de los partidos del estatus salieron a saquear. El ejército se involucró masivamente en una función represiva contra una población desarmada. Se estableció una división en la población civil marcada prácticamente por la ubicación geográfica de sus habitantes y por tipo de vivienda. En algunos casos se desarrollaron conatos de enfrentamiento entre los dos sectores. La policía y la Guardia Nacional en algunos casos participaron y colaboraron con los saqueadores.  
            La situación de violencia popular de esos días fue controlada en espacio de una semana y regresó la paz totalmente al mes, luego transitó a la forma de conflicto de baja intensidad con escasa violencia y luego mediante las medidas populistas que tomaron, las cuales fueron anunciadas en las noches de toque de queda, medidas de éstas que no estaban previstas en el Gran Viraje, lograron disminuir la intensidad de la violencia.
            La situación fue dominada en su forma violenta por el brazo armado del estado. Le tocó luego el turno a la Guardia Nacional y a la Policía. La situación se transformó en una cascada de movilizaciones populares durante todo el período posterior.
            Una de las experiencias importantes de esta forma de expresión de la violencia popular, es que en la medida en que no existan objetivos políticos definidos, ni dirección, la masa se dispersa en multiplicidad de objetivos, se pierde el poder de la concentración de masas, y la fuerza ofensiva disminuye siendo más fácil la represión.

4.2.1    El impacto de las instituciones.

            Al considerar la participación de la población en estos acontecimientos de la forma masiva en que se conoció, y luego de ello, la revelación pública de la  corrupción en forma sistemática a través de todos los medios de comunicación como consecuencia de esa rebelión popular, hizo aparecer en el mundo convencional un origen, aparente o no, de la crisis, esto significó que apareció en la conciencia colectiva, un elemento que estaba oculto, y que en aquellos días se revelaba como la matriz desde la cual se podía comprender la crisis económica y política.
            Esta forma de conocimiento que aparece en los momentos de crisis sociales es lo que a nuestro juicio comienza a formar un determinado tipo de conciencia, la verdad socialmente compartida de un origen revelado al ocultamiento del mundo convencional y transformando en conversación cotidiana, es lo que circuló y sigue circulando, aunque con menos fuerza, en el ambiente político-institucional.
            Cuando la crisis venezolana comienza a manifestarse a partir del año 83 con el viernes negro se elaboraron explicaciones del origen de la crisis, y una de las más sonadas fue la de que el gasto de los mayameros produjo la escasez de dólares que provocó el control de cambio y la devaluación del signo monetario, otra: que todos éramos responsables, y un sin fin de justificaciones donde nunca aparecía mezclado el sector social que conduce políticamente la sociedad desde el poder, aún cuando estaba presente en el conocimiento general la existencia de una corrupción generalizada. Al principio en el gobierno de Luís Herrera se denunció hasta la saciedad la corrupción durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
            Cuando se desarrolla la crisis en el ámbito social, aparece la posibilidad de establecer un origen de esa crisis social que afecta a los individuos que la conforman, en la búsqueda de esa causa de la crisis, se establecen responsabilidades de parte de los sujetos que gobiernan y sus entornos económicos, y ese ingrediente transforma a todo el Poder Judicial en un instrumento de la política, y esta condición obliga a los partidos comprometidos en el mantenimiento del status, a mantener una influencia importante en los juicios que se derivan de esta situación, bloqueando las decisiones desde las primeras instancias hasta la Corte Suprema de Justicia que se transforma en apéndice del ejecutivo y de las cúpulas de los partidos AD y COPEI. Este conocimiento del estado de corrupción estaba presente en la subjetividad individual, en el campo colectivo.
            Este contenido subjetivo gravitó de manera eficiente en los acontecimientos del 27-F y años posteriores. La diferencia con el período que va del 83 al 89, es que luego del 27-F todo apareció en el ámbito convencional. El tratamiento de estos temas era público y cotidiano, rebasó los niveles de la privacidad y logró su expresión pública. Una especie de inconsciente colectivo se expresó como conciencia social con extrema violencia y había dejado su secuela en el ámbito de lo público, generando un nuevo momento de conciencia individual sobre fondo de ese movimiento colectivo, que por primera vez había creído entender las causas de su situación individual.
            Dentro de esta nueva situación y después de los acontecimientos de violencia popular, comenzaron a desarrollarse las medidas fondo monetaristas y con ellas emergen las contradicciones entre los diferentes intereses, el sector financiero, único beneficiario de la política económicas basadas en las orientaciones del FMI, al liberarse las tasas de interés, entra en conflicto con la pequeña y mediana industria y con los productores del campo y estos a su vez con la agro industria. Dentro de la gran industria los sectores y grupos económicos no ligados al sector financiero, entran en crisis por las altas tasas de interés y buscan fórmulas de financiamiento al emitir papeles en la bolsa para financiarse, y contratando préstamos en el extranjero afianzado con sus inversiones en esos países.
            En el plano social, la liberación de los precios conduce al encarecimiento de los alimentos elevando el costo de la vida, con ello la brecha entre salarios y precios se hace cada vez más amplia. Se generalizó el deterioro de los servicios públicos. La Seguridad Social colapsa y los niveles de sueldo hacen imposible su financiamiento, agregando esto al robo y el pillaje de que son y fueron objeto los fondos de jubilaciones y pensiones, por poner un ejemplo, revelado en su renuncia por Delpino, expresidente del Seguro Social.
            El gobierno para obligar a los pacientes a costearse los medicamentos en los hospitales y de esta manera justificar la privatización de la salud, abandonó este sector de manera consciente, como política de estado, no dotándolos de los insumos básicos y descuido de la infraestructura física, produciendo de manera criminal, la muerte de pacientes por falta de medicamentos, y esto ocurría desde hacía varios años. Presenciamos conflictos donde se denunciaba con el cierre de hospitales la falta de dotación y el gobierno nunca reaccionó. El Fiscal General nunca investigó las denuncias sobre las muertes, y solo después de varios años cuando los médicos dejaron de ser cómplices del gobierno produjeron una huelga de grandes proporciones que conmocionó a la población y, lo que es más importante, puso al descubierto la política criminal de la Agenda Venezuela de hacer morir de mengua a los venezolanos más pobres a través del abandono de la dotación hospitalaria que se observa en la disminución anual del presupuesto para la salud.
            La clase media formada en su mayoría por los profesionales, los pequeños empresarios, oficiales medios, en su mayoría al servicio del estado, soportaron estoicamente el impacto social del ajuste, pero eso tuvo su límite y ese límite es precisamente el estado de conciencia individual que de forma colectiva entiende que es más costoso ir al trabajo que renunciar a esos ingresos. Los paros se transforman en huelga la mayoría de ellos ilegales. Los conflictos se radicalizan y son reprimidos policialmente. En otros casos las huelgas son quebradas mediante la mediatización de esos conflictos por las direcciones sindicales de los partidos del estatus.
            Una explicación de este fenómeno, entre otras, es que la educación no ofrecía ningún incentivo para elevar la condición de vida individual, ya no es un mecanismo de ascenso social, de ascenso vertical como dirían los sociólogos, la educación ya no es rentable como dirían los economistas, ustedes suman todo lo que han invertido e invierten las familias en la educación de sus hijos y lo restan de los ingresos que por concepto de salario y bonos en el período de vida en el cual el hombre es apto para el trabajo, el  resultado será negativo. Usted se empobrecerá al final de su vida productiva. Este horizonte vergonzoso es lo que le esperaba a nuestros hijos y si sobreviven y pueden llegar a culminar una carrera universitaria, condenarán a  sus nietos a la miseria absoluta si seguíamos por ese camino de entrega y corrupción a la cual nos habían sometido.
            Esta situación de desintegración social que vivimos ha impactado las instituciones dirigentes, a los Centro de Comando y Control Social. Los sectores involucrados en estos conflictos comienzan a fracturarse, y los gremios representados en estas asociaciones como FEDECÁMARAS comienzan a desarrollar posiciones independientes y disidentes de la posición oficial de la institución.
            Lo mismo ocurre con los partidos políticos responsables de la conducción política y económica del país. Comienza a desarrollarse un proceso de divisiones internas, lo que ocasiona el resquebrajamiento y fractura de los centros de comando y control político del estatus. La presidencia queda aislada, sin apoyo político popular. El repudio es total y se manifiesta en el colectivo en protestas abiertas contra el gobierno, comienza a desarrollarse una preeminencia del poder colectivo, sobre el poder individual de la institución presidencial.

5 El Estado como Campo de Transacción.


            La existencia del estado implica entonces, la existencia de un campo de transacción, donde los intereses enfrentados tratan de ser resueltos a través de una elaboración del conflicto. Es evidente que aparece como si estuviera a distancia de las relaciones económicas, y los enfrentamientos que están presentes en el campo de lo económico, parece que pueden resolverse en el campo de lo político, porque hay una legalidad que impide la profundización del conflicto, y reproduce constantemente la misma realidad. Esta legalidad está expresada en todo el ordenamiento jurídico que regula las relaciones sociales de propiedad entre los individuos, la propiedad sobre los medios de producción. Las relaciones de trabajo y todas aquellas que regulan y proveen el conflicto consensuado.
            Pero este campo simbólico de la ley es, al mismo tiempo, necesariamente un campo formal, imaginario. Lo real, la realidad social que queremos analizar, aparece por lo pronto, desdoblada. No hay una realidad inmediatamente dada que podamos aprender en su estructura material, sino que lo que tenemos que ver, que comprender, es que existe como encubrimiento u ocultamiento de un campo material subjetivo, que es el campo de las relaciones de  producción, que está presente en tanto estructura colectiva, en forma social. Encontramos entonces que el campo de lo político aparece como si estuviera separado de lo económico, de las relaciones que establecen los hombres en la producción y la reproducción de las condiciones de vida de la sociedad.

5.1 La Tripartita. Un ejemplo del  despotismo de la Democracia Representaiva.

  
            Los conflictos que se desarrollan entre los trabajadores y los empresarios o el estado y sus trabajadores, siempre se resuelven en la mesa de negociaciones, donde el estado aparece como intermediario. En la Venezuela de la IV República, el cambio en el régimen de las prestaciones sociales, fue una de las reformas Neoliberales más importantes por su impacto en la estructura salarial y en consecuencia en la distribución del ingreso, y afectó,  a toda la superestructura política, puesto que se definió en el Congreso Nacional, donde estaban representadas todas las organizaciones políticas que hacían vida en aquellos años, y por supuesto, no se le reveló a toda la sociedad como un enfrentamiento ideológico y político que fue realmente lo que sucedió. Los sectores políticos y sindicales implicados, mantuvieron la discusión en el ocultamiento institucional, en el parlamento, y no hicieron lo posible para que la discusión trascendiera a lo interno de la clase trabajadora, y de la sociedad
            Este escenario parlamentario  de discusión política e ideológica, ocultó para el resto de la sociedad, el debate sobre este tema fundamental, solo lo fue, para los representantes, para aquellos que asumieron la representatividad por la vía del voto de un colectivo que quedó oculto, sólo está representado, se transformó de contenido a forma parlamentaria. Transitó de poder popular a forma representativa  e institucional, sin capacidad de articular su participación en esa discusión, es  por esto último, que el colectivo queda oculto en la forma política de la representación. La necesidad del ocultamiento es una forma despótica que tiene que cobrar la actividad política de los factores que mantenían el estatus de la IV República, pues es la única manera de aplicar una política económica neo liberal, que, a todas luces, estuvo en contra la mayoría de la población. El ocultamiento, es, en este caso, el ámbito donde la actividad política se practica dentro del Estado Capitalista Burgués, de la democracia representativa, en esto consiste la apariencia democrática de la dictadura de la burguesía, sobre el resto de la población trabajadora.
            Como la representatividad es la forma convencional desde la cual se estructuran las instituciones de la sociedad  y desde donde se ejerce la soberanía popular de ese colectivo que quedó oculto, y todo los individuos que lo conforman convienen que así sea, los acuerdos a que lleguen sus representante será la posición de los colectivos representados. Y deben ser acatados por todos. Esto permite eliminar la disidencia en el transcurso de la negociación y discusión e imponer el acuerdo. 

En el caso de la tripartita se ocultó:

  1. la necesidad que tienen los empresarios, de abaratar el costo de del factor trabajo, y de los despidos, de manera de flexibilizar el mercado laboral, hacerlo “competitivo.” Siendo esto uno de los postulados ideológicos del fundamentalismo ideológico neoliberal, lo que se traduciría en la reducción del costo de la nómina y en consecuencia, aumentarían los beneficios, y la distribución del ingreso se haría cada vez más regresiva.
  2. La liberación del mercado laboral, significa acabar con lo que ellos llaman el monopolio del factor trabajo. Para ellos, los economistas neoliberales, los sindicatos establecen una especie de monopolio del factor trabajo. Estas organizaciones obreras, cuando existen verdaderamente, luchan para lograr mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, y establecer la defensa de beneficios de la clase obrera, derivados de los ingresos totales de la venta de los productos que los trabajadores fabrican, con exclusión de la propiedad, y por ello, solo participan de los ingresos totales como asalariados, son los productores de valor al transformar la materia prima para construir la mercancía. La lucha organizada para lograr incrementar la participación en los ingresos totales, es la forma económica que cobra la lucha de clases dentro del Dominio Privado del Capitalista. Esto introduce una modificación de los precios reales del factor trabajo, según esta ideología neoliberal, ya que no los fija el mercado. Lo que significa que el precio del factor trabajo debería descender si se incrementa el desempleo, ya que la competencia de los obreros por los puestos de trabajo, haría variar los precios de la mercancía fuerza de trabajo o vice verza.
  3. En una situación de crisis económica como lo fue en la época de la tripartita de la década de los 90, los empresarios querían salir de los obreros y no pagar las prestaciones dobles que los trabajadores habían conquistado en años anteriores, y se encontraban consagradas en la ley que se quería modificar. Dando al traste con los derechos adquiridos por los trabajadores. Esto es lo que se denominó abaratamiento  de los despidos.
  4. En el caso del gobierno, el Fondo Monetario Internacional exigía la reducción del Estado, a través de la venta de las industrias básicas y no básicas y las de petróleo. Así mismo el FMI exigía la reducción de la nómina del estado lo cual se traduciría en una erogación billonaria. Esto conduciría a una presión inflacionaria ya que un aparato productivo neo colonial y dependiente dirigido por un empresariado parasitario, y perverso, prefiere subir los precios en vez de elevar la producción, para adaptarse a la nueva demanda. Fenómeno que está ocurriendo en la actualidad, debido al aumento de los ingresos familiares por la política social del gobierno revolucionario. Por otro lado, la reforma de Miguel “paquetico” Rodríguez, condujo a debilitar financieramente al Estado, mediante tres vías fundamentales: a) disminución el ISLR de 50 % sobre las grandes ganancias, al 35 %, reforma que por cierto se prolonga en la V República sin que se avizore una reversión de esa situación; b) disminución del impuesto sobre la renta de las actividades petroleras para preparar la privatización de PDVSA; c) la política pro imperialista de aumento de la producción para disminuir los precios del petróleo y beneficiar a los países centrales.
  5. Toda esta situación, y el endeudamiento externo hacía del presupuesto una estructura de gastos rígida debido a los pagos obligatorios, que en dólares, se cancelaban a la banca privada extranjera, que obligaba al Estado a endeudarse, para pagar la deuda, y sacrificar a los trabajadores y despojarlos de las prestaciones sociales, para poder cumplir con los compromisos internacionales. Vender las Industrias Básicas. Es decir ejecutar la política del despojo.

            El ocultamiento institucional del sacrificio que tenía que hacer la clase trabajadora para cumplir con los compromisos de pago a la banca internacional de una deuda ilegal, fraudulenta y en muchos casos doble, que fueron a parar casi en su totalidad a las manos de políticos adecos y copeyanos y empresarios corruptos, impidió a los trabajadores participar en la discusión y comprender la injusticia que se estaba cometiendo contra ellos, y el carácter histórico de  agotamiento del modelo puntofijista, que ya había comenzado en 1989 con el caracazo.  Además, permitió la traición que ejecutó el Presidente de la CTV Federico Ramírez León contra la clase trabajadora. Y de esa manera el representante de la institución, de la CTV, llegó a un acuerdo en contra de sus representados, en esto consiste el carácter despótico de la representación. Esta es la dictadura democrática de la burguesía sobre los trabajadores. El estado, los empresarios, y la CTV, forman parte de la misma estructura despótica que caracteriza la democracia representativa, que obedece a los mismos intereses del polo dominante de las Relaciones de Producción Capitalistas.
            Por otro lado, las condiciones en la cual se firma el acuerdo,  que modifica mas de 50 años de las relaciones obrero patronales, se da en condiciones donde la ofensiva de lo grupos dominantes se proyecta sobre una posición de fortaleza caracterizado por los siguientes factores, entre otros:

  1. la alianza de los grupos del gran capital financiero y petrolero, con los políticos, logró dirigir los recursos monetarios, logrados por la exportación petrolera y el endeudamiento externo, durante las dos décadas 70s y 80s, hacia sus propias cuentas bancarias en el exterior, lo que hizo posible debilitar al Estado y desplazar a los partidos políticos tradicionales AD y COPEI, por la tecnocracia, dirigida por los intereses petroleros internacionales, representados en la cúpula petrolera de PDVSA.
  2. La política neoliberal de Carlos Andrés Pérez II, consolida la inclusión de Venezuela en la política de la Globalización Neoliberal Imperialista, mediante los instrumentos de adhesión a la Organización Mundial de Comercio, que conducen a la reforma Neoliberal del Sistema Impositivo y Arancelario, que lo hace regresivo, donde los que tienen más ingresos pagan menos.
  3. El resultado de esta ofensiva del capital imperialista internacional en alianza con el capital nacional y su brazo político, los partidos AD y COPEI, deja al movimiento obrero en la miseria mas absoluta, se consolida el modelo de crecimiento con distribución regresiva del ingreso, al disminuir la tasa de redistribución de la renta de los grandes beneficios a la sociedad, y preparó la privatización de PDVSA, objetivo del imperialismo norteamericano.

            Esta situación descrita en forma sucinta expresa la tendencia hacia la profundización del conflicto, en aquellos años, y en ese sentido los acuerdos de la tripartita debían ser consolidados en el Congreso Nacional, para que tuvieran validez mediante la discusión rápida de esas leyes.     Se trataba de consolidar el zarpaso a las prestaciones en medio del ocultamiento institucional: se pasó de un ocultamiento institucional donde se elaboró el acuerdo, la Comisión Tripartita a uno un poco más amplio el Congreso Nacional.
            Era aquí donde la actividad política de la movilizaciones masivas, hubiera tenido una importancia estratégica. Si consideramos en este análisis el tiempo desde el cual fue planteado este cambio de régimen de prestaciones, veremos que transcurrieron 8 años, desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez, año 1989. Desde ese momento se abrió la discusión y fue en 1997, mediante el consenso logrado en el ocultamiento institucional de la tripartita y la reducción de actores en la discusión donde se aprobó la confiscación de las prestaciones, y el movimiento popular, debilitado por la represión y mediatizado por los medios de de propaganda de los medios de información al servicio de los intereses de la reforma de las prestaciones sociales, no desarrolló la lucha de masas necesarias para construir un movimiento popular capaz de imprimirle una dirección distinta a los resultados de la tripartita.
            Las organizaciones representantes de la clase obrera, los sindicatos burgueses, son eso, representantes institucionales de la clase, e independientes de ellas y de sus propios intereses, el poder colectivo que sirvió de base para el establecimiento del principio de autoridad de esas instituciones representado en sus órganos de dirección, como dijimos anteriormente, quedó oculto, subsumido en ese andamiaje legal que concentra el poder colectivo que hace posible, que  en mas de 20 años no se realizaran elecciones de nuevas autoridades en la CTV, y esa estructura totalitaria, fue la que llegó a esos acuerdos. Este ocultamiento sirvió para reducir la participación de los actores implicados en esta discusión, evitar la disidencia y aprobar la confiscación de las prestaciones. Esto fue acompañado por una campaña mediática llena de engaños hacia la clase trabajadora, como aquella de que la confiscación por parte de los empresarios, de las prestaciones, conduciría al aumento de los sueldos y salarios a escala nacional y el salario real se incrementaría porque no se produciría un incremento de los precios, porque los trabajadores no gastarían esas prestaciones billonarias, confiscadas, en  el mercado interno.
            En este caso, una política revolucionaria tiene como objetivo revelar lo que se oculta, el esclarecimiento para el resto de la clase trabajadora y el resto del pueblo de los objetivos encubiertos de la dirección sindical corrompida, que como lacayos de la burguesía neocolonial y del imperialismo, confiscó las prestaciones de los trabajadores durante el gobierno de la democracia cristiana de Rafael Caldera. La clase dominante, a través del estado burgués se mantuvo aplicando las políticas públicas, como continuación de la política despótica de apropiación-expropiación  del poder político colectivo que se desarrolla en la representatividad.
            Esta forma de encubrimiento que se practica en las instituciones del parlamento, es una de la característica de la Democracia Representativa de la IV República, y la que se estaba prolongando en la V República, que comienza a revertirse con la decisión del parlamento, Asamblea Nacional, de comenzar un parlamentarismo social de Calle.
            En la esfera de lo político, se da la apariencia, decíamos, de que el Estado está por encima de los conflictos, como si fuese independiente del campo de lo económico y trata de establecerse como algo exterior y trascendente del campo de los enfrentamientos económicos. El campo simbólico es el campo de las regulaciones formalizadas. La ley es meramente simbó1ica: organiza un campo colectivo de sujetos que forman la base material de la sociedad, y ese campo material subjetivo, que se expresa en las relaciones de producción, aparece sobre fondo de una legalidad a la cual todo, necesariamente le pertenece, y todos los individuos sin excepción, deben conocer la ley, ya que el desconocimiento de ella no exime a nadie de su cumplimiento. Estamos en un campo social completamente organizado por la ley que responde y protege los intereses de la Burguesía.
            Desde esta perspectiva, la política aparece como la mediación entre una parcialidad de intereses y su acceso al poder a través del voto en el ámbito del estado, con el fin de poder imponer su concepción al resto de la sociedad, haciendo de la política un campo aparente de paz.

6. Caracterización de la lucha de masas, en La República Bolivariana de Venezuela, en el contexto político actual.


            Las grandes movilizaciones populares que se produjeron durante los acontecimientos previos al 11 de abril, que comenzaron el 22 de noviembre, día del primer enfrentamiento de masas,[15] comenzaron a evidenciar en la expresión de calle, una escisión de la sociedad que permite verificar la existencia organizada de dos sectores que pugnan por la solución definitiva del problema del poder. Los instrumentos utilizados para la confrontación por parte de los enemigos de la revolución han evolucionado, desde la preeminencia de la ofensiva ideológica mediática, cuyo eje de ataque fue y sigue siendo una propaganda cuyo objetivo es causar desmoralización, estimular la lucha y la división interna en nuestras propias fuerzas, y al mismo tiempo despertar el odio racial en los sectores antichavistas de las capas medias y altas de la población, que habían tenido escasa participación en la movilización política contra el gobierno, en los años 1998 y 1999, hasta activar los mecanismos subjetivos de construcción de una masa con dirección política, y concientes de su poder colectivo, en la lucha contra el gobierno mediante la desobediencia civil y la movilización.
            Esta combinación de la ofensiva mediática con la ofensiva de masas, manejada en forma eficiente, fue desarrollada por el neofascismo criollo, a tal punto que logró el zarpazo neofascista-imperialista, combinado con actividad militar. Esto permite identificar una característica fundamental en el desarrollo de la lucha de masas en el país: por una parte, los enemigos de la revolución siguen desarrollando una táctica de masas insurreccionadas con apoyo militar y mediático, como instrumento fundamental de acceso al poder; y del lado bolivariano, existe la radicalización creciente con una conciencia de su propio poder y protagonismo, de un pueblo que ha construido en la práctica de la lucha popular sus propias Organizaciones Populares Autónomas (OPA), con sus propios espacios de poder, nutridas fundamentalmente con la guía política proporcionada en los programas de Aló Presidente, y en las cadenas presidenciales televisivas, donde millones de personas del pueblo, han comprendido que no pueden seguir viviendo como antes, y están dispuestos a defender sus conquistas a costa de sacrificios heroicos.
            Todo esto ha sido desarrollado, sin una vanguardia que medie entre el gobierno y el pueblo, con una dirección política que, en cierta medida, no comprende el escenario de la confrontación, ni la importancia de la fuerza política de la movilización organizada del pueblo en la toma, consolidación y fortalecimiento y expansión del poder, único medio para la transformación revolucionaria de la sociedad.
            Esta característica nos parece lo fundamental de la forma en la cual se expresó el pueblo venezolano el año 2002. Comenzó ese año, de una manera abierta la lucha por el poder, que irremediablemente está determinando aún los acontecimientos futuros; en el desencadenamiento de pronunciamientos militares; en la activación de los mecanismos de la lucha armada, de muy baja intensidad, pero lucha abierta por el poder, dentro del proceso de radicalización creciente de la sociedad venezolana que se venía desencadenando a partir del 27 de febrero de 1989, y que la rebelión militar del 4F, contribuyó de manera importante en el desarrollo de la conciencia ideológica y combativa de los sectores populares, en repuesta a la ofensiva armada de la oposición golpista.

6.1 El Golpe del 11 de Abril. Bloqueo Naval y Sabotaje Petrolero de los meses de diciembre  de 2002 y enero de 2003.


            En principio, el plan golpista del 11 de abril contó con la participación entusiasta de la totalidad de los sectores que han adversado el Proceso Popular Constituyente desde sus inicios. Los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI y sus derivados: Proyecto Venezuela, Primero Justicia y Alianza Bravo Pueblo, entre otras organizaciones. Las diferentes escisiones del sector patriótico, que a medida que se avanza en el desarrollo del contenido de la Constitución, en esa misma medida se deslindan las posiciones internas y se desarrolla un realineamiento de los enfoques dentro de lo que en un momento habíamos llamado Polo Patriótico. Podemos contar dentro de estos enemigos de la revolución bolivariana en el año 2002, algunos  sectores de intelectuales, que al principio apoyaban el proyecto; sectores de la antigua izquierda, liderizados por Luís Miquilena; los Comandantes de la insurreción del 4 febrero de 2002, que luego se separaron: Urdaneta Hernández, Acosta Chirinos y Arias Cárdenas[16]; Los círculos bancarios y financieros; Los sectores industriales y comerciales; los sectores ganaderos más reaccionarios; y, como núcleo central de la alianza, se encontraba la tecnocracia golpista petrolera vinculada con los sectores petroleros internacionales y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.
            Esta alianza logró desarrollar un conjunto de movilizaciones que se profundizaron a partir del 11 de septiembre de 2001, luego de los atentados terroristas en EEUU, utilizando a los sectores de la clase media que forman parte de la estructura tecnoadministrativa de los sectores empresariales y de los sindicatos de la CTV, incrustados en la administración pública.
            Luego del 14 de abril de 2002, hasta el 2 de diciembre del mismo año, el desarrollo de los acontecimientos estuvo determinado por la reorganización de ambos bandos, los adherentes al Proyecto Revolucionario Bolivariano y  la Oposición de Derecha, sobre la base de la nueva situación política, y de una nueva correlación de fuerzas. Desde la perspectiva de los sectores reaccionarios, después del 14 de abril, se abrió un espacio político caracterizado por la reafirmación mediática de los objetivos del golpe, reforzados con la exigencia de la renuncia de los poderes públicos, exceptuando la Asamblea Nacional, lugar en el cual desplegaron una ofensiva para debilitar las fuerzas patrióticas y lograr avances para salir del presidente por la vía constitucional. Estos objetivos fueron, entre otros:
a) eliminación de la Constitución, para lograr luego de su derogación, la privatización de PDVSA, que, como lo han demostrado los hechos, es el centro de la lucha por el poder. Es con el control de PDVSA por parte del Gobierno Bolivariano, que comenzó a resolverse el problema del poder;
b) en el sector social: la privatización de la salud y la educación, e introducir los fondos privados de pensiones a cargo de la banca internacional;
c) en el sector internacional: liquidar a la OPEP, aislar a Cuba, y desplegar las acciones armadas por parte del ejercito venezolano encaminadas a combatir a las FARC, en la ejecución plena del Plan Colombia y permitir el paso de los F-16 yanquis, para bombardear a la población campesina colombiana, e involucrar al ejército venezolano como barrera de contención y de ataque a las FARC.
            Dentro de esta renovada ofensiva ideológica mediática, incorporaron nuevos hechos de aparente corrupción, con lo cual trataron de exigir un antejuicio de méritos al Presidente de la República y a los ministros de finanzas Nelson Merentes. Además, incorporaron en esta campaña, un eje ofensivo de ataque hacia los cuadros medios del ejercito, con el objetivo de escindir este sector, que logró junto con el pueblo, la restitución del presidente, al lado de los pocos generales leales que le quedaron al gobierno revolucionario después del golpe, y en consecuencia, poder reconstruir un sector militar de derecha, después de la devastación que sufrieron perdiendo cerca de 80 oficiales superiores sin tropas.
            Otro de los ejes ofensivos de ataque, trató de debilitar y desmoralizar a las organizaciones populares y someterlos al escarnio público, como a nuestros Círculos Bolivarianos, base de la organización popular de la defensa del gobierno revolucionario, y al mismo tiempo recuperar la parte de la clase media que quedo aterrorizada al ver la gran movilización popular que se desarrolló ante sus narices sin poder hacer nada, y aquellos que se sintieron utilizados para una matanza que no esperaban. Esta ofensiva mediática trató de reconstruir la unidad de acción de los sectores antes mencionados que participaron en la ofensiva mediática, de masas y militar, con el objetivo de preparar las condiciones del paro petrolero de diciembre del mismo año.
            Dentro del espectro político de la derecha, podemos encontrar un grupo de poder que surgió de una escisión del proceso revolucionario bolivariano liderado por el ya mencionado Luis Miquilena, que tenía sus ramificaciones en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y en sectores económicos liderados por el empresario Tobías Carrero[17]. Estos se postularon como los moderados dentro de la nueva reorganización y distribución de fuerzas de la derecha. Plantearon la salida del presidente por la vía constitucional, bajar el clima de enfrentamiento, para disminuir la presión sobre el conflicto armado y del golpe de estado, pues ellos mismos serían víctimas dentro de un proceso violento como el del 11 de abril. Hay que recordar que el nombre de Luis Miquilena apareció en el paredón del Aeropuerto de la Carlota, junto al de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Iris Varela, Freddy Bernal, Cilia Flores, Carlos Lazo, y demás miembros de los comandos revolucionarios que estaban sentenciados a muerte.
            Otro sector que estaría dentro de este grupo, lo comprende la fracción socialdemócrata que pretende la renuncia del presidente, su enjuiciamiento, exigieron y exigen una salida constitucional del presidente mediante la movilización, o por la vía insurreccional, el golpe de estado, o por el referéndum revocatorio, como producto de sus propias derrotas. A diferencia del sector reaccionario que liderizó el golpe del 11, permitirían un gobierno de unidad nacional con la incorporación de los sectores, según ellos moderados, del MVR, y el miquilenismo.
            Un sector de Acción Democrática no estaría de acuerdo con una política donde se incluya la privatización de PDVSA, pues ésta, fue la base del poder de la democracia despótica puntofijista, y lo fue, hasta que la meritocracia petrolera le disputó los recursos provenientes del petróleo, les debilitó el estado y no pudieron seguir repartiendo el dinero a todos los sectores, lo que contribuyó, entre otras consecuencias que tuvo, a la crisis de la deuda externa. Este es un punto de separación con los sectores más radicales de los representantes del imperialismo petrolero.
            El tercer factor de beligerancia política está conformado por el petrolero, las compañías petroleras internacionales, el Departamento de Estado, los bufetes transnacionales y la banca privada internacional, que opera en Venezuela. Este sector lideró el golpe de estado del 11 de abril, como elemento hegemónico dentro de este bloque de poder imperialista en Venezuela. Logró consolidar la unidad de acción del resto de los factores dentro de esa alianza contrarrevolucionaria. Esto fue logrado, sin un liderazgo desde el punto de vista de la expresión individual aglutinadora. Carecía de un programa o un proyecto de país, sólo lograron concretar la unidad en torno al odio a Chávez estimulado con la manipulación mediática. Esto permitió encubrir sus objetivos reales: a) eliminación de la constitución, para luego lograr la privatización de PDVSA, que, como lo han demostrado los hechos, es el centro de la lucha por el poder. Es con el control de PDVSA por parte del Gobierno Bolivariano, que comenzó a resolverse el problema del poder y comenzará una senda de desarrollo autónomo y soberano; b) en el sector social, la privatización de la salud y la educación, introducir los fondos privados de pensiones a cargo de la banca internacional, y revocar la sentencia del TSJ sobre los créditos indexados, entre otros; c) en el sector internacional, liquidar a la OPEP, aislar a Cuba, y desplegar las acciones armadas por parte del ejército venezolano encaminadas a combatir a las FARC, en la ejecución plena del Plan Colombia, y permitir el paso de los F-16 Yanquis para bombardear las zonas campesinas colombianas e involucrar al ejército venezolano como barrera de contención y de ataque a las FARC.
            Los factores que apoyan el proceso, después del derrocamiento de Carmona, mostraron una recuperación en lo organizativo y en conciencia política. Se comenzó a comprender de manera práctica, que: a) la movilización popular; b) la concentración de masas y c) la dirección política, son y serán el fundamento de la resolución del problema del poder político, que es el paso previo a la transformación revolucionaria de la sociedad y además, se comprendió que ese poder de masas es el origen del poder soberano del pueblo, que según nuestra Constitución Bolivariana es intransferible: artículo 5 “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo..”. La importancia de haber adquirido de manera práctica el significado de la relación entre masa y poder, es definitivo para pasar del acceso al gobierno, por la vía electoral, a la toma definitiva de los factores de poder real, que permitan la ejecución plena de la Constitución.
            En los hechos, la aplicación de manera practica de este conocimiento como conciencia política, fue expresado de manera patente en los días 13 y 14 de abril, y luego, cuando se neutralizó cada una de las provocaciones de la derecha en las diversas confrontaciones de masas. Si comparamos la movilización del pueblo del día 13 y 14 con las del 27 de febrero de 1989, encontramos:
                     
Cuadro I
27 de febrero
13 de abril
a) Rebelión popular con una conciencia política reducida a metas de carácter económicas. (saqueos) . Baja conciencia política.
a) Insurrección popular, constitucional contra la dictadura de Carmona. Objetivos de carácter políticos y militares. Alta conciencia política.
b) Dispersión de la masa hacia multiplicidad de objetivos no estratégicos.
b) Concentración de masa. Objetivos de carácter estratégicos.
c) Inexistencia de dirección política.
c) Dirección política clara.
d) Masa sin dirección política no es concentrada y por consiguiente carece de fuerza.
d) Masa con clara dirección política, es concentrada y posee la fuerza necesaria para lograr objetivos.

            Otro de los aspectos básicos del aprendizaje político fue haber comprendido la relación entre el gobierno y el poder. Este aprendizaje por parte de las organizaciones populares, se puede evidenciar en la actuación frente a las campañas mediáticas. Después de 8 años de bombardeo, de una verdadera operación de guerra psicológica contra los adeptos al proceso revolucionario, el apoyo popular se ha incrementado, siendo esto reconocido por las propias encuestadoras. Este es uno de los logros más importante de la revolución. La revolución ha permitido que los excluidos hayan conquistados espacios de poder a los cuales nunca hubieran podido tener acceso. Comenzando por el cese de la represión indiscriminada de las barriadas. Lo que significó la expansión de su espacio vital, al comenzar una relación más libre con el estado. El excluido comienza a transformarse en ciudadano. Comienza un primer escalón de inclusión social. Este desarrollo de la ofensiva de masas desde el punto de vista del movimiento popular, sirvió de preparación para maniobras políticas más complicadas que condujeron a la derrota del sabotaje a la industria petrolera, y bloqueo naval. Sabotaje encubierto por un paro cívico nacional decretado por la Coordinadora Democrática.
            En conclusión, el pueblo organizado aprendió, que ha partir del 11 de abril comenzó de manera abierta el conflicto principal: ¿quién se va a quedar con el poder real? Esto se venía desarrollando de manera pacífica y encubierta. La reacción imperial y sus aliados criollos habían encubierto sus objetivos reales. El intento de cambiar la política interna de PDVSA, y poder controlarla para enrumbar su acción hacia la independencia de los centros externos de dominio imperial, y ponerlas al servicio del Desarrollo Nacional, aceleró la usurpación del 12 de abril del 2002. Esta usurpación por espacio de 24 horas, culminó con la toma del palacio de Miraflores por el pueblo y el Ejército Bolivariano, y luego, el rescate del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a las 12 horas siguientes, puso de relieve sus objetivos, así como a sus principales actores e intereses. A pesar de la derrota propinada por las fuerzas patrióticas organizadas en Círculos Bolivarianos aliados con el ejército, el hecho de haber reincorporado a los sectores golpistas a PDVSA, representados en la Junta Directiva, por Hernández Raffalli, firmante del decreto de Pedro el Breve, y a Juan Fernández y demás miembros de la auto denominada “Meritocracia”, contribuyó a generar, dentro de los enemigos de la Revolución Bolivariana, una percepción de debilidad del gobierno.
            Craso error de la oposición golpista. Su ideología no toma en cuenta la expresión popular de apoyo, que significó las jornadas del 13 de abril, lo que revela la naturaleza neo-nazi de la oposición golpista. Y mucho menos consideran al ejército dentro de un nuevo contexto ideológico, donde el ejército, es realmente el brazo armado del pueblo. Y al mismo tiempo, el propio pueblo armado. Esto no puede ser visto por la oposición golpista. Su ideología sólo comprende al ejército como defensor de sus intereses y, en consecuencia, el represor universal del pueblo. Esta es la visión de la cúpula golpista.
            Los sectores golpistas no entendieron el significado del gesto magnánimo de nuestro Presidente, Comandante Hugo Chávez Frías, al incorporarlos nuevamente a PDVSA. La interpretación que hicieron respecto de este hecho, como debilidad, hizo caer a la oposición en un error mucho más grave. Poner en juego el centro del poder en Venezuela, el negocio petrolero. Debilitados por la derrota y, en consecuencia, sin capacidad de ejecutar un golpe militar por haber perdido ese sector, transitan la aventura de montar un paro cívico nacional, como una maniobra de ocultamiento, para poder realizar el bloqueo naval y el sabotaje petrolero, que fue el verdadero instrumento de su acción subvertora del Gobierno Bolivariano, y de traición a la patria. Para eso contaban nuevamente con los mismos actores del 11 de abril, pero esta vez, sin el ejército.

CUADRO COMPARATIVO DELAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON 
EN LOS GOLPES DE ABRIL DE 2002

GOLPISTAS 11 DE ABRIL
GOLPISTAS 2 DE DICIEMBRE
Coordinadora “Democrática”
Coordinadora “Democrática”
Cúpula de la Iglesia
Cúpula de la Iglesia
Cúpula militar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PDVSA (Perolera Estatal)
PDVSA
CTV (Burocracia Sindical de la IV República)
CTV
Departamento de Estado
Departamento de Estado
Banca Internacional y Nacional
Banca Internacional y Nacional
Sector Petrolero Internacional
Sector Petrolero Internacional
FEDENAGA (Organización de Ganaderos)
FEDENAGA (Organización de Ganaderos)
Organizaciones de la Educación Privada
Organizaciones de la Educación Privada
            
                                                        
                                                                                              


  














Organizados para el paro, y sentados en la mesa de negociaciones, seguirían la siguiente estrategia para la realización del nuevo golpe petrolero: la unidad política y económica contra natura de la CTV y FEDECAMARAS, llamaría al paro cívico nacional, como maniobra de distracción y ocultamiento del bloqueo naval y el sabotaje petrolero, Juan Fernández, dirigente de la tecnocracia petrolera, anunciaría el sabotaje, como un paro cívico, aceptando el llamado de la alianza golpista. Fundamentalmente, desde el sector petrolero, junto con la CIA, y las grandes corporaciones petroleras internacionales, se comanda la operación del nuevo golpe de estado petrolero. El corazón del golpe se centraría en la operación de sabotaje petrolero. Las maniobras de fondeo de los buques petroleros frente a los puertos determinaría el bloqueo naval y, en consecuencia, las exportaciones petroleras e importaciones de materias primas, detendrían paulatinamente la totalidad de la industria, y, como consecuencia de ello, se paralizaría la totalidad de las actividades económicas de la nación. La población se levantaría contra el gobierno, y en consecuencia tendría que actuar las Fuerzas Armadas, para detener la disolución del estado. En este punto tendría que renunciar el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
            Esta estrategia, anunciada por Luis Guisti, ex presidente de PDVSA, Estatal petrolera, unos días antes en una entrevista periodística, carecía de lo fundamental: la incomprensión total de la realidad política nacional. Aquí vuelve actuar nuestro principal aliado: la ideología del desprecio a las masas populares, por parte de la dirección golpista, base ideológica fundamental del neonazismo criollo, aliada con las empresas encuestadoras, produjeron un efecto devastador en la capacidad de cálculo político del estado mayor de los golpistas. Por un lado, creer que el 70 % de la población está contra Chávez, y por otro lado, ignorar que la población que está apoyando el Proceso Revolucionario Bolivariano, es cualitativamente distinta a la que ellos masacraron el 27 de febrero de 1989. El apoyo del pueblo transitó, desde lo afectivo a lo racional. Los 101 programas de Aló Presidente, para esa fecha, y las cadenas presidenciales, han educado a un pueblo que se siente incluido en las decisiones políticas, lo que hizo posible la heroica resistencia de Puente Llaguno[18]. Este es un pueblo que está dispuesto ha defender los espacios de poder conquistado y los grados de libertad alcanzados.
            Es aquí, en la derrota de este segundo golpe petrolero, donde podemos comprobar, que tenemos una organización popular que se comporta como masa cohesionada, disciplinada, con una dirección política clara, de esta manera se logró, a pesar de la multiplicidad de objetivos políticos, económicos, y de control de vías de comunicación, mantener una presión sobre lo golpistas a escala nacional. Esta masa desplegada en el espacio territorial, desarrolló tareas que van desde la administración de la violencia popular para neutralizar a los golpistas, hasta la toma efectiva de las instalaciones petroleras, y puesta en marcha de sus operaciones. Ejecutó maniobras más complejas en la derrota del sabotaje petrolero, corazón de la estrategia golpista, que en la derrota del golpe petrolero del 11 de abril. El comandante Hugo Chávez contó a) con un pueblo, organizado para enfrentar a la alta tecnología de sabotaje, b) un ejército que comprendió que sin petróleo no hay soberanía, y c) unos medios de comunicación alternativos liderizados por el canal del estado, que contribuyeron a la dirección de las acciones hacia el contraataque victorioso. Y todo esto se ejecutó con sólo una orden del Comandante una semana antes del paro: ¡A tomar todas las instalaciones petroleras!
            En lo que respecta a la dirección de la revolución, nuestro máximo líder e intérprete de los momentos políticos de avance de nuestra conciencia política colectiva, desarrolla una consigna que resume el alcance de nuestra revolución: ¡Para salir de la pobreza hay que darle poder al pueblo! Y con relación a las próximas respuestas a la contrarrevolución, citando a Simón Bolívar en el manifiesto de Cartagena, donde Nuestro Libertador reflexiona sobre los perdones después de cada conspiración, y finaliza concluyendo que constituye una clemencia criminal. Al recordar esto Hugo Chávez, está expresando la nueva situación de incremento cualitativo de la conciencia política colectiva del pueblo venezolano, expresada de manera práctica en la Insurreción Popular Constitucional, asumiendo el pueblo, en forma directa la administración de la violencia como eje central de la confrontación, como lo demosró desde la noche del 12 de abril de 2002, hasta el 2 de febrero de 2003, cuando es aplastado el sabotaje golpista a las instalaciones potroleras. En segundo lugar, se evidencia el incremento de la cohesión del máximo líder con su pueblo. Esto representa un verdadero avance en la escalada hacia la consolidación de la revolución a través del control de PDVSA.
            Lo anterior, está demostrando que la brecha entre el comandante de la Revolución Bolivariana y su pueblo, está cerrada, y el distanciamiento con el otro, ya comienza a cerrarse. Está apareciendo en nuestra conciencia la presencia sensible del otro, el otro, que es igual a mí. Ahora tengo como referencia no sólo al máximo líder de la revolución, sino que esa referencia ya está incluida en mí, no como el jefe represor del estado, sino como mi intérprete. Y en mí está el otro que es también Chávez. ¡Todos somos Chávez!
            Es posible que nos estemos acercando a consolidar lo que ha constituido el soporte de la V República: a) la movilización popular; b) la concentración de masas y c) la dirección política clara, como fundamento de la resolución del problema del poder político, paso previo a la transformación revolucionaria de la sociedad y como significado de origen del poder soberano del pueblo. La importancia que tiene, tener conciencia de la relación entre masa y poder, es definitivo para pasar del acceso al gobierno por la vía electoral a la toma definitiva de los factores de poder real, que permitan la ejecución plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

7 El problema de la inexistencia de una vanguardia que medie entre el gobierno y el pueblo.


            Para tratar este tema hemos considerado al MVR, como el factor principal de apoyo institucional al Proceso Revolucionario Bolivariano en lo referente al desarrollo del contenido de la Constitución desde cada uno de los poderes del estado. Debido a ello debemos considerar al MVR desde el punto de vista de la capacidad por parte de este movimiento político de dirigir el acontecimiento político hacia la consecución de los objetivos de transformación política y económica establecidos en la Constitución de loa República Bolivariana de Venezuela.
            Los aspectos que definen la actitud política de la dirección del MVR, eje central de soporte de la Quinta República, el comportamiento general del movimiento en relación a:

a)      la movilización popular;
b)      la concentración de masas y la dirección política, como fundamento de la resolución del problema del poder político como paso previo a la transformación revolucionaria de la sociedad y como significado de origen del poder soberano del pueblo.
c)      La importancia que tiene en la conciencia de los dirigentes de la revolución de estos dos aspectos, es decir, la relación entre masa y  poder, es definitivo para pasar del acceso al gobierno por la vía electoral a la toma definitiva de los factores de poder real, que permitan la ejecución plena de la Constitución.
   
            Desde el punto de vista teórico del marxismo leninismo, lo inevitable de la lucha armada y en consecuencia, de la insurrección popular como forma superior de lucha del proletariado se  “deduce del papel directamente de toda la concepción marxista de la evolución de las formas sociales, del papel de la violencia en la historia, del papel del estado como instrumento de dominación de una clase, y finalmente de la dictadura del proletariado”[19]
            Desde esta perspectiva la compresión es nítida porque se trata de un cambio de relaciones sociales de producción. El proyecto de país definido en la Constitución Bolivariana es una revolución dentro de un sistema de relaciones de propiedad capitalista, que al postular una sociedad libre e independiente de los centros de dominación política y económica, pone en juego la estabilidad de los intereses geopolíticos imperialistas que se han establecidos y consolidado como cultura de la sociedad, como ideología dominante reforzada por la represión brutal hacia el pueblo bajo la dominación de los 40 años de la dictadura democrática puntofijista.
            En el caso del MVR, como movimiento político, como colectivo político, la compresión política en relación a los aspectos referidos a la diferencia entre Gobierno y Poder, parece que no estuvieron muy claros al juzgar por los acontecimientos que parten del triunfo electoral y luego, el desarrollo posterior del proceso Constituyente. Período en el cual, no se aprovechó el apoyo de masas que se había desarrollado durante la campaña electoral, durante el 6 de diciembre y los días posteriores, para denunciar y aplastar el intento de golpe de estado del 6 de diciembre. Expresar el apoyo a la constituyente en los días de conflictividad política cuando las fuerzas reaccionarias amenazaron al Gobierno Bolivariano Constituyente, desde el boicot a las exportaciones venezolanas por parte de los sindicatos internacionales en apoyo a la CTV, por la ejecución del decreto de Emergencia Sindical, de emergencia ejecutiva, y Emergencia Legislativa, hasta las amenazas de violencia que se ejercieron en contra del Proceso Constituyente por parte de los partidos representados en aquel Congreso Nacional.
            Bajo estas amenazas fue que se llegó a la cohabitación con el Congreso Nacional después de arduas negociaciones en donde intervino hasta la iglesia. En este período no se contribuyó a consolidar tempranamente, con el apoyo popular, la revolución que comenzaba apenas a iniciarse. Se tomó el camino de la concertación y negociación con el enemigo, sin tomar en cuenta las exigencias de las masas. Una de las argumentaciones para adoptar esta conducta política, fue la que expresara el General Francisco Visconti, en el sentido de que el pueblo no estaba preparado ideológica ni políticamente para enfrentar una Guerra en el caso de intervención externa. Esta aseveración partía del hecho de que si se ponían en ejecución estos decretos se desencadenarían una espiral de violencia que conduciría a una guerra civil.
            En esos momentos, cabría preguntarse si la movilización popular se hubiera profundizado después del triunfo electoral en función de la defensa del Proceso Popular Constituyente ante las amenazas de la reacción y el puntofijismo,  ¿no se habría neutralizado cualquier aventura golpista y de esa manera evitar cualquier intervención? Si recordamos que en aquella época la capacidad de convocatoria de esos partidos era casi inexistente, si la comparamos con el 2002-2003, era infinitamente menor. Por otro lado, la actividad de movilización y organización por parte de la derecha, de la llamada sociedad civil, era prácticamente incipiente, sin ninguna capacidad de respuesta por parte de las capas medias antichavistas para la movilización e incorporación a la actividad política antigubernamental como lo fue en esa fecha y como lo es ahora.
            Estas consideraciones a vuelo de pájaro, nos conduce por lo menos a dudar de la comprensión de los aspectos con los que iniciamos esta parte, es decir, las relaciones entre lo que es el gobierno y lo que es el poder. Esta especie de incomprensión o desacierto en el manejo táctico y estratégico de la fuerza de la movilización popular, para resolver definitivamente el problema del poder a favor de las fuerzas revolucionarias, creemos que se comienza a desarrollar en los meses subsiguientes a la creación del MVR como movimiento táctico electoral. En este sentido traemos a colación el extracto de un documento que analizaba la importancia de la línea política que aprobó la asamblea nacional del 19 de abril de 1997.

“…Lo acordado en la asamblea del 19 de abril de 1997, reconocía la necesidad de desarrollar La Ofensiva Táctica Masiva montada sobre el eje de Ataque Electoral, de manera de ampliar y desarrollar la comunicación con los sectores populares, a través del apoyo a sus luchas mediante una política que permita la inserción de nuestras organizaciones en el movimiento popular, “…de tal manera de que el pueblo sienta la necesidad de salir del gobierno actual (Rafael Caldera) y reemplazarlo por uno nuevo que de respuesta a la situación de crisis.”[20]

            El reconocimiento de la importancia de la movilización popular para la conquista del poder para aquella época era bastante clara. Pero para ese año, 1997, ya la ofensiva táctica masiva se estaba estancando y se hizo preeminente la movilización para la campaña electoral descuidando la política de masa en  relación a las luchas populares para insertarse en el seno del pueblo, en esa época hacíamos la siguiente observación en relación a la línea política electoral trazada por el MBR-200 el 19 de abril de 1997:

“la crisis económica y social se profundiza junto al deterioro de la imagen del presidente al haber claudicado y sucumbió ante las presiones del FMI y sus aliados en el país, pero la división de la Causa R, y la lentitud en la que está sumida tanto el MBR-200 como el Movimiento V República para rescatar ese proceso de movilización populares mediante la aplicación de la Ofensiva Táctica Masiva montada sobre el eje de ataque electoral  y lograr transformarse en un polo de referencia política nacional, de masas, debilitan al movimiento popular, y representan una amenaza para el año 1998, que podríamos resumirla en los siguientes aspectos:

a)      En el caso de que descuide el desarrollo de la OMT (Ofensiva Táctica Masiva) como centro de la política electoral, podría estar planteada la posibilidad de un acceso al poder sin movimiento de masas organizado que apoyen al gobierno bolivariano desde la calle, lo cual debilitaría la posición del gobierno patriótico;
b)      O la imposibilidad del ascenso al poder como consecuencia de no haber podido transformar el potencial, en una realidad electoral de masas organizadas;
c)      Aunque el liderazgo personal de Hugo Chávez sea el factor que dinamiza y acrecienta el movimiento como opinión; la maquinaria política que se trata de organizar presenta demasiada complejidad, lentitud de crecimiento y en algunos casos, resta adeptos que espontáneamente respaldan la candidatura;
d)     Puede convertirse en portaviones de lo que en otros partidos no consiguieron ser postulados.

La estrategia de crecimiento del Movimiento V República desecha la posibilidad de que los Directorios Municipales de MBR-200 participen en la organización del MVR, es decir, la juramentación de ellos, su organización y dirección estratégica.

Además, lo acordado por la Asamblea Nacional consistió fundamentalmente en: “ …desechar el componente defensivo de la fórmula táctica de 1995 y concentrar todas sus fuerzas en le lanzamiento de una Ofensiva Táctica Masiva montada sobre el eje de ataque electoral de 1998, para darle a la agitación y a la movilización popular el carácter de un poderoso Acelerador Estratégico, con el objetivo de producir con este torrente moral, social y político, un definitivo Desencadenante Histórico, que produzca  “la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo”. En esta perspectiva la Ofensiva Táctica Masiva debe ser revisada y adelantada desde este momento (Abril de 1997), pues en esencia no es otra cosa que la continuación de las luchas populares en la que nuestro Movimiento ha venido insertándose con fuerza creciente. El año de 1997 debe ser un tránsito forjado al calor de la RESISTENCIA NACIONAL Y LA OFENSIVA POPULAR, sin perder ni un intante de vista, la posibilidad de que el “desencadenante histórico” anteceda incluso el hecho electoral de 98”[21]

Este llamado al desarrollo de esta táctica, aprobado el 19 de abril, como todos sabemos, es una de las líneas maestras de nuestra participación electoral. La que nos insertaría dentro del movimiento político nacional con fuerza creciente, toda todas las declaraciones de nuestro Proyecto Nacional V República, y nuestra Visión de País, cobrarían la fuerza argumental de concentración de masas que lograríamos con esta Ofensiva Táctica Masiva.
            El logro que obtendríamos de desarrollar esta política sería entre otros los siguientes: en primer lugar, estaríamos haciendo ciertas nuestra palabras, porque el respaldo estaría en la calle, no en un simple porcentaje de intención de voto en un grupo de encuestadoras; en segundo lugar, el potencial que se observa, no sólo a través de las encuestas, sino en el contacto de calle, se convertiría en acto,  en una realidad palpable y organizada y con una dirección política; en tercer lugar,  estaríamos desarrollando un nuevo esquema de participación política, integrando las luchas sociales y éstas transformadas en un punto de impacto electoral mediante las dos organizaciones: una de carácter estratégico, el MBR-200, con mucha más flexibilidad política, que podría integrar la Ofensiva Táctica Masiva, con su Componente Táctico Electoral: el Movimiento V República, la organización electoral.
            Si esta organización con su componente electoral no desarrolla esta estrategia completa y nos quedamos sólo con la organización táctica electoral, estamos castrando las posibilidades de un triunfo verdaderamente popular, porque desaparecería la movilización del pueblo, aspecto vital de una política  diferenciada del resto de los partidos tradicionales. Se trata de darle al pueblo un papel protagónico en la transformación y en la construcción de Poder Constituyente. Como consecuencia de congelar la OFT (Ofensiva Táctica Masiva), los frentes sociales  no se construirán al calor de la lucha social. Las alianzas que se podrán implementar estarán determinadas, entonces, por las características convencionales y tradicionales de  reparto de cargos electorales y no tendríamos la fuerza de negociación necesaria para la consecución de nuestros objetivos táctico-electorales:
            La ocupación de los Poderes Públicos Nacionales, Estadales y Municipales, vía elecciones, con miras al desarrollo posterior de la transformación de las instituciones del estado, a través del Poder Constituyente.
            Esto requiere una vinculación orgánica que sea capaz de integrar, la vía de acceso electoral con la carga desmovilizadora que tiene, y la necesidad de uso de recursos materiales y humanos que implica, con la lucha de masas, como se plantea en la política aprobada en la asamblea del 19 de abril: Ofensiva Táctica Masiva-Acelerador Estratégico-Desencadenante Histórico.
            Nos es casual que luego de cinco años de movilizaciones populares y de los intentos de golpes de estado no se haya podido quebrar el equilibrio  precario del estatus, sino que al contrario, al final del proceso, se estabiliza el sistema, se restablece el equilibrio sociopolítico, y  se desarrolla un proceso electoral sobre fondo de un conjunto de protestas sociales. Los diferentes factores políticos que actuaron al lado del pueblo en sus protestas se separaron del él, y entre sí, durante la campaña electoral, lo que produjo una Grieta Histórica que por ahora no se ha podido cerrar. Desde el año 1993, no se ha podido reencontrar esa masa con un grado más elevado de conciencia aprendida en la s rebeliones pasadas, con sus expresiones políticas que marcarían un rumbo distinto proceso político venezolano. Es aquí donde la Ofensiva Táctica Masiva tiene su razón de ser.
            Bajo esta orientación fue aprobada la línea política electoral que condujo a la creación del MOVIMIENTO V REPUBLICA,   como componente táctico de la estrategia aprobada el 19 de abril de 1997.”[22]

            Esta apreciación, conduce a pensar que hubo un tránsito de la movilización política de la población como acento fundamental de carácter estratégico como desencadenante histórico del proceso revolucionario, al elemento táctico electoral del año 1998. Este tránsito generó a nuestro juicio, una desviación tacticista, que  redujo a los objetivos electorales de corto plazo  la idea de la Revolución Bolivariana. La lucha por los cargos electorales, que se produjo en todo el ámbito nacional, es una expresión de la importancia que cobró las elecciones como elemento de acceso al gobierno, perdiéndose en este proceso la idea del acceso al poder, como condición para poder desarrollar los objetivos bolivarianos, que se plasmaron en la agenda alternativa bolivariana, luego en la Constitución Bolivariana. El acceso al poder se confundió con el acceso al gobierno, y generó en el comportamiento del partido una actitud de ilusión de poder se confundió con el acceso al gobierno, y generó en el comportamiento del partido una actitud de ilusión de poder que parece no haber culminado ni siquiera, con el zarpazo  del 11 de abril y el paro petrolero.
            La decisión del Comandante Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana, de construir y desarrollar el Partido Socialista Unido de Venezuela, bajo nuevos parámetros donde la participación de la militancia de base sea la que desarrolle todas las direcciones Locales, Regionales y Nacionales. Además, la ideología, organización, programa mínimo y maximo, y el resto de los aspectos concernientes al funcionamiento, también fueran desarrollados por las bases mediante el Congreso Fundacional, en una discusión amplia y de carácter nacional en los batallones socialistas dentro de las circunscripciones socialistas.

8. Algunas reflexiones finales.


            La Dictadura Democrática Puntofijista estableció y desarrolló vínculos geopolíticos con el imperialismo norteamericano, de una manera sólida y dentro de un esquema de visión de Estado, por parte de las èlites, que pasó de la subordinación encubierta, mediante una democracia formal de partidos que ejercían de mediadores entre el poder económico nacional y trasnacional y las instituciones del Estado, Congreso Nacional, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y demás órganos de poder, democracia que se mostraba así misma como una forma de gobierno de un país soberano, a la dominación y subordinación abierta y descarada en el período de las políticas neoliberales y de globalización que comienzan instrumentarse en el año 1989.
            Esto es asumido de una manera manifiesta por las clases dominantes como la forma de estado subordinado necesaria, para seguir subsistiendo como clase dentro del capitalismo periférico o como burguesía subsidiaria del poder político y económico mundial globalizado, donde las relaciones políticas entre el gobierno y los enemigos de la revolución son ejercidas directamente por los factores del poder económico, sustituyendo a los partidos políticos derrotados AD y COPEI, que fueron, durante el estatus puntofijista, los mediadores entre el poder económico y el gobierno, dentro de una alianza política donde el bloque hegemónico se expresaba políticamente a través de los partidos. Desde esta perspectiva estamos transitando a una etapa caracterizada por la apertura del conflicto abierto con los centros políticos del poder mundial sobre todo norteamericano, ejecutado por sus subalternos en Venezuela.
            Lo importante de los hechos del 11 de abril es haber puesto al descubierto la contradicción principal de la formación social latinoamericanos, las relaciones con el imperialismo mundial principalmente el norteamericano. El capitalismo se transformó en un sistema universal globalizado por el sojuzgamiento financiero (deuda externa), tecnológico, político, militar y cultural, que impiden el desarrollo autónomo de las fuerzas productivas, generando en este proceso una estructura industrial dependiente de los centros mundiales de producción tecnológica, y en consecuencia, una mentalidad dependiente de los centros culturales imperialistas, que reproducen a lo interno la mentalidad servil de las élites políticas y empresariales reaccionarias, que se expresa en los voceros internacionalistas como Anibal Romero, Julio Cesar Pineda, Maruja Tarre, etc.
            Esta contradicción, caracterizada por el conflicto histórico de una sociedad que pugna por alcanzar su desarrollo y unas relaciones de políticas internacionales de subordinación que impiden su desenvolvimiento autónomo. El intento de poner al servicio del desarrollo nacional los recursos generados por el petróleo generó el conflicto que sirvió como catalizador del Golpe de Estado. Esta contradicción principal es la que gravita en forma eficiente y está marcando la solución aparente del conflicto manifestado en el cambio de política hacia PDVSA; en los cambios observados en la política económica  y es posible que lo mismo ocurra en la política internacional, con el cambio de Ministro de Relaciones Exteriores.
            La consolidación de la meritocracia en la estructura de mando de PDVSA, después del 11 de abril. Los cambios de ministros y el plan Tobías-Pérez-Rodríguez, que acentúa las medidas que comenzaron con la devaluación encubierta del 12 de febrero, evidenciaron:

1.     el equipo económico nombrado, después del golpe del 11 de abril, mantuvo la visión tradicional de los economistas convencionales que les impide ver que el problema de la política económica de un estado es un problema político y no técnico, es decir, o se carga el peso del ajuste en las clases populares o se les arrebata al empresariado las conquistas paradisíacas que lograron en la legislación fiscal con el paquetico de Miguel, durante le gobierno de CAP y Caldera. Ese paquetico logró que las contribuciones al fisco por concepto de impuesto sobre la renta sobre los beneficios empresariales, pasaran de un 15% del PIB al 9% en la actualidad.
2-      Este paquete que se presenta como de unidad nacional deja fuera de la discusión al problema petrolero, que es el centro de cualquier política económica de desarrollo nacional en Venezuela. Y carga todo el sacrificio a la economía no petrolera. Regresando a los esquemas de política económica de los gobiernos anteriores.
3-      El impacto del paquete sin embargo no logró erosionar el apoyo popular al gobierno de Chávez que sin duda, hubiera sido aprovechado por el sector golpista.
4-      Los instrumentos, reformas de la legislación fiscal, para la ejecución de las medidas económicas son de carácter político, ya que deben pasar por la Asamblea Nacional, lo que indica que la solución del problema fiscal no es un problema técnico.

            El debilitamiento del estado, profundizado a partir del año 1989 con el paquete neoliberal de Miguel Rodríguez y profundizado por Teodoro Petkoff durante el gobierno de Caldera, en materia de control y supervisión de las empresas estatales, ha ocasionado, en el caso de las industrias del estado y en especial la empresa petrolero, una autonomía de poder que ha determinado el curso de los acontecimientos políticos y económicos desde hace varias décadas. Mediante una política que va disminuyendo el monto de la contribución fiscal de PDVSA impide el uso de los ingresos petroleros para el desarrollo sostenido de la sociedad. Si a eso le agregamos el resultado de las contribuciones fiscales de los empresarios y empresas, después de la conquista legislativa por parte de la burguesía nacional, que han favorecido un marco legal institucional que minimiza su contribución al erario público, genera una estructura fiscal regresiva que favorece altas tasas de acumulación y una distribución regresiva del ingreso. Crea de por sí un déficit fiscal crónico. Este debilitamiento del estado se ha producido fundamentalmente por tres vías:

i)                    El desarrollo a través del tiempo de un contexto fiscal regresivo[23]
ii)                  La reducción de la contribución de los ingresos fiscales de la explotación, refinación y distribución de los hidrocarburos en el tiempo, hecho que se profundizó a partir del año 90. La reducción de los precios del barril de petróleo que como política, adoptó el gobierno de CAP, desde el año 1989 auspiciado por la meritocracia petrolera.
iii)                La deuda externa que actualmente ni siquiera aparece en el discurso político.

            El crecimiento excesivo en el servicio de la deuda, el aumento de los compromisos del estado, entra en conflicto permanente con las necesidades de inversión en materia de infraestructura, gasto social, seguridad y defensa nacional, financiamiento a las microempresas, pequeña y mediana industria como consecuencia del contexto legal, que en materia fiscal regulan las contribuciones al fisco, que privilegia la acumulación de los grandes capitales, en especial de los financieros y especulativos en detrimento del desarrollo de la sociedad. Dentro de este contexto de contribución fiscal regresivo el Dr. Miguel Rodríguez para poder subsanar el hueco fiscal que produjo las modificaciones que condujeron a la reducción de las tasas impositivas contenidas en su paquete se vio obligado a introducir el impuesto a las ventas, al mayor y al consumo suntuario, completando el cuadro regresivo de la contribución fiscal de la sociedad los que son mas pobres pagan más impuestos que los ricos. Esto condujo al incremento de la pobreza y a la informalidad y por otro lado, la concentración de la riqueza, a pesar de que la economía creció hasta el 9%. Estas circunstancias, establecieron en Venezuela un modelo perverso de crecimiento con distribución regresiva del ingreso, y liquidación de las clases medias.
            En este contexto llega al gobierno el 6 de diciembre de 1998, el candidato presidencial Hugo Chávez Frías, con el grupo de organización que lo apoyaron. Se desarrolla un proceso popular constituyente de carácter bolivariano que tiene como objetivo un gobierno que le de la mayor suma de felicidad a su pueblo, y se elabora una Constitución Bolivariana que exprese esa idea. Esto crea un conflicto político que apunta a la resolución del problema del poder, porque el escenario fiscal, antes descrito, para el financiamiento de los aspectos sociales que obligan a arrebatarle las conquistas de la burguesía nacional y extranjera, consagradas en las leyes de carácter fiscal, alcanzadas en las administraciones CAP-Caldera. Y al mismo tiempo una reestructuración del sector petrolero que acabe con la autonomía de PDVSA, para que sirva de instrumento de desarrollo social. El intento de reestructuración del sector petrolero generó un conflicto en la superestructura política, que estalló de manera abierta y armada el 11 de abril. El conflicto se presenta en dos sentidos:

i)         Conflicto entre la legalidad institucional de la IV República, que se prolonga en la Quinta, y el intento de creación de una nueva institucionalidad derivada de la nueva Constitución.
ii)                  La elevación de la confrontación de masas, estimulado por los sectores golpistas, opera como un elemento con mucho más dinamismo que las reformas legislativa necesarias para darle vialidad a los 5 ejes estratégicos propuestos en el programa de gobierno, o para distorsionar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana.

            En el caso del conflicto político institucional, caracterizado por la confrontación política convencional en el seno de los foros parlamentarios, no se ha pasado, por parte de los diputados bolivarianos, de la representación convencional tradicional de la IV República, a ser un foro donde la participación organizada del pueblo refleje la conciencia adquirida por las masas, y la representación parlamentaria acelere las decisiones sin desviaciones políticas, que conduzcan a desmotar las conquistas neoliberales en materia fiscal, financiera y petrolera que ya se hacen pesadas para el desarrollo del contenido de la institucionalidad bolivariana.
            La movilización política del pueblo se ha ido transformado de manera cualitativa y cuantitativamente en ambos bandos. La confrontación de masas como ya lo hemos señalado ha pasado a formas de lucha de carácter armado de baja intensidad con apoyo de componentes fundamentalmente policiales, como punta de lanza en la confrontación de masas, como lo evidenció el golpe de 11 de abril.
            Por parte de los sectores bolivarianos se evidenció que se ha avanzado en el grado de conciencia política y organización de la población. El pueblo ha asumido como propio el Proyecto Bolivariano. Ha demostrado que es capaz de movilizarse en la defensa de su Proyecto Bolivariano. Ha demostrado que es capaz de movilizarse en la defensa de proyecto de manera decidida y a costa de sus vidas. La capacidad de respuesta masiva con orientación política, es en corto tiempo. Reconoce a sus enemigos, y define objetivos políticos dentro de sus organizaciones populares autónomas. En escasas 4 o 5 horas se movilizaron hacia Miraflores más de 40.000 personas, donde inclusive colaboraron de manera espontánea en su movilización, las líneas de carritos por puestos del oeste. Participó en las movilizaciones alrededor de las guarniciones más importantes del país a exigir pronunciamientos a los jefes militares, y la devolución de su presidente. Todo esto sin una organización popular armada. Lo que creemos significa, que este pueblo está decidido a conquistar todos los objetivos de desarrollo y bienestar trazado por la Constitución Bolivariana.
            Esta separación que se observa entre las aspiraciones de las masas, y en la lentitud institucional, es al mismo tiempo la separación entre la organización política y representada en la Asamblea Nacional, y el pueblo. Al mismo tiempo revela la inexistencia de una vanguardia que sea el vínculo entre el jefe de estado como el máximo líder del proceso revolucionario y el pueblo, que tenga la claridad necesaria para ejecutar la acción  definitiva que resuelva el problema del poder y en consecuencia, poder llevar a cabo la tarea de desarrollar el contenido de la revolución plasmada en la constitución, por medio de los factores de poder económico, político y militar, y ponerlos verdaderamente al servicio de la sociedad venezolana, como única garantía para el desarrollo del proceso revolucionario bolivariano y construir un gobierno que le dé “la mayor suma de felicidad a su pueblo.”
            Este es el punto cardinal que determinó la conducta de la dirección política del MVR parte fundamental de la dirección del proceso revolucionario. Esta separación entre las masas  con un grado más elevado de conciencia y unos representantes rezagados sumidos en la inercia institucional, comienza a generar conflictos. Las masas revolucionadas y las masas institucionales, se enfrentan al no tener vínculos orgánicos, que resuelvan el conflicto. La forma espontánea en la que las Organizaciones Autónomas Populares actuó y actúan sin vacilaciones en defensa de la constitución y las leyes de la habilitante, es expresión de la inexistencia de una vanguardia que entienda que está en juego, no solo la revolución bolivariana, sino el poder mismo. Su incapacidad argumental para hacer comprender a ese a ese pueblo, que se inmoló en los días 11, 12 y 13 que a pesar de estar en el gobierno no tenemos el poder, mostró, en los hechos, que estaba por producirse un enfrentamiento entre los miembros de la Asamblea Nacional del sector bolivariano, y sus propios representados como lo han demostrado los últimos acontecimientos que se desarrollaron en los  alrededores del Capitolio.
            El regreso del presidente después de las grandes movilizaciones populares en unión a las guarniciones leales al Gobierno, ofrece la oportunidad para apreciar la verdadera comprensión por parte de los conductores de la revolución. Una demostración de poder  clara de parte del proceso revolucionario, con el consiguiente aumento de la popularidad de su máximo líder, contrasta con las medidas de política económica y el cambio de gabinete tomadas por el presidente de la república, así como la consolidación del sector golpista de la petrolera estatal en su Junta Directiva. Esta conducta es una demostración de lo que venimos sosteniendo. La dirección del proceso político revolucionario no ha entendido que el conflicto por el poder sólo se resolverá a favor nuestro con la ejecución de un proceso insurreccional que permita la toma del poder. Esta oportunidad se abrió el 11 de abril y días subsiguientes, cuando el pueblo salió a las calles, a asediar las fortalezas militares a exigir de sus comandantes el pronunciamiento a favor del presidente secuestrado. Que en el caso  de Maracay con el General Baduel se llegó a una unidad entre el pueblo y el ejército dentro de un proceso insurreccional.
            En esa oportunidad la insurrección popular fue de carácter prácticamente pacífico pero armada. Se neutralizó la aventura golpista, pero la incomprensión mostrada por la dirección política al regreso del Presidente de la República, los llevó a ejecutar casi todos los objetivos del golpe sobre todo en lo que respecta a los de la agenda meritocrática de la nómina mayor de PDVSA, así como también, el cambio del gabinete, y el cambio de la política económica que había comenzado con la devaluación encubierta, el 12 de febrero. Dando de esta manera la razón a la reacción golpista.  Todo esto sucedió después del triunfo espectacular del pueblo y el ejército en una acción insurreccional organizada por el pueblo.
            Podemos señalar como elemento que revela esta apreciación, la participación de dirigentes nacionales en la disuasión de los sectores populares que deseaban romper el bloqueo comunicacional ejecutado por los medios de comunicación. Esta acción que hubiera conducido a la toma de los canales de televisión por el pueblo organizado, junto con los dirigentes nacionales, hubiera puesto al descubierto, en el acto, la actividad golpista de los medios durante los días 12 y 13 con el apoyo que le dieron al dictador Carmona, y la política de incitación al odio contra los círculos bolivarianos que produjeron los locutores y periodistas en los momentos en que el Presidente Hugo Chávez era mantenido secuestrado, por los golpistas.
            Estamos, en consecuencia, ante una dirección que no está dispuesta a comprender que la situación actual de confrontación va mas allá de las posibles modificaciones, entregas o concesiones que se le puedan hacer a los sectores reaccionarios e imperialistas y sus socios criollos. Ya se abrió la confrontación por el poder. Ellos quieren eliminar la constitución y apropiarse de la energía, agua, la biodiversidad y demás materias primas y ya el Comandante Hugo Rafael Chávez ha demostrado la dignidad necesaria para llevar hasta el final la liberación definitiva del pueblo del yugo del Capital. ¡No hay vuelta atrás! ¡Patria Socialismo o Muerte!














BIBLIOGRAFÍA


BCV. Informe Económico, 1989
Silva Michelena, José Agustín. Cambio Político en Venezuela, Crisis de la democracia. Cuadernos del CENDES No. 10.Número especial 27/28 Febrero. Segunda Ëpoca, Enero-Abril 1989
Furtado, Celso.
Carlos Lazo. Importancia del desarrollo de la línea electoral como táctica ofensiva de carácter masivo, como acelerador estratégico hacia el desencadenamiento histórico.
Informe Especial para la Asamblea Nacional Extraordinaria. Valencia, 19 de Abril de 1997
Lazo Rivero Carlos Armando. Argumentos.
Poléo Víctor. El Golpe fue Petrolero.
Neuberg, A. La Insurrección Armada.
MBR-200, Dirección Nacional. Análisis Político de la Situación Actual y Propuesta de Acción para la Coyuntura.
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[1] En la V República la decisión de los parlamentarios de desarrollar asambleas revolucionarias parlamentarias en la comunidad, es un paso importante para pasar de la cultura política de la representación, que se estaba prolongando en la V República, a la cultura política de la participación.
 [2] Nos referimos a la rebelión popular que se produjo el 27 de Febrero de 1989 que se llamó posteriormente el Caracazo.
[3] Lazo Rivero Carlos Armando, Argumentos. Pag. 1
[4] En la V República, se elimina el monopolio de los partidos políticos, como único instrumento de acceso al  poder, y se establece en el artículo 67 “¨…Los ciudadanos y ciudadanos, por iniciativa propia, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas….”
[5] Rebelión Militar liderizada por el actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías, la cual logró un triunfo político dentro de su derrota militar.
[6] Rebelión Militar liderizada por el Almirante Gruber Odremán, la cual fue derrotada política y militarmente.
[7] Silva Michelena, José Agustín, Cambio Político en Venezuela, Crisis de la democracia, pag. 20
[8] Silva Michelena, José Agustín. Cambio político en Venezuela, Crisis de la Democracia, pags. 22-23
[9] Furtado, Celso.
[10]En 1961 se realiza el IV Congreso de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, evento en el cuál se produce el deslinde entre los comunistas-socialistas (PCV-MIR), el centrismo expresado en URD y el ala adeco–copeyana. Al respecto Urquijo (2000, p.28) señala que antes del IV Congreso en el Comité Ejecutivo de la CTV se presentaba la siguiente correlación: siete pertenecían al bloque AD (5)-COPEI (2), tres al PCV, dos de URD y dos de las fracciones disidentes de AD (MIR-ARSistas25). El Congreso de la CTV expulsa a los siete miembros disidentes y consolida una dirección sindical Adeco-copeyana.”
[11]  BCV, Informe Económico, 1989
[12] Poléo Victor, El Golpe fue Petrolero
[13]  Cuadernos del CENDES No. 10.Número especial 27/28 Febrero. Segunda Ëpoca, Enero-Abril 1989. Pág. 22
[14] Cuadernos del CENDES No. 10. Número Especial 27/28 Febrero. Segunda Epoca, Enero-Abril 1989. Pág. 35
[15] Nos referimos a la marcha convocada por Acción Democrática. La cual fue enfrentada por las organizaciones populares de primera línea en el enfrentamiento de masas. Aquí participó fundamentalmente las brigadas del 23 de enero
[16] Acosta Chirinos y Arias Cárdenas,  fundadores del MBR-200 y participantes en la insurreción militar del 4 de febrero, han decidido volver a las filas de la Revolución Bolivariana, producto de rectificaciones en sus posiciones políticas, y su cercaía al Presidente Comandante Hugo Chávez Frías. El Comandante Francisco Arias Cárdenas es ahora nuestro representante ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y tendrá la responsabilidad de neutralizar las acciones del Gobierno del presidente Bush, contra el Gobiernolucionario Bolivariano en esa organización.
[17] Empresario de seguros.
[18] Fue el lugar desde el cual, se desarrolló la defensa principal del Palacio de Miraflores, contra el asedio de la Policía Metropolitana que estaba implicada en el golpe, y grupos armados enemigos de la revolución. Su objetivo era desalojar a la población que manifestaba en apoyo del Gobierno Revolucionario Bolivariano, en los alrededores del Palacio de Gobierno.
[19] Neuberg, A. La Insurrección Armada, pág. 19, Editorial Fontana
[20]  MBR-200, Dirección Nacional Político de la Situación Actual y Propuesta de Acción para la Coyuntura,
   Informe Especial para la Asamblea Nacional Extraordinaria. Valencia, 19 de Abril de 1997.
[21] Ibid., Pág.10
[22] Lazo, Carlos. Importancia del desarrollo de la línea electoral como táctica ofensiva de carácter masivo, como acelerador estratégico hacia el desencadenamiento histórico.” Pág. 5 y 6-
[23] Fundamentalmente por a) las rebajas de las tasas del impuesto sobre la renta y la reducción de los estratos de ingresos, b) por la aplicación del cálculo del ajuste por inflación que hace que el sistema financiero y los grandes capitales paguen impuestos mínimos, c) La disminución de la tasa de impuestos sucesorales, d) la política de evasión y elusión de impuestos de las grandes empresas.