1. El estado y la institucionalidad en la democracia
representativa puntofijista.
La Democracia Representativa fue la forma de
gobierno del Estado en la
IV República. A partir del establecimiento del Pacto de Punto
Fijo, se hizo de los partidos políticos
la única vía de acceso a los cargos de representación popular, en consecuencia,
monopolizaron el acceso al poder. Además, el Estado asumió el roll de promotor
y actor del proceso de desarrollo económico y distribuidor de la renta
petrolera. Estas líneas generales constituyeron los perfiles generales del
discurso “modernizador” en el país del pacto de Punto Fijo. La idea de
que Venezuela avanzaba gradual pero sostenidamente hacia la modernidad, se
mantuvo hasta finales de la década de los ochenta. Con la explosión social
denominada el Caracazo, rebelión popular que se desarrolló el 27 de febrero de
1989, comenzamos a transitar una nueva fase histórica.
La base desde
la cual se establece la legitimidad de las instituciones en cualesquiera de las
organizaciones basadas en la democracia, es precisamente, el poder colectivo
que se manifiesta en el concepto de soberanía popular. El proceso de
representación en un sentido estricto, ha sido desarrollado, en la práctica política en Venezuela, por la democracia
puntofijista, hasta hacerlo transitar a su contrario: el despotismo. La
proposición que hemos desarrollado en la Constitución de la República Bolivariana, pretende revertir el proceso que nos
llevó a una democracia autoritaria y de partidos, cerrando el paso a la
comunidad organizada, y a la soberanía popular.
¿Cómo
funciona este proceso de apropiación-expropiación de la soberanía popular por
parte de las cúpulas partidistas, en una democracia representativa?
Trataremos de explicarlo de la siguiente manera: mediante el
voto individual cedemos a un ciudadano la capacidad de representarnos en el
ejecutivo: Presidente, Gobernador o Alcalde. En el poder legislativo:
parlamentarios, en el caso del Congreso Nacional en la IV República, y
Asamblea Nacional
en la V República;
a los Consejos Regionales de los estados y Concejales, en los Consejos
Municipales. Por otro lado, cada uno de los ciudadanos que se postula como
candidato, a los cargos de representación popular antes mencionados, espera
atraer los votos de la máxima cantidad de electores de sus circunscripciones, a
fin de obtener la mayoría, para así, llegar a ser sus representantes.
Cuando
el ciudadano vota en forma individual y secreta, lo hace en una reflexión
íntima de conciencia individual, pero lo que esta haciendo es sellar una
relación individual con su representante.
En ese momento desaparece su inclusión en un campo más amplio de sujetos, de la
sociedad en su conjunto. Es el colectivo que, individualizado, vota por su
representante. En la IV República la soberanía
popular es transferida voto a voto al representante. En el momento del voto el
elector es expropiado de su unidad de poder colectivo, que es su unidad de soberanía. El representante que elegíamos bajo
esa forma de delegación de la soberanía popular mediante la institución del
sufragio, se transformaba en la práctica, mediante el marco legal que norma las
relaciones entre el ciudadano y sus representantes, en el portador de esa
soberanía. De ahora en adelante, el colectivo que dio origen a esa soberanía
queda subsumido en la ley, y se hará preeminente el individuo como poder, sobre
ese fondo colectivo que le dio origen. En el caso del poder ejecutivo la norma
jurídica potencia esta preeminencia del poder individual sobre fondo del poder
colectivo que le dio origen. En el pacto constitucional que sirve de plataforma
al ordenamiento jurídico y establece la forma que tiene la república, las minorías
deben aceptar a ese representante como su representante, es decir, el
Presidente de la República
es el Presidente de todos los venezolanos.
Todo
este proceso es ocultado, pues el colectivo desapareció, y en su lugar, sólo
aparece el individuo que ahora es el
representante, que se arrogó para sí, todo el poder del colectivo a
través del sufragio, que es un proceso de institucionalización e
individualización de ese poder colectivo. Además, esa parcialidad política aparece
ahora abarcando toda la estructura social a través del estado, imponiéndole al
resto del colectivo sus intereses y puntos de vistas que corresponden a la Visión Ideológica (VI) de la parcialidad política que detenta el poder. Los
instrumentos específicos para ese propósito son: la Política Económica (PE) y las Políticas Públicas (PP).
Cuando hablamos de
institucionalización e individualización del poder colectivo, estamos diciendo
que, lo que conocemos como forma del poder es la institución. Entonces, la
institucionalidad es una relación de poder. Esta relación de poder se establece
y abarca el todo social, pero en la forma de relación entre individuos. Del
representante con sus representados. Y esa estructura de poder se reproduce en
el individuo. Llegamos entonces al sujeto que fue despojado de su unidad de
poder colectivo. Y fue transferida
al representante, el cual se apropia de toda la soberanía y aparece con un
inmenso poder individual, sobre el fondo
del poder colectivo, que individualizado, desaparece y enfrenta íngrimo y solo,
el poder del estado. Desaparece de su conciencia el otro, que es igual a él. El
individuo solo tendrá como referencia de su inclusión en la sociedad, a aquel
que eligió como su representante. Y en aquello distante, que llama Estado, y
que, para el individuo aislado dentro
de la institución, está encarnado u objetivado en el Jefe.
Este aislamiento entre los
individuos se concreta dentro de la institución porque las relaciones que
prevalecen, son las verticales, Jefe-subalterno, las horizontales desaparecen
no intervienen en la toma de decisiones. La solidaridad entre los individuos, se
hace clandestina, desaparece del mundo convencional, y cada quien debe
defenderse por si solo de las injusticia. Se desarrolla en el individuo una
estructura despótica en su conciencia, temor a la sanción por expresar la
solidaridad. De aquí en adelante es el sindicato el que se encarga de los
reclamos, que en si, y para si, tiene la misma forma de la representación.
Aparece de esta manera, una
distancia entre los individuos, como práctica diaria, aparece el
individualismo. No nos reconocemos como formando parte del todo social. La
realidad es percibida desde la soledad del sujeto. De esta manera, estamos despojados de nuestro ser social.
Estos diagramas representan la relación
de poder que está presente en toda la estructura social y al mismo tiempo está
incluida dentro de nuestra propia subjetividad. Nuestra conciencia tiene
presente internamente, esa racionalidad de poder, que al mismo tiempo, es
ratificada en el exterior social. Esta simetría e igualdad con el mundo
exterior, hace que aparezca como si
fuese natural. Es aquí donde la política de transformación
revolucionaria de la sociedad, debe abrir dentro del sujeto
un campo de realidad, donde aparezca presente el otro, que la Democracia Representativa,
que posee esta esencia despótica, y la estructura de poder burgués, borraron. Debemos
hacer visible aquello, que por constituir
el sistema de la realidad, que
nos integra a nosotros, no se ve. Descubrir esto, la distancia construida por el poder burgués entre
nosotros, es lo que una acción revolucionaria debe contener como táctica, para reconstituirnos como colectivo. Y descubrirlo, debe realizarse como
práctica cotidiana.
2. La
institucionalidad Capitalista. Plano Fundante
de la Relación de Poder. El Dominio Privado, la relación
de poder en la Relación
de Capital.
La Relación de Poder que
esta presente en toda la estructura social, que se expresa en las instituciones
y constituye el Plano Fundante de la toda la organización institucional de la sociedad,
de la cual hablábamos en el punto 1, se encuentra en la Relación de Capital. El Modo
de Producción Capitalista (MPC), basado en la propiedad privada de los medios
de producción, es el eje central de la organización social, y al mismo tiempo,
el fundamento estructural de toda lo que conocemos como formas institucionales,
desde la institución de la familia, la escuela, la educación, la institución de
la democracia representativa, hasta la estructura jurídica del Estado y toda su
organización.
Desde
esta perspectiva, al analizar
la Empresa Capitalista como Institución, nos
encontramos con una Relación de Poder Institucional, de carácter despótico y privado.
El empresario privado construye un
Dominio
Privado de Carácter Despótico (DPCD). Como la fuerza de trabajo es el
hombre mismo, la voluntad de él está al servicio del propietario, que lo será
del producto elaborado por el productor directo, el obrero. Este dominio que ejerce el propietario de los
medios de producción sobre el productor directo, dentro de un espacio físico
donde él impone su voluntad, está a su vez normado dentro de la estructura
jurídica del estado. La ley es el instrumento que instituye el Dominio y le establece
su privacidad que es excluyente para el resto de los agentes económicos. Ese
ámbito, construido como resultado de la propiedad privada de los medios de
producción, establece un ámbito de poder que está determinado por el dominio de
las condiciones internas, donde el propietario dirige el proceso de trabajo, e
impone su voluntad. Este dominio, es,
en sí, un campo de ocultamiento para
el resto de los individuos del espacio social, y un Campo de Coherencia
para sí. El secreto es compartido sólo por la estructura subjetiva de la
propiedad, los dueños, y ocultado para el resto de los individuos del Dominio:
los productores directos, trabajadores y obreros. La propiedad privada de los
medios de producción actúa como envoltorio subjetivo que impide el conocimiento
directo de la relación a lo interno del Dominio Privado.
El Dominio Privado
de Carácter Despótico, (ver diagrama), en un principio, está determinado
por el espacio físico, las instalaciones, donde el empresario objetiva su
voluntad y se apropia de la voluntad de todos los que trabajan en el lugar donde
se efectúa el proceso de trabajo, estableciendo su Campo de Coherencia. Este
Campo de Coherencia es el espacio de acción, donde el dominio del
propietario decide sobre la voluntad del resto del grupo de individuos que
aparecen como productores directos, los obreros, y los que controlan y
administran la producción: la tecnoestructura administrativa. La voluntad del
obrero es apropiada por la
Voluntad General del Capitalista, que controla la
producción, y la asume para sí, absorbe las voluntades particulares de los
obreros o productores directos en su condición de portadores de la fuerza de
trabajo. A medida que esta unidad de
producción se consolida y crece, en esa misma medida fortalece y expande su
dominio, hasta abarcar esferas más allá del ámbito comercial de la competencia
capitalista. Influye, desde el ámbito de la política municipal, donde se
localiza geográficamente, hasta lograr una influencia determinante en los
diferentes poderes del Estado, constituyendo los Estados Imperialistas actuales.
Su esfera de influencia política llega a ser transnacional, la ITT financió el Golpe de
Estado en Chile contra el Compañero Presidente Salvador Allende. Las
transnacionales petroleras internacionales a través de PDVSA, dirigieron el
golpe de estado del 11 de abril de 2002 y el sabotaje petrolero y el bloqueo
naval contra la revolución bolivariana y el Comandante Hugo Chávez, Presidente del Gobierno
Revolucionario. Los intereses del estado imperialista norteamericano, coinciden
con los intereses de las 500 transnacionales más grandes de ese país,
encabezada por la Nº
1 Exxon-Mobil, en el año 2006.
La
propiedad privada, desde el punto de vista de la clase propietaria en su
conjunto, la Burguesía, construye
y reconstruye un espacio social que está caracterizado por diferentes Campos de Coherencia, donde el
propietario decide sobre la voluntad del resto del grupo de individuos, que
como productores directos, aparecen individualizados durante el proceso de
trabajo. El dominio sobre los productores directos, se establece como una
relación asimétrica: por una parte, el polo de poder dentro del dominio
representado en la estructura de la propiedad, legitimada por el campo
simbólico de la ley, recibe los beneficios de la venta de los productos del
trabajo, y por el otro lado, y durante todo el transcurso del trabajo, la
voluntad de los productores, es orientada a un fin, al
fin del propietario de los medios de producción, la producción de mercancías, y
participan de la venta de la producción como asalariados. La voluntad del
productor directo, el trabajador, es la voluntad del propietario de los medios de
producción que objetivó su Dominio
Privado en su Campo de Coherencia.
Esto
conduce a la desaparición en la conciencia del trabajador, de su pertenencia al
grupo, a ese campo de coherencia colectivo, de la división técnica del trabajo,
que a lo interno del Dominio del propietario de los medios de producción,
transforma la materia prima y produce objetos útiles para la satisfacción de
las necesidades humanas. Es decir, la pertenencia a ese campo colectivo de
sujetos desaparece, y en su lugar aparece la voluntad individual del
propietario. El trabajador incluye en su estructura subjetiva la voluntad e
intención del capitalista, como parte o componente de la suya. La racionalidad
de poder del capitalista aparece en la conciencia ideológica del obrero. Asume
para sí, los valores del capitalista, de su explotador, que se lo impone desde
el dominio que ha hecho de la voluntad del trabajador, olvidándose de su propia
condición de clase. Y por supuesto, del otro que trabaja con el.
Como
dijimos anteriormente, este contorno, construido como resultado de la propiedad
privada de los medios de producción, y que ha establecido un ámbito de poder
que está determinado por el dominio de las condiciones internas donde él dirige
el proceso de trabajo, e impone su voluntad, es, una relación de poder, de
dominio sobre los trabajadores que ejecutan la voluntad del capitalista.
Ahora
bien, solo se establece un Dominio
Privado, después de haber evaluado la rentabilidad de un determinado tipo
de bien. Esta rentabilidad estará determinada, entre otros factores, por la
eficacia de la combinación técnica de materias primas, maquinarias y equipos, y
fuerza de trabajo. En consecuencia, desde este punto de vista, el proceso de
trabajo, las condiciones objetivas del trabajo, el mercado y la rentabilidad,
como objeto de la inversión, están presentes, previamente en la mente de la
estructura subjetiva de la propiedad, con exclusión del trabajo. Es el polo
activo de poder, el que en forma premeditada decide todas las condiciones de su
dominio para objetivar su voluntad en el campo de coherencia donde despliega su
poder, y actúa sobre el productor directo, para asignarle las tareas necesarias
para lograr el fin del capitalista que no es mas que la ejecución de su
voluntad que espera obtener una rentabilidad prevista. El polo que hace posible
la existencia de la rentabilidad, el productor directo, el obrero, ejecuta esas
tareas pero con exclusión de la propiedad. En esto reside la relación dialéctica
entre el propietario y el obrero, en el marco de la explotación capitalista.
La producción
y la reproducción de la relación de poder sobre la clase obrera, por parte de la Burguesía, se ejecuta
como ideología de poder. Esta ideología se encuentra consagrada en la Ley que establece la
institución de la
Propiedad Privada sobre los Medios de Producción. Además, la
ley establece la preeminencia del capital sobre las personas. En la Ley se crea la ficción
jurídica de que la
Empresa Capitalista es una sociedad de capitales y no de
personas. Esto significa que la persona o personas que tengan el mayor
porcentaje de capital dentro de la asociación, son las que asumen la dirección
de la empresa, es entonces una organización despótica vertical donde la
propiedad de unos cuantos capitalistas determinan la forma de vida del resto de
la población explotada. De esta forma toda la estructura del estado se organiza
en torno a esta forma despótica.
La distancia construida por el poder burgués entre nosotros, es entonces derivada
de la susubciòn de los hombres y las mujeres al capital, las personas
desaparecen y lo que es relevante y nítido, es el capital. La realidad
capitalista. El Capital, es el valor maximo de la sociedad capitalista, y el
ordenamiento jurídico está determinado por ese valor. El valor de la Competencia, “igualdad
de oportunidades” y no de condiciones. El Egoísmo, como interés particular del
empresario, como motor estratégico de la asignación de recursos de las empresas
y por ende de la sociedad para obtener la máxima eficiencia, medida por la
máxima rentabilidad; la apropiación de mercados en detrimento del resto,
conduce irremediablemente a la concentración de la riqueza en manos de una
cúpula de empresarios, sobre la miseria del resto de los integrantes de la
sociedad que participan en la distribución del producto total como asalariados.
La Traición
como táctica cotidiana, para la expansión y la consolidación de mercados, y la Angustia de Envidia, no
tener más de lo que los otros tienen, o impedir que los otros tengan lo que yo
tengo, actúa como espuela para la realización de la voluntad. Estos son los
verdaderos valores de la sociedad capitalista. Una sociedad regida por el
capital y no por las personas.
Para entender el proceso de
institucionalización del poder colectivo revisemos la historia reciente que dio
origen al nuevo pluralismo democrático, participativo y protagónico, (Polo
Patriótico, ahora Bloque del Cambio) que surgió a partir del 6 de diciembre de
1998, y estaba siendo desarrollado
desde el parlamento, en una ardua batalla institucional contra los enemigos de
la revolución, para construir las
bases legales de la V
República. Ahora, después del 4 de diciembre de 2005, se
constituyó un nuevo estatus político institucional. La Asamblea Nacional
quedó constituida por la nueva pluralidad política de la Revolución Bolivariana. Y el 3
de diciembre de 2006, obtuvimos una contundente victoria con el triunfo en la
reelección del Comandante Hugo Chávez Frías en la Presidencia de la República, sobre una
oposición golpista debilitada y sin representantes en el parlamento.
Todo comenzó en los hechos, a partir
de febrero de 1989, con la firma de la carta de intención con el Fondo
Monetario Internacional y con todo lo que llevaba de compromisos sobre la
liberalización de los precios, las privatizaciones de todas las empresas del
estado, etc., por parte de Carlos Andrés Pérez,
y la reacción popular del 27 de febrero del mismo año,
comienza un período histórico que nos muestra las razones inmediatas del
agotamiento de la IV República, y específicamente, del pacto
político de Punto Fijo. Pacto
que excluyó al Partido Comunista de Venezuela y a los sectores de la izquierda,
que pretendían un gobierno democrático y popular, sin exclusión de ningún
sector de la sociedad.
La rebelión
popular de Febrero encontró desprevenida, y tomo por sorpresa a la vieja
sociedad de partidos de la IV
republica, y el pueblo asestó ese zarpazo repentino como una hazaña de la historia
contemporánea, con la que se abrió la nueva época de la Revolución Bolivariana
y el tránsito hacia el Socialismo. Este proceso comienza cuando la institucionalidad pierde el
fondo colectivo que le dio origen a toda la estructura política que se había
legitimado desde la constitución de 1961. En los hechos, podríamos situarlo en los acontecimientos, que se produjeron a partir del 27 de febrero de
1989, cuando se iniciaron los
enfrentamientos masivos entre el
pueblo y el ejército, y durante
los años subsiguientes cuando
las protestas populares de todo tipo sumaron algunos miles en las calles de las
ciudades y pueblos de Venezuela. Esta revuelta generalizada y las movilizaciones populares posteriores,
constituyeron un golpe estratégico que recibió el sistema que se originó en el Pacto de Punto Fijo, o, sistema político,
representado por los partidos Acción Democrática y
COPEI, y en un principio URD, pero fundamentalmente
por Acción Democrática quien
durante los 40 años de la Democracia Despótica
Puntofijista, estuvo dirigiendo el curso de los acontecimientos políticos. Los sucesos del 27 de febrero de 1989, fueron el
fin del sistema de pactos y solidaridades del puntofijismo, y con ellos se
rompió el sistema de alianzas clasistas y policlasistas que sostuvieron la IV República.
Podríamos comenzar señalando, que el
27 de febrero de 1989, fue el episodio en
el cual, apareció planteado el tránsito de un ciudadano, miembro de una
organización “estable”, a ser elemento
de una masa espontánea y
desorganizada. Se rompió el campo de paz aparente, expresado en la política convencional, es decir, se rompió la paz aparente en que
vivía la sociedad venezolana. Todas
las organizaciones se resquebrajaron, la sociedad entró en un proceso de
disolución de su mundo político institucional y convencional. Esta fuerza colectiva logró desarticular la
estructura político institucional del Estado. La fractura de las estructuras
políticas fue posible porque los mismos que habían mantenido el estatus
político del Pacto de Punto Fijo a través de la institución del sufragio, se
rebelaron, es decir, las masas
populares. Las instituciones a las cuales habían pertenecido ya no ejercían el liderazgo sobre los ciudadanos que el sistema del sufragio
había individualizado, y menos aún el
control social que habían representado. La racionalidad de poder que está
incluida en el individuo, como ya vimos, se exteriorizo en el proceso colectivo
de rebelión. La fuerza represiva que se dirigía hacia si mismo, dentro esa
estructura despótica interna de la institución ya descrita, ahora se dirigió
hacia el exterior social, pero en forma colectiva. Apareció la violencia
colectiva del pueblo. La rebelión popular. Este proceso fue la respuesta al
carácter despótico y autoritario que había asumido la democracia puntofijista.
La
rebelión popular del 27 de febrero, adquirió una orientación política
definitiva el 4 de febrero de 1992. La conciencia que adquirió el pueblo de su
papel protagónico y participativo en la vida política del país, como consecuencia de las acciones del
27 de febrero y días sucesivos, y durante
los años subsiguientes permitió, que los movimientos políticos como el Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200, y luego, el Movimiento V República, en alianza
con las fuerzas progresistas que venían luchando desde algunas décadas antes, para construir una verdadera democracia
popular, como el Partido
Comunista de Venezuela, el Movimiento al Socialismo -que abandonó el Proceso
Bolivariano y participó en el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002-, y el
PPT, que se formó después de la división de la Causa R que le dio origen,
constituyeron luego el Polo Patriótico.
Todos
ellos, concibieron y escribieron junto con el pueblo, una constitución que
rescató, para el sujeto de esta revolución, el pueblo, la soberanía expropiada.
En su artículo
5 La Constitución
señala:
La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la
Ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos
que ejercen el Poder Público.
Los órganos del estado
emanan, de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Ahora
bien, la cultura política generada
por esta estructura despótica, y que llevó a la rebelión popular del 27 F, estuvo caracterizada por
una actitud pasiva ante los problemas sociales, aun cuando la recuperación de
la conciencia colectiva, como manifestación de la nueva cultura política
comenzó a expresarse en la incorporación masiva a la movilización política de
la población que llegó a su máxima expresión el 13 de abril del 2002.
Esta
relación de poder de la cual hablamos, es decir, la relaciones de poder que se
establecen en la institución, es derivada de la forma originaria de poder
popular que conocemos como soberanía:
“Cuando se produce la Revolución
Francesa, como
consecuencia de los teóricos de la misma, entre ellos Juan Jacobo Rousseau, con
su teoría del contrato social y de la asamblea constituyente, y con la
declaración de Los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, se retoma la teoría de la soberanía y le da forma el Abate Enmanuel Sieyès en la Asamblea Nacional
Francesa, quien explica el poder constituyente y los poderes constituidos, que
le sirvieron de fundamento para la declaración de Los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, y creó el vocablo CONSTITUYENTE, para calificar el poder
perteneciente al pueblo, de constituir la sociedad civil o estado, y darse una
organización política y jurídica.
De esta manera el pueblo se constituye en el soberano y
todas las atribuciones que tenía el monarca, como dueño absoluto del poder,
pasaron a ser detentadas por el pueblo. De tal manera que al ser trasladada
esta soberanía al pueblo en conjunto, lo que constituye la Nación, se creó por medio
de la Asamblea
Nacional Constituyente de 1787, la Democracia Representativa moderna, o sea,
el gobierno del pueblo. Al efecto, es Enmanuel Sieyès, quien le da el nombre de
constituyente a esa asamblea, ya que ella crea el nuevo Estado Francés, y
determina y le da forma al Contrato de J. J. Rousseau."
La Democracia Representativa
de la Burguesía,
en consecuencia, surge en Francia y con ella, la separación de los poderes públicos en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Nuestra constitución agrega, el
Poder Electoral y el Poder Ciudadano, siendo éstos poderes, algunas de las
novedades de nuestra V República, pues ellos son poderes constituidos, todo
ello, consecuencia y derivación de la Asamblea Constituyente,
cuyo origen es el poder popular, en la cual se expresa una correlación de
fuerzas sociales, que enfrentadas, una de las facciones en pugna triunfa, e
impone sus ideas a la totalidad de la nación.
La
organización del estado es, entonces, el campo donde se enfrentan los
diferentes intereses sociales que luchan entre sí, y aparece, en consecuencia,
el campo de la política normado por el sistema jurídico, campo el cual, es, como consecuencia, aquel
en el que las luchas reales dentro de la sociedad, se muestran encubiertas, no
aparecen, en su lugar lo que aparece es la política.
En
la política, uno de los aspectos cruciales es la toma de posición en relación
con la transformación social, por lo
cual es, siempre, la visión parcial desde la cual se aborda el proceso
político y social y se representa como
un todo, como la versión universal sobre la sociedad. He aquí el
problema fundamental. Las soluciones que se plantean aún cuando se proponen
para la sociedad como un todo, obedecen a intereses parciales. Estos intereses
parciales derivan de los intereses en lucha, que están presentes en las relaciones
que establecen los hombres en el espacio de la producción social, donde un
sector de la sociedad, la clase propietaria, que participa de los beneficios de
los ingresos por la venta de los productos o bienes, e impone las condiciones
de la producción al resto de la los hombres y mujeres que participan como
asalariados en la producción total,
define e impone desde esa relación de poder, los privilegios como clase, sobre
el resto de la sociedad, a través del ordenamiento jurídico del Estado, y su
brazo armado el Ejército.
En consecuencia, las organizaciones
políticas representan los diferentes intereses de las personas que de manera
voluntaria se asocian en partidos o agrupaciones políticas que pugnan por el
acceso al poder. Para ello tratan de convencer a la mayoría de su visión sobre la
sociedad y de la manera de resolver sus problemas fundamentales. Esta visión
depende de la posición que establezcan los hombres en relación a la propiedad
de los medios de producción. O estos medios se encuentran en manos de una
minoría, que decide de forma privada, sobre la producción y la distribución del
excedente social, o están en manos de la sociedad y la producción y la
distribución del excedente social se deciden en relación a los intereses de la
sociedad en su conjunto. Estas dos posiciones son las formas principales y
antagónicas desde la cual se percibe el reparto del excedente social. Las visiones
ideológicas que se acercan a estos dos enfoques principales y contradictorias,
constituyen matices dentro del espectro ideológico y político.
El basamento convencional de la
actividad política en la IV República
lo constituyeron los partidos políticos, y se transformaron en los únicos instrumentos de acceso al dominio
de las instituciones desde donde se ejerce la soberanía del pueblo. La política
desde ésta perspectiva, aparece mediando, a través de las organizaciones
políticas, entre los intereses de los diferentes sectores sociales y
económicos, por una parte y los poderes públicos por la otra. Esta mediación aparece
presente en todo el ámbito de la sociedad, pues el estado regula todas las
actividades e instituciones. El partido, o sea, la organización política, siendo parte del todo social
intenta dar respuesta a los problemas de la sociedad como un todo, desde las
dos posiciones principales y contradictorias y sus matices.
Estas
son, entonces, algunas de las razones
por las que, la
praxis política se desarrolla siempre,
a partir de una visión del mundo y de la sociedad. Por lo tanto, la política es una forma
parcial desde la cual se abarca la totalidad, y se trata de dar repuestas a la
sociedad, e imponer soluciones al resto de las parcialidades, a través de los
poderes del estado, desde los
cuales se ejerce la soberanía del pueblo, y la manera convencional que se ha
adoptado para ello en el sistema de la democracia formal y representativa, es
el sufragio universal, directo y secreto, y el acceso no convencional, no electoral, está determinado por las diferentes vías
fuera de esa legalidad convencional.
La Estabilidad y el Consenso
forman, entonces, un campo regido por las leyes del estado cuya expresión es el derecho. Este es
un Campo Simbólico, de Consenso y Estabilidad, es un campo donde la paz aparece
como el estado natural. El conflicto es un aspecto regulado por el estado y
tiene también sus mecanismos de control y reglamentación, de manera que este
conflicto es también consensual, y es así, para que no se generen situaciones
de violencia, que caerían fuera del conflicto-consensuado, pues en este momento aparecería la
violencia y también el brazo armado del Estado, siendo la violencia
monopolizada por el Estado, la que va a preservar, por la fuerza, la
estabilidad y forzará el consenso. El convencimiento por parte de los
individuos que forman la sociedad, de estas reglas, es lo que denominamos el
mundo convencional, o Lo Convencional.
Estabilidad y Consenso, son los
parámetros donde la política juega el papel de mediación entre los diferentes
sectores e intereses que tratan de acceder al poder para imponer su voluntad,
al resto de la sociedad. Desde esta perspectiva, podemos considerar a la
política como un campo aparente de paz, un campo de negociación, al cual el
Estado le impone los limites a su actuación.
El
Estado, en virtud de este consenso, aparece como si estuviera aislado,
divorciado del resto de la sociedad, neutral,
o bien, como un tercero
que arbitra entre los opuestos, y que
tiene como función la de establecer
un equilibrio entre aquellos que se enfrentan en el campo de lo social, por una
parte la sociedad civil y por otra el Estado con su organización. Esta
neutralidad del estado, como aparente
representación del todo social, apareció como tal, o se presentó, como pura
apariencia, en el pronunciamiento militar del 4 de febrero de 1992
y del 27 de noviembre del mismo año,
cuando el Estado apareció
enfrentado a los que se le oponían a él, en tanto que una de las facciones el
Movimiento Bolivariano 200 (MBR 200) y el Movimiento 5 de Julio, que desarrollaban
el intento de acceso al poder por la vía de la fuerza, por medio de una
rebelión militar, fueron vistos, catalogados,
acusados y definidos, como opuestos a la totalidad de la nación.
La existencia dentro de la conciencia de la ciudadanía de
esta apariencia de neutralidad, es lo que permite actuar políticamente en
nombre de todos los ciudadanos para enfrentar la subversión y por lo que se les exige su apoyo a todas las instituciones. Todos vimos, el 4 de
febrero de 1992, como fueron apareciendo cada uno de los voceros de las
instituciones de la sociedad apoyando al sistema democrático, reconociendo con
ello, la existencia del estado como representante de todos los individuos de la sociedad. Es síntoma del tipo de política de la V República, y de la
relativa debilidad del estado y de sus instituciones que, no haya ocurrido lo mismo hasta el presente con la actual oposición Venezolana. Nunca ha habido un pronunciamiento
categórico de condena a los golpistas del 11 de abril de 2002, por parte de las
organizaciones de la oposición. Al contrario, la oposición golpista ha lanzó
como factor de unidad para las elecciones del 3 de diciembre del 2006 a uno de los firmantes
del decreto de Carmona, Manuel Rosales, gobernador secesionista del Estado
Zulia, de esta manera intentaron, con la excusa de las elecciones, un nuevo zarpazo
imperialista, por la vía de la violencia, pero fueron neutralizados y
derrotados.
3. La Ofensiva de Masas, el Poder Popular, y la Institucionalidad.
Cuando hablamos de Poder Popular,
nos estamos refiriendo a un concepto político que implica un estado de conciencia, donde el
individuo está incluyendo dentro de su estructura subjetiva, además del otro
que es igual a él, el significado de: a) la fuerza colectiva de la
concentración de masas; b) la movilización; y c) la dirección política. Estos
aspectos del conocimiento por parte del individuo, aprendido de forma colectiva
en el proceso de la lucha política reciente, como experiencia vivida de forma
individual, pero como miembro del colectivo en la ofensiva de masas desplegada
durante el intento de golpe de Estado y el paro petrolero, forman parte del
aprendizaje hacia la construcción de una conciencia del Poder Popular.
Por otro lado, la
rebelión popular del 27 de febrero de 1989, el Caracazo, adquirió una
orientación política definitiva el 4 de febrero de 1992, ya que la irrupción en
el escenario político institucional intentando la ruptura del estatus logrado
por el Pacto de Punto fijo, para su transformación, logró convertir al
Comandante Hugo Chávez Frías y al MBR – 200, hasta la constitución del MVR como
movimiento táctico electoral, en una expresión política nueva que lideró y
lideriza amplios sectores populares.
La
importancia histórica de este hecho, a nuestro juicio, es que esta rebelión
militar se reveló como la expresión política del estallido del 27 de febrero,
el cual señaló el agotamiento del modelo político que se construyó a partir de la Constitución de 1961,
la cual consagró la transferencia de la soberanía popular al representante, y
el monopolio de los partidos políticos como instrumentos únicos de acceso al
poder por la vía electoral. El resultado de la unión de estos dos hechos, 27 de
febrero del 89, y 4 de febrero del 92, constituyen la síntesis de un proceso de
luchas populares que venían desarrollándose desde las primeras décadas
tempranas del siglo XX en nuestro país, que apuntaban a la formación del poder
popular, y la construcción de un gobierno democrático y popular con acento en
la participación protagónica del pueblo.
Otro
de los aspectos relevantes desde la perspectiva internacional, es que a partir
de la derrota de la
Unión Soviética en la Guerra Fría, se produce una profundización de la
ofensiva internacional del Capitalismo Monopolista Internacional, para apropiarse
de las industrias estratégicas y de la energía, utilizando la propuesta
neoliberal como nuevo paradigma ideológico de dominación y subordinación
abierta, representados en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el Fondo
Monetario Internacional, (FMI). En la IV República, esta política del imperialismo fue
ejecutada por los Gobiernos de Carlos
Andrés Pérez con la política económica esbozada en el documento titulado “Gran Viraje” y Rafael Caldera con la “Agenda
Venezuela.” Este fenómeno político, económico y cultural se ha denominado
Globalización Neoliberal Imperialista, que está siendo impuesta a sangre y
fuego, para tratar de construir un mundo homogéneo, y unipolar, de la cultura
del Libre Mercado, tratando de borrar las diferencias expresadas en la
universalidad de la cultura humana, que se corresponden a un mundo multipolar.
Si
tomamos en cuenta que el resquebrajamiento de la Institución Militar
y los pronunciamiento a que esto condujo durante el año 1992, activaron los
mecanismos constitucionales para defenestrar Pérez, y detener un proceso de
radicalización creciente que se venía profundizando en la sociedad venezolana,
acompañado esto por grandes movilizaciones populares, en torno a sus
organizaciones derivadas del primer estallido (27 F), debemos concluir, en
una primera aproximación a la interpretación de estos hechos, que el impacto de
la rebelión del 27 Febrero determinó el desencadenamiento de los hechos
posteriores que condujeron al triunfo electoral del 98, triunfo que señala el
comienzo de una nueva etapa histórica en la construcción de una sociedad mas
justa.
El
desencadenamiento de los procesos de luchas populares a partir de la rebelión
del 27 F
produjo la respuesta del estatus para tratar de detener el curso de la
construcción de este Poder Popular de los cuales podemos señalar los
siguientes:
- la intervención de la Fiscalía, la Corte Suprema
de Justicia y el Congreso Nacional para la defenestración del Presidente
Pérez y la designación de J. R. Velásquez como Presidente Encargado, con
el objetivo fundamental de conducir al país a las elecciones, actuaron
como factores que institucionalizaron la rebeldía popular y la
transformaron en un torneo electoral, logrando objetivamente, la
separación de las organizaciones que venían liderizando el desarrollo de
esas movilizaciones populares, de las masas que liderizaban, y de las
organizaciones entre sí, porque no hubo acuerdo en torno a un candidato
único. Recordemos que los últimos meses de la campaña electoral del año
1993, estuvieron signados por una situación de tensión, producto de la
actividad represiva contra el MBR-200 y otras organizaciones políticas
tildadas de subversivas, creando un ambiente de golpe de estado contra la Causa R y su
candidato Presidencial Andrés Velásquez, golpe de Estado que se produciría
el 3 de diciembre de ese año, y se concretó con el robo de las elecciones que
le hicieron al candidato de la
Causa R, Andrés Velásquez, como lo señaló el propio
Carlos Andrés Pérez años mas tarde. Andrés Velásquez, ahora unido a sus
verdugos golpistas.
- El ascenso de Rafael caldera al poder con su
discurso en el congreso justificando la rebelión militar del 4 de febrero,
y su posición anti-neoliberal aparente, en un principio, el enfrentamiento
con los banqueros, y la liberación de los militares presos, entre ellos el
Comandante Hugo Chávez, generaron una situación post electoral donde se
restablece el clima político y militar de paz aparente, que se traduce en
un descenso notable de las movilizaciones populares.
- La Causa R en el Congreso, no logra reinsertarse en el seno de
las masas, perdiendo la iniciativa que había logrado durante los
enfrentamientos que se desarrollaron durante el gobierno de Pérez.
- Como consecuencia de ello, disminuye su capacidad de
convocatoria y establece una política a lo interno del parlamento, al
ocultamiento institucional. La
Causa R desarrolla, fundamentalmente, la política en el
seno del Congreso, y descuida el fortalecimiento y expansión de las
movilizaciones populares como fundamento y apoyo a su participación en el
marco institucional.
La
institución, en este caso, transformó el desarrollo de una política de masas
que se expresó de una manera clara en la calle, en masas institucionalizadas e
individualizadas, separando a los individuos y debilitando el poder popular. En
consecuencia, el movimiento popular pierde fuerza, entra en reflujo, y la
discusión política transita de la expresión de masas organizadas, al
ocultamiento institucional. El individuo, se refugia en su individualidad, y se
hace preeminente el poder individual del representante, sobre el colectivo que
le dio origen. Desapareciendo la Fuerza Colectiva Organizada (FCO), que en forma
de soberanía le fue expropiada a cada ciudadano a través del voto, y fue
transferida a sus representantes.
En
consecuencia, el proceso electoral, en general, y específicamente, en los
regímenes de Democracias Representativas, donde se transfiere la soberanía al
representante, decimos, es un proceso de institucionalización creciente de las
luchas sociopolíticas. Transforma las luchas sociales y políticas de masas en
masas artificiales o institucionalizadas, la rebelión se institucionaliza y se
readapta las normas establecidas. La formulación estratégica de una política
que tome en cuenta de movilización, debe mantener la ofensiva popular como eje
central, de la política general de profundización y construcción del Poder
Popular en la
Democracia Directa o Participativa, y la defensa de la Revolución Bolivariana
y Socialista.
3.1 La Revuelta del 27 de febrero. La fuerza de la movilización de masas.
La
comprensión de la importancia de la movilización de masas y del Poder Popular
que ello representa, podemos extraerla de lo que fue la experiencias de la
revuelta del 27 de febrero de 1989, señalamos ésta, porque es la mas cercana, y
fundamentalmente, porque la participación y protagonismo popular del pueblo, fue
realmente masiva y trastocó el sistema socio político venezolano, produciendo
la irrupción de nuevos factores políticos, como el Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200 (MBR-200), que se constituyó en una guía de las acciones
políticas del pueblo, en este caso, una
vanguardia surgida de los cuarteles.
Podríamos
comenzar señalando que el 27 de febrero, como ya lo dijimos, fue el momento en
el cual apareció planteado el tránsito de un ciudadano “estable” a elemento de
masa espontánea y desorganizada. Se rompió el campo aparente de paz, expresado
en la política convencional. Las organizaciones sociales se resquebrajaron, la
sociedad entró en un proceso de radicalización y disolución del mundo político
convencional, por espacio de días, dejando una secuela de escasez y
desesperanza, emergiendo luego nuevas formas de organización y de protestas, en
el mundo político institucional, en el mundo convencional del conflicto
consensuado.
Después
del 27 de febrero, la actitud y el comportamiento de los partidos políticos,
sindicatos, iglesia, y demás instituciones sociales y políticas, así como
también las clases sociales que se formaron durante 20 años de un clima social
de estabilidad y consensos institucionales producidos por el Pacto de Punto
fijo, se trastocó. La alteración de la estabilidad, o ruptura del mundo
convencional, subversión o rebelión popular, fue el hecho colectivo que se
expresó con violencia, que aún cuando no fue motivado desde las organizaciones políticas,
tuvo implicaciones en esta esfera de la vida social, y provocó un impacto en
los años posteriores en las organizaciones e instituciones de la vida
sociopolítica.
La
campaña electoral del año 1988 no vislumbraba un estallido social de esa
magnitud. La tranquilidad política de los últimos 25 años, mantuvo en un estado
de alerta pasiva a los organismos de seguridad del Estado. El ejército
transitó, de la década de los 60s, periodo en la cual la política básica era la
contrainsurgencia, dentro de la política de “contención al comunismo y al socialismo” del imperialismo
norteamericano en el contexto de la Guerra Fría, y en consecuencia, las unidades de
èlite estaban configuradas bajo esa orientación, transitó, decimos, a un estado
de alerta internacional por una posible guerra con Colombia.
Derrotada
la subversión que caracterizó la década de los 60s, liderizada por el Partido
Comunista de Venezuela, y en un segundo plano, el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, la contrainsurgencia como política de Estado, perdió
importancia. En los partidos de “vanguardia” la política asumió una forma
convencional en el campo aparente de paz del mundo político convencional, basada
en un discurso político y social sobre el fondo de la legalidad establecida por
los vencedores. Se transitó de una actividad política de carácter popular, y de
combinación táctica de diferentes formas de lucha, entre ellas la lucha de
masas, la lucha armada, acciones militares de masas, tomas de barrios, lucha
sindical, etc., a una política basada, fundamentalmente, en el acceso al poder
por la vía electoral. El desarrollo de la actividad política, en consecuencia,
se centró en su crecimiento electoral, asumiendo por entero, en esta práctica
política, las reglas del mundo político convencional impuestas por los
vencedores, a través del Estado y su brazo armado el Ejército. La política desde esta perspectiva, aparece
como la continuación de la guerra.
3.2 Algunos antecedentes
históricos de la crisis política. El Pacto de Punto Fijo.
La
sociedad venezolana seguía descomponiéndose, los cambios cualitativos que
venían acumulándose desde las primeras décadas del siglo pasado, en un proceso
de crecimiento del capitalismo periférico, en su etapa neocolonial,
construyeron las bases de la desnacionalización del país y su incorporación al
comercio internacional subordinados al imperialismo norteamericano. Según la
investigación del CENDES, “Crisis de la Democracia” en sus
página 22,23, señalaron que los
integrantes de esta nueva èlite gobernante no podían cambiar al país hacia una
economía capitalista independiente y nacional, pues no tenían ni la cultura
necesaria y eran muy débiles económicamente, tal es así, que se instala, sin
competencia nacional, el enclave petrolero que desplaza a la burguesía
nacional. “Estas eran las condiciones
casi perfectas para que se estableciera sin competencia alguna, una economía de
enclave, con una explotación cuya complejidad tecnológica y volumen de capital
estaba muy por encima de lo que los capitalistas criollos podrían siquiera
imaginar.”
El retorno monetario de la explotación petrolera en Venezuela, eran
prácticamente, los sueldos y salarios que pagaban en el país, las compañías
petroleras. La burguesía nacional se
dedicó fundamentalmente al comercio, a la importación y a la especulación de
tierras urbanas, y las operaciones financieras que recién se iniciaban. Se
constituyó una burguesía subordinada, al capital petrolero internacional. Sin
capacidad de dirigir un proceso de industrialización independiente. Bajo estas condiciones, se
constituye la democracia representativa después de la caída de la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez. En estas
circunstancias, se acomete el proceso de sustitución de importaciones. Los
empresarios venezolanos en la medida que avanzaba el proceso de sustitución de importaciones, “son menos venezolanos y menos fuertes.
Menos venezolanos porque es una tendencia clara que la industrialización se
hará con mayor participación de las grandes corporaciones norteamericanas, ya
que la burguesía venezolana,..., no tiene la capacidad técnica, ni el “espíritu
empresarial”, ni el nacionalismo suficiente como para capitanear el proceso de
industrialización que se hace tecnológicamente más complejo. En consecuencia se
está iniciando la caída hacia la desnacionalización....en una primera fase los
capitalistas se combinarían con los grandes monopolios norteamericanos, quienes
rápidamente, pasarían a dirigir el proceso y a absorber así todas las
industrias livianas, como por ejemplo, las industrias del tabaco, ron,
alimentos, etc. Las industrias más complejas (intermedias y pesadas) se
establecen acudiendo las fórmulas mixtas, según la cual habrá participación
paritaria del Estado y de los monopolios norteamericanos; probablemente la
burguesía permanecerá al margen de este proceso. En una etapa ulterior es posible que el estado
venda todo el complejo industrial, uno a uno a las grandes empresas
extranjeras. La gran burguesía venezolana, mientras tanto se replegaría a
sectores mas lucrativos (financiero, comercio especulación de tierras urbanas,
ect.) y colocaría sus ganancias en el mercado de Nueva York o en los bancos
extranjeros.”
Esto
fue publicado en el año 1970. La proyección que hizo ese grupo de
investigadores del CENDES, se acercó bastante
a la realidad del proceso político venezolano de la segunda mitad del
siglo pasado. Lo que si podemos asegurar que la gran burguesía venezolana
adquirió un control sobre el aparato del Estado y logró, transferir a través de
él, los ingresos petroleros a sus arcas privadas antes de la nacionalización, y
después de ella, logró descapitalizar a PDVSA en combinación con los monopolios
petroleros internacionales y la megabanda petrolera.
En
los años de bonanza económica favorecida por el incremento de los precios
petroleros de la década de los 70s, las crisis económicas y políticas se
conjuraron, pero se comenzaron a conformar los factores estructurales que
desencadenarían la crisis de los ochenta y los noventas: la crisis de la deuda. Los desequilibrios seguían manifestándose,
los precios del petróleo seguían deteriorándose, y la OPEP había perdido el control
de la fijación de los precios. “Los 7
grandes transformaron a la OPEP
en una organización inocua mediante una estrategia caracterizada por: 1) el
incremento de la producción de los países de la OPEP; 2) ahorro de consumo de energía mediante
una política de reingeniería tanto de los procesos industriales de alto consumo
de energía, como del consumo doméstico; 3) el desarrollo de grandes reservas
estratégicas en los países consumidores.”
Esto
conformó una crisis de carácter coyuntural la cual puso al descubierto sus
bases estructurales, resumidas estarían definidas por ser un país neocolonial,
primario exportador de industrialización tardía y, desde la desintegración del
bloque socialista, pasó de la dependencia encubierta, a la subordinación
abierta y conscientes del sistema político venezolano a los intereses
geopolíticos del capitalismo internacional, expresados en las políticas del
Fondo Monetario Internacional (FMI),
apoyados por la ideología fundamentalista neoliberal, manejados hábilmente por
los economistas, ex marxistas y no marxistas, que actúan como mercenarios
intelectuales de esa política. La estructura social generada por este modelo se
resume en la incorporación de clases sociales subsidiarias del capitalismo
monopolista internacional y un sector de trabajadores, marginales y lumpen
proletariado, que conforman un espectáculo grotesco de una democracia
representativa despótica.
Todo
esto ocurrió bajo la responsabilidad de
los dos grandes partidos que elaboraron la Constitución del 61,
AD y COPEI, y establecieron las bases
políticas del pacto de Punto Fijo en esa Constitución. Desde ese momento
marcaron irremediablemente el curso de los acontecimientos hasta el 27 de
febrero de 1989, arrastrando a los demás factores políticos y sociales a sus
designios. El proceso político y económico bajo ese pacto, en lo fundamental
estaba determinado por los intereses definidos por el Departamento de Estado,
dentro de la política de contención y confrontación con los países socialistas.
Después
del derrocamiento de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, la Junta de Gobierno presidida
por Wolfang Larrazabal debió combatir por lo menos dos intentos de golpe de Estado, el primero
ocurrido el 23 de julio protagonizado por Jesús María Castro León, Ministro de
Defensa de la Junta
de Gobierno; y el segundo, de manos de los oficiales José Ely Mendoza y Juan de
Dios Moncada Vidal, realizado el 7 de septiembre de 1958, cuyo fin era evitar
los comicios de diciembre de 1958, esto provocó la formación de un Frente Civil con líderes
políticos como Rafael Caldera, Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt y Gustavo Machado,
entre otros, que intentaron calmar los ánimos y forjar el camino que llevara a la
instauración del sistema democrático. Así surgió la idea de firmar un acuerdo
que le brindara al país la estabilidad política que necesitaba. La incapacidad
de lograr un candidato único, por parte de los partidos, AD, COPEI, y URD,
señala el fin de la unidad que se había desarrollado durante el derrocamiento
de la dictadura, política de los sectores de la izquierda liderizadas por el
PCV, que lograron una unidad de acción a través de la Junta Patriótica,
con el objetivo de derrocar la dictadura.
Esto condujo a la Burguesía
a crear su propia unidad de acción ante la posibilidad de que la fortaleza y el
liderazgo que había tenido la Junta Patriótica en los sectores populares,
condujera a una correlación de fuerzas distintas, a las que les garantizaran el
dominio de la dirección política del Estado, en donde las fuerzas
revolucionarias pudiesen impulsar un movimiento de masas capaces de alcanzar un
gobierno democrático y popular, una constituyente que era lo procedente, o
simplemente un gobierno contrario a sus intereses. La otra amenaza la
constituía, la posibilidad de que los sectores que apoyaban la dictadura
construyeran un régimen autocrático.
La
incorporación a la Junta
de Gobierno presidida por Wolfang Larrazabal, de Blas Lamberti y Eugenio
Mendoza, garantizan los intereses de su clase en la nueva etapa histórica.
Precisamente Mendoza promueve la visita del entonces Vice-presidente de los
Estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon, a Caracas. La visita a Caracas
de Nixon se desarrolla en medio de protestas antimperialistas de distintos
sectores sociales. El Presidente de la
Junta de Gobierno, Wolfang
Larrazabal, va a la
Embajada de Estados Unidos a recibir a Nixon y revisar sus
credenciales. Posteriormente, Nixon visita el Palacio de Miraflores y al hablar
por radio y televisión ataca a los comunistas, señalando las bases de la
política anticomunista y pro-imperialista que sus lacayos políticos, Acción
Democrática y COPEI, reciben como instrucciones. Estado Unidos, ante las
masivas protestas populares antimperialistas, evaluó la posibilidad de invadir
Venezuela con tropas aerotransportadas desde Puerto Rico (paracaidistas) que
tomarían por asalto la sede del ejecutivo nacional (Miraflores), si no se
tomaban medidas concretas de exclusión a las fuerzas de izquierda. En este
contexto de exclusión ideológica, política y social, represión popular,
sacralización de la autoridad, y restricción de la participación política, en
lo interno, se constituye la base programática desde donde se comienza a
construir la
Democracia Burguesa Representativa venezolana, de la IV República.
Siguiendo
los lineamientos del pacto de Nueva York, que se concretó días antes del
derrocamiento de la dictadura, el viernes 31 de octubre de 1958 se reunieron en
la quinta Punto Fijo, propiedad de Rafael Caldera, ubicada en la urbanización
Las Delicias de Sabana Grande, los principales líderes de Acción Democrática y
COPEI, junto con URD socio minoritario de esta alianza, y establecieron las
bases políticas, pro imperialistas e ideológicamente excluyentes de lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Los
que estamparon su firma ese día fueron Jóvito Villalba, Ignacio Luís Arcaya y
Manuel López Rivas por Unión Republicana Democrática; Rómulo Betancourt, Raúl
Leoni y Gonzalo Barrios, por Acción Democrática; y Rafael Caldera, Pedro Del
Corral y Lorenzo Fernández por COPEI. A la residencia acudieron también
representantes de la
Federación de Centros Universitarios, del gremio de profesionales
universitarios; del Comité Sindical Unificado. Igualmente, otros sectores como
las Fuerzas Armadas, el empresariado, la Iglesia y los medios de comunicación, apoyaron la
suscripción del documento. Este pacto que se realizó en el contexto de la Guerra Fría, obligó a excluir
al Partido Comunista, acatando la política imperialista de contención al
Comunismo y el Socialismo, en el Hemisferio Occidental, conducida y ejecutada
por Richard Nixon y Foster Dulles, Presidente y Secretario de Estado,
respectivamente. Política que se evidenció
con el rechazo por parte del partido Social Cristiano COPEI, la Iglesia, Rómulo Betancourt
sectores del ejército y del empresariado en su mayor parte, para que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no
integrara este pacto. Esta exclusión del PCV, que participó de manera
fundamental en la formulación y construcción de la política de unidad y la
formación de la Junta
Patriótica, y el posterior derrocamiento de la dictadura, fue
protestada por los representantes estudiantiles, y los representantes de la Junta Patriótica.
A
continuación citamos el texto completo de este acuerdo que fundamenta las bases
del nuevo programa político que sirvió de base para la elaboración del estatus
de lo que se ha llamado el puntofijismo, nombre que expresa la unidad de las
cúpulas de la plutocracia, que construyeron la Dictadura Democrático
Burguesa Representativa del puntofijismo, expresión política de la Formación Social
Neocolonial Venezolana, sellando de esta manera la unidad de acción de la
burguesía que a través de los partidos que firmaron ese pacto, continuó,
mediante esta nueva forma de gobierno, profundizando la dependencia neocolonial
del imperialismo norteamericano. Cerrando el paso a los intereses de las
mayorías populares, y a su participación política, instrumentando una política
represiva contra amplios sectores populares:
PACTO DE PUNTO FIJO
“Los partidos Acción Democrática, Social
Cristiano COPEI y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada
consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica
nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de
orientar la opinión pública para la consolidación de los principios
democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las
bases y mediante las consideraciones siguientes:
1a Como es del conocimiento
público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han
participado en las acciones unitarias para la defensa del régimen democrático
han mantenido conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo
respeto y cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de
la unidad y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa
y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en
el acta de ampliación de la
Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958 por los
partidos políticos que la integraban inicialmente.
El resultado obtenido es favorable, toda
vez que las naturales divergencias entre los partidos, tan distintas de
unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de
convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El análisis
cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las
perspectivas de nuestro movimiento democrático, la ponderación comprensiva de
los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de los
centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de
amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida
nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la República como elemento
institucional del Estado sometido al control de las autoridades
constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las
fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la Nación venezolana, han
estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La
sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como
representantes de grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender
en conjunto a los intereses perdurables de la Nación, si bien han podido en forma ocasional
provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la
garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable
enfoque de las urgencias del país.
2a Las minuciosas y largas
conversaciones han servido para comprometer a las organizaciones unitarias en
una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así:
a)
seguridad de que el proceso electoral y los Poderes
Públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la
libertad efectiva del sufragio; y
b)
garantía de que el proceso electoral no solamente
evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la
prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la
erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que
faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que
ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana
interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno.
3a Establecidos esos
principios de carácter general, COPEI, AD y URD comprometen su acción y
responsabilidad en los términos siguientes:
- Defensa de la constitucionalidad y del derecho a
gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la
responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el
periodo constitucional 1959-1964; intervención de la Fuerza contra las
autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas
las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las
autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe
de Estado, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las
circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan
podido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática
al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la
resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pudiese
surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella también como
delito de lesa patria.
- Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio
del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría
electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del
Estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular
defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren
los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero;
el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías
partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el
movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las
organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete
Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas
nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal
selección de capacidades.
- Programa mínimo común. Para facilitar la
cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso
electoral y su colaboración en el Gobierno Constitucional los partidos
signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa
mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración
nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema.
Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya
convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este
programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender
otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma
siguiente:
ningún
partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los
comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos
no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del mutuo
respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la
tregua política.
4a El ideal de la unidad como
instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de
reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un
candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para
los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo
programa integral de Gobierno.
En la práctica se ha evidenciado que
diversos factores reales contradicen esa perspectiva histórica, mas,
afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional.
Por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la
comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden
con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias
después de confrontar sus distintas opiniones entre sí y con las emitidas por
voceros independientes autorizados, de la prensa y de otros factores nacionales
define:
- Los requerimientos de la unidad son compatibles
con la eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.
- Para que la presentación de varias candidaturas
presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin
menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es
indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la
tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual
debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a
los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la anima, tal
como hoy se consagra con la firma de este documento.
- Para garantizar la tregua política y la
convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una
Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de
este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de orientar la convivencia
interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones
personalistas o sectarias en la campana electoral y de diligenciar ante
cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y
control en lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.
5a Para garantizar que varias
postulaciones presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo
momento expresiones de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en
definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:
- Cada organización queda en libertad de sustentar
su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos
colegiados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido
de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento
de los compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera que
sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.
- Todos los votos emitidos a favor de las diversas
candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la
suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la
voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación
del Estado de derecho.
- La postulación de los candidatos presidenciales y
de las planchas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o
coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el
voto cualquier postulación.
- Los partidos que suscriben este documento
garantizan la adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus
respectivos candidatos a la
Presidencia de la República.
- Los partidos signatarios se comprometen a
realizar una campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas
dentro del espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones
que pueden precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista
del debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la
formación del Gobierno de Unidad Nacional.
- Después de publicado el resultado oficial de las
elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de
ratificar los siguientes principios:
- Pública adhesión de todas las organizaciones y
candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión
de la soberana voluntad popular.
- Ratificación por parte de las organizaciones
signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad
Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración.
Consideran las organizaciones
signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y
puntos fijados en esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del
derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de
los organismos profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de
personalidades independientes, con los fines así precisados, consolidarán la
convivencia nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad
estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio
democrático, la honestidad administrativa y la norma institucional que son la
esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no
fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones
existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el
natural ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al
servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos
democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el
esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un
clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y
pacífica de la democracia.
Caracas, 31 de octubre de 1958”
Este
pacto sella la unidad de los sectores de la burguesía, que a través de los
partidos políticos AD y COPEI fundamentalmente, URD, y después el MAS,
constituyen el establecimiento de la convencionalidad política, que se
estableció en este último período de la IV República.
Este pacto:
- Establece que los partidos firmantes reconocieran
los resultados de los comicios y apoyaran al candidato triunfante, para
cerrarle el paso a cualquier intento de golpe de Estado y neutralizar el ascenso
de las fuerzas de izquierda.
- Los partidos firmantes son los únicos garantes de la Dictadura Democrático
Burguesa Representativa del pacto, y en consecuencia, a) de los intereses
económicos de la clase dominante, b) de los intereses de las grandes
Corporaciones Petroleras Norteamericanas; y c) de los intereses
geopolíticos en el hemisferio occidental del Gobierno Norteamericano,
sentando las bases de la cultura de la traición que se instaló en la
ideología de la dominación pro-imperialistas de la burguesía parasitaria
neocolonial venezolana, en el mundo de la política convencional, de la
democracia naciente.
- La exclusión del Partido Comunista de Venezuela,
como compromiso con los círculos imperialistas norteamericanos, para poder
establecer la democracia en Venezuela, rebela la esencia reaccionaria y despótica
de la nueva democracia burguesa, y la posición de liderazgo que tenía el
Partido Comunista de Venezuela, en amplios sectores obreros de las áreas
centrales del país, lo cual obligó a la democracia recién establecida a
desplazar a los comunistas de las directivas de los sindicatos, y de la CTV, a sangre y fuego.
- Segregan a los militares de la actividad política,
y son vistos como enemigos de la democracia por un lado, y por otro, como
aliados en la lucha anticomunista, profundizando la concepción de “Ejército de Ocupación”, al
establecer una política de subordinación al ejército norteamericano en la
lucha contra las potencias del área socialista, ejerciendo el roll de
represor universal del pueblo.
Con
este pacto de los partidos representantes de la Burguesía, se cierran
las posibilidades de estructurar un gobierno realmente democrático y popular.
4. Contexto económico del triunfo de Carlos Andrés
Pérez. Las medidas del Fondo Monetario Internacional. El 27 de febrero de 1989.
El
triunfo de Carlos Andrés Pérez en diciembre de 1988, se concreta dentro del siguiente
contexto según el VIII Plan de la
Nación: El Gran Viraje. Visión de los grupos dominantes con
más de cien millones de dólares en el exterior, aliados con el gran capital
financiero internacionales y con sectores políticos en lo interno, que se han arrogado
para sí la representación popular: AD y COPEI. Esta visión de este poderoso
sector señala lo que son algunas de las causas que, según ellos, generaron los
desequilibrios macroeconómicos que condujeron a la crisis actual:
La industrialización substitutiva de
importaciones se concibió
fundamentalmente para abastecer el mercado interno. Tenía como factores
de éxito una excesiva y permanente protección de la competencia externa. El
gasto público, especialmente de origen petrolero, fue concebido como el
elemento dinamizador de la demanda agregada y del financiamiento del proceso de
sustitución de importaciones.
A principio del año 1983, como consecuencia
de la caída de los ingresos peroleros, la fuga de capitales al exterior y la
suspensión del crédito externo por parte de la banca privada internacional, se
produjo una severa crisis en el sector externo que determinó el agotamiento
definitivo del modelo substitutivo, el cual había perdido su principal sostén
que eran las fuentes generadoras del ahorro externo. Unidos a estos factores,
las excesivas regulaciones administrativas, la condición oligopólica de la
industria y las políticas públicas ineficientes.
El desequilibrio del sector externo de la
economía se acentúa y profundiza llegando a la cifra de 4.672 millones de
dólares siendo significativamente mayor que en 1987 el cual registró un déficit
de 876 millones de dólares como consecuencia de los siguientes factores entre
otros:
1.
Los ingresos
petroleros denotaron una disminución significativa.
2.
Las expectativas
devaluacionistas que esto provoca, incentivaron un
Incremento sustancial de las
importaciones.
3.
El pago de
los intereses asociados al financiamiento de las importaciones,
Contribuyó al incremento del
déficit, en cuenta corriente.
Las reservas internacionales como producto
de las operaciones cambiarias de RECADI originaron una pérdida de 2.705
millones de dólares, las reservas operativas se situaron en 2.044 millones de
dólares al final del año y el saldo total al cierre fue de 6.671 millones de
dólares.
Esta
visión tecnicista de la economía venezolana fue lo que justificó las medidas de
ajuste estructural. Encubriendo de esta manera las raíces mismas de la crisis,
que en los hechos, estuvieron determinadas por la situación provocada por la deuda
externa en su mayoría de procedencia ilegal. El robo inmenso que se produjo en
RECADI que dejaron a Venezuela sin
reservas. En resumen el saqueo de dólares, que hicieron la alianza entre los políticos
y empresarios corruptos.
Pero
lo fundamental de la crisis estuvo determinada por el avance del Capital
Petrolero Internacional en plena proceso de globalización al ser derrotada la Unión Soviética en
la Guerra Fría.
El capital Petrolero Internacional extendió sus tentáculos para apropiarse de
de las reservas petroleras del Arco Andino, (Venezuela, Colombia, y Ecuador),
en alianza con al clase política venezolana, el empresariado neocolonial y
dependiente, económica y culturalmente, que profesan la cultura de la traición.
PDVSA, en
forma paulatina… “Desde su
nacionalización en 1976, la clase ejecutiva petrolera adversó al
Estado-Propietario en defensa de sus intereses corporativos al servicio del
capital petrolero internacional y, por residuo, al servicio de los intereses
personales de sí misma, su clase meritocrática. PDVSA se hizo meta-estado, un
estado más allá del Estado, mientras que el Ministerio de Energía y Minas,
representante de los intereses del Estado y del pueblo, admitió y convalidó su
progresiva destrucción. Durante las dos últimas décadas, la clase meritocrática
de PDVSA ha ejecutado una estafa continua y agravada a la Nación. En 1976, el
Estado recibió 80$ de cada 100$ facturados; en 2001 es lo opuesto: la
corporación PDVSA se apropia 80$ de cada 100$ facturados. La estafa de PDVSA a la Nación se llama
internacionalización (10.000 millones de US$ pseudo-invertidos en la compra de
19 refinerías no rentables en EEUU, Europa y Reino Unido); la estafa se llama
CITGO (subsidio a los consumidores norte americanos por vía de descuentos en la
compra de crudos a PDVSA, entre 2$ y 4$ el barril, acumulando 6.000 millones de
US$ a la fecha); la estafa se llama contratos de servicios; la estafa se llama
tercerización u “outsourcing” (entrega de información estratégica a INTESASAIC
y a SHLUMBERGER-GEOQUEST, para lo cual graciosamente PDVSA ha pagado 5.000
millones de US$); la estafa se llama “apertura petrolera” (600.000 barriles
diarios en su mayoría no sujetos a regulación de producción OPEP y cuyos costos
se ubican entre 15$ y 20$ el barril); la estafa se llama “velos corporativos”
(un laberíntico tejido de cuentas petroleras en bancos internacionales por el
orden de 6.000 millones de US$ vinculados a 190 subsidiarias). Durante las dos
últimas décadas, en definitiva, la clase meritócrata y el capital petrolero
internacional se las ingeniaron para estafar al Estado-Propietario un promedio
de 5.000 millones de dólares anuales, al menos.”
“Despolitización
y meritocracia (gobierno o poder del mérito) son paradigmas inducidos a
conveniencia para derrocar al Estado-Propietario el 11 de Abril 2002 cuando,
por primera vez en 25 años, el Directorio de PDVSA es nominado con entera
autonomía política por el Jefe de Estado. Que no quepa duda alguna: el
Directorio de PDVSA es de naturaleza política, siendo su razón última la toma
del poder absoluto en PDVSA. Irónicamente, es R. Mandini, alabardero lúcido de
una clase meritocrática en extinción, quien reivindica “la toma del poder
absoluto” en PDVSA. Y el poder en PDVSA es el poder en Venezuela. El Directorio
de PDVSA es nominado para dirigir políticamente a PDVSA y no para ser dirigido
meritocráticamente. Veamos: de cada 100 dólares recaudados por PDVSA, 80
dólares son auto-asignados para sembrar el petróleo en el petróleo, mientras
que los restantes 20 dólares le son residualmente concedidos al
Estado-Propietario.”
Dicho
en cifras del año 2000: la factura petrolera consolidada fué de 50.000 millones
de dólares y –luego de su anualizado ataque fiscal a PDVSA–, el
Estado-Propietario recibió 10.000 millones dólares, mientras que los restantes
40.000 millones (80%) de dólares fueron distribuidos por la meritocracia entre
el capital petrolero internacional y sus personalizados costos corporativos.
Esto
condujo a la situación de quiebra del modelo populista que se caracterizaba por
la capacidad casi ilimitada de complacer a todos los sectores sociales en sus
aspiraciones, en consecuencia, se produjo un desajuste acelerado entre una
estructura económica cambiante que comenzó a generar conflicto, y unas
relaciones políticas incapaces de gestionar dicho conflicto, todo lo cual
desemboca en un fuerte deterioro en el nivel de vida y altos niveles de tensión
social. Mientras la meritocracia petrolera se constituyó en meta estado, cuyos
intereses están al servicio del capital petrolero internacional
La
respuesta de estatus fue acogerse, como dijimos, a los planteamientos del Fondo
Monetario Internacional (F.M.I) y desarrollar una política de corte
neo-liberal.
4.1 El Paquete de medidas y el
27 de febrero.
Las medidas
de ajuste que se propuso a desarrollar Carlos Andrés Pérez, y que el presidente
Caldera las continuó con mucha más profundidad, “comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio
exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos, y política
social.
Las principales
medidas anunciadas fueron: a) decisión de acudir al FMI y someterse a su
programa con el fin de obtener $ 4.500 millones de dólares en los próximos 3
años; liberación de las tasas de interés activas y pasivas, en todo el sistema financiero hasta un tope
temporal fijado alrededor del 30%; c)
unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial,
determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización
de todas las transacciones con el exterior a la tasa flotante; d) liberación de los precios de los productos a
excepción de 18 renglones de la canasta básica; e) incremento gradual de las
tarifas de servicio público como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y
sinceración de los precios de las empresas públicas; f) aumento anual durante
tres años de los derivados del petróleo en el mercado nacional, con primer
aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina y un primer aumento de
las tarifas del transporte público de un 30%; g) aumento de sueldos y salarios
en la administración pública, entre el 5% y el 30% e incremento del salario
mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; h)
reducción y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; i)
reducción del déficit fiscal a menos del 4% del PTB y congelación de cargos de la Administración Pública.”
Las medidas desde la a) hasta la i) fueron de aplicación inmediata.”
Dentro
de este contexto de aplicación de las medidas impuestas por el Fondo Monetario
Internacional, se produce el estallido del 27 de Febrero. La “imposición” fue
permitida por una clase dirigente que actúa sin escrúpulos a la hora de
establecer un mecanismo de encubrimiento de su propio saqueo de dólares,
lanzando a la pobreza a millones de venezolanos y destruyendo a la clase media,
consolidando luego el Dr. Caldera el modelo de crecimiento con distribución
regresiva de la riqueza. Los ricos son cada vez menos y más ricos y los pobres
son cada vez más pobres, y más numerosos.
“Las medidas anunciadas el 2 de enero
comienzan a ser implementadas en febrero inaugurando con el aumento de la
gasolina y con ello el aumento del pasaje, con lo cual comienza el estallido.
Otro de los factores que se señalan como causa, fue el desabastecimiento
progresivo registrado en algunos bienes considerados como indispensables, a
esto se agrega la incertidumbre, por parte de la población, de la nueva
estructura de precios, y si a esto le sumamos el derrumbe precipitado de las
abultadas expectativas favorables promovidas en la campaña electoral, apoyadas
por los propios miembros del ejecutivo para reducirlas, lo que se hizo en
diferentes alocuciones al país, produjo un efecto perverso, transformó las
expectativas favorables de los venezolanos en frustración generalizada que se
canalizó por la vía de la violencia”
Los
partidos de “vanguardia”, ante el desarrollo vertiginoso de los
acontecimientos, no fueron capaces de captar la magnitud de la crisis en toda
su magnitud como ORGANIZACIÓN.
Al producirse los acontecimientos
del 27 F,
la primera observación que podemos hacer es que fue un acto colectivo,
espontáneo y desorganizado, las organizaciones de “vanguardia” fueron los
primeros sorprendidos, no hubo respuesta durante esas jornadas capaces de incidir
de una manera determinante en su desarrollo, los partidos Acción Democrática y
COPEI, también fueron sorprendidos, solo pudieron accionar los mecanismos de
represión violenta, a través del gobierno, para establecer la calma.
La
población participó masivamente, los votos de los partidos del estatus salieron
a saquear. El ejército se involucró masivamente en una función represiva contra
una población desarmada. Se estableció una división en la población civil
marcada prácticamente por la ubicación geográfica de sus habitantes y por tipo
de vivienda. En algunos casos se desarrollaron conatos de enfrentamiento entre
los dos sectores. La policía y la Guardia Nacional en algunos casos participaron y
colaboraron con los saqueadores.
La
situación de violencia popular de esos días fue controlada en espacio de una
semana y regresó la paz totalmente al mes, luego transitó a la forma de
conflicto de baja intensidad con escasa violencia y luego mediante las medidas
populistas que tomaron, las cuales fueron anunciadas en las noches de toque de
queda, medidas de éstas que no estaban previstas en el Gran Viraje, lograron disminuir la intensidad de la violencia.
La
situación fue dominada en su forma violenta por el brazo armado del estado. Le
tocó luego el turno a la
Guardia Nacional y a la Policía. La situación
se transformó en una cascada de movilizaciones populares durante todo el
período posterior.
Una
de las experiencias importantes de esta forma de expresión de la violencia
popular, es que en la medida en que no existan objetivos políticos definidos,
ni dirección, la masa se dispersa en multiplicidad de objetivos, se pierde el
poder de la concentración de masas, y la fuerza ofensiva disminuye siendo más
fácil la represión.
4.2.1
El impacto
de las instituciones.
Al
considerar la participación de la población en estos acontecimientos de la
forma masiva en que se conoció, y luego de ello, la revelación pública de
la corrupción en forma sistemática a
través de todos los medios de comunicación como consecuencia de esa rebelión
popular, hizo aparecer en el mundo convencional un origen, aparente o no, de la
crisis, esto significó que apareció en la conciencia colectiva, un elemento que
estaba oculto, y que en aquellos días se revelaba como la matriz desde la cual
se podía comprender la crisis económica y política.
Esta
forma de conocimiento que aparece en los momentos de crisis sociales es lo que
a nuestro juicio comienza a formar un determinado tipo de conciencia, la verdad
socialmente compartida de un origen revelado al ocultamiento del mundo
convencional y transformando en conversación cotidiana, es lo que circuló y
sigue circulando, aunque con menos fuerza, en el ambiente
político-institucional.
Cuando
la crisis venezolana comienza a manifestarse a partir del año 83 con el viernes
negro se elaboraron explicaciones del origen de la crisis, y una de las más
sonadas fue la de que el gasto de los mayameros produjo la escasez de dólares
que provocó el control de cambio y la devaluación del signo monetario, otra:
que todos éramos responsables, y un sin fin de justificaciones donde nunca
aparecía mezclado el sector social que conduce políticamente la sociedad desde
el poder, aún cuando estaba presente en el conocimiento general la existencia
de una corrupción generalizada. Al principio en el gobierno de Luís Herrera se
denunció hasta la saciedad la corrupción durante el primer gobierno de Carlos
Andrés Pérez.
Cuando
se desarrolla la crisis en el ámbito social, aparece la posibilidad de
establecer un origen de esa crisis social que afecta a los individuos que la
conforman, en la búsqueda de esa causa de la crisis, se establecen
responsabilidades de parte de los sujetos que gobiernan y sus entornos
económicos, y ese ingrediente transforma a todo el Poder Judicial en un instrumento
de la política, y esta condición obliga a los partidos comprometidos en el
mantenimiento del status, a mantener una influencia importante en los juicios
que se derivan de esta situación, bloqueando las decisiones desde las primeras
instancias hasta la Corte
Suprema de Justicia que se transforma en apéndice del
ejecutivo y de las cúpulas de los partidos AD y COPEI. Este conocimiento del
estado de corrupción estaba presente en la subjetividad individual, en el campo
colectivo.
Este
contenido subjetivo gravitó de manera eficiente en los acontecimientos del 27-F
y años posteriores. La diferencia con el período que va del 83 al 89, es que
luego del 27-F todo apareció en el ámbito convencional. El tratamiento de estos
temas era público y cotidiano, rebasó los niveles de la privacidad y logró su
expresión pública. Una especie de inconsciente colectivo se expresó como
conciencia social con extrema violencia y había dejado su secuela en el ámbito
de lo público, generando un nuevo momento de conciencia individual sobre fondo
de ese movimiento colectivo, que por primera vez había creído entender las
causas de su situación individual.
Dentro
de esta nueva situación y después de los acontecimientos de violencia popular,
comenzaron a desarrollarse las medidas fondo monetaristas y con ellas emergen
las contradicciones entre los diferentes intereses, el sector financiero, único
beneficiario de la política económicas basadas en las orientaciones del FMI, al
liberarse las tasas de interés, entra en conflicto con la pequeña y mediana
industria y con los productores del campo y estos a su vez con la agro
industria. Dentro de la gran industria los sectores y grupos económicos no
ligados al sector financiero, entran en crisis por las altas tasas de interés y
buscan fórmulas de financiamiento al emitir papeles en la bolsa para
financiarse, y contratando préstamos en el extranjero afianzado con sus
inversiones en esos países.
En
el plano social, la liberación de los precios conduce al encarecimiento de los
alimentos elevando el costo de la vida, con ello la brecha entre salarios y
precios se hace cada vez más amplia. Se generalizó el deterioro de los
servicios públicos. La
Seguridad Social colapsa y los niveles de sueldo hacen
imposible su financiamiento, agregando esto al robo y el pillaje de que son y
fueron objeto los fondos de jubilaciones y pensiones, por poner un ejemplo,
revelado en su renuncia por Delpino, expresidente del Seguro Social.
El
gobierno para obligar a los pacientes a costearse los medicamentos en los
hospitales y de esta manera justificar la privatización de la salud, abandonó
este sector de manera consciente, como política de estado, no dotándolos de los
insumos básicos y descuido de la infraestructura física, produciendo de manera
criminal, la muerte de pacientes por falta de medicamentos, y esto ocurría
desde hacía varios años. Presenciamos conflictos donde se denunciaba con el
cierre de hospitales la falta de dotación y el gobierno nunca reaccionó. El
Fiscal General nunca investigó las denuncias sobre las muertes, y solo después
de varios años cuando los médicos dejaron de ser cómplices del gobierno
produjeron una huelga de grandes proporciones que conmocionó a la población y,
lo que es más importante, puso al descubierto la política criminal de la Agenda Venezuela
de hacer morir de mengua a los venezolanos más pobres a través del abandono de
la dotación hospitalaria que se observa en la disminución anual del presupuesto
para la salud.
La
clase media formada en su mayoría por los profesionales, los pequeños empresarios,
oficiales medios, en su mayoría al servicio del estado, soportaron estoicamente
el impacto social del ajuste, pero eso tuvo su límite y ese límite es
precisamente el estado de conciencia individual que de forma colectiva entiende
que es más costoso ir al trabajo que renunciar a esos ingresos. Los paros se
transforman en huelga la mayoría de ellos ilegales. Los conflictos se
radicalizan y son reprimidos policialmente. En otros casos las huelgas son
quebradas mediante la mediatización de esos conflictos por las direcciones
sindicales de los partidos del estatus.
Una
explicación de este fenómeno, entre otras, es que la educación no ofrecía
ningún incentivo para elevar la condición de vida individual, ya no es un
mecanismo de ascenso social, de ascenso vertical como dirían los sociólogos, la
educación ya no es rentable como dirían los economistas, ustedes suman todo lo
que han invertido e invierten las familias en la educación de sus hijos y lo
restan de los ingresos que por concepto de salario y bonos en el período de
vida en el cual el hombre es apto para el trabajo, el resultado será negativo. Usted se empobrecerá
al final de su vida productiva. Este horizonte vergonzoso es lo que le esperaba
a nuestros hijos y si sobreviven y pueden llegar a culminar una carrera
universitaria, condenarán a sus nietos a
la miseria absoluta si seguíamos por ese camino de entrega y corrupción a la cual
nos habían sometido.
Esta
situación de desintegración social que vivimos ha impactado las instituciones
dirigentes, a los Centro de Comando y Control Social. Los sectores involucrados
en estos conflictos comienzan a fracturarse, y los gremios representados en
estas asociaciones como FEDECÁMARAS comienzan a desarrollar posiciones
independientes y disidentes de la posición oficial de la institución.
Lo
mismo ocurre con los partidos políticos responsables de la conducción política
y económica del país. Comienza a desarrollarse un proceso de divisiones
internas, lo que ocasiona el resquebrajamiento y fractura de los centros de
comando y control político del estatus. La presidencia queda aislada, sin apoyo
político popular. El repudio es total y se manifiesta en el colectivo en
protestas abiertas contra el gobierno, comienza a desarrollarse una
preeminencia del poder colectivo, sobre el poder individual de la institución
presidencial.
5 El Estado como Campo de
Transacción.
La existencia del estado implica
entonces, la existencia de un campo de transacción, donde los intereses
enfrentados tratan de ser resueltos a través de una elaboración del conflicto.
Es evidente que aparece como si estuviera a distancia de las relaciones
económicas, y los enfrentamientos que están presentes en el campo de lo
económico, parece que pueden resolverse en el campo de lo político, porque hay
una legalidad que impide la profundización del conflicto, y reproduce
constantemente la misma realidad. Esta legalidad está expresada en todo el
ordenamiento jurídico que regula las relaciones sociales de propiedad entre los
individuos, la propiedad sobre los medios de producción. Las relaciones de
trabajo y todas aquellas que regulan y proveen el conflicto consensuado.
Pero este campo simbólico de la ley
es, al mismo tiempo, necesariamente un campo formal, imaginario. Lo real, la
realidad social que queremos analizar, aparece por lo pronto, desdoblada. No
hay una realidad inmediatamente dada que podamos aprender en su estructura
material, sino que lo que tenemos que ver, que comprender, es que existe como
encubrimiento u ocultamiento de un campo material subjetivo, que es el campo de
las relaciones de producción, que está
presente en tanto estructura colectiva, en forma social. Encontramos entonces
que el campo de lo político aparece como si estuviera separado de lo económico,
de las relaciones que establecen los hombres en la producción y la reproducción
de las condiciones de vida de la sociedad.
5.1 La Tripartita. Un ejemplo del despotismo de la Democracia
Representaiva.
Los conflictos que se desarrollan
entre los trabajadores y los empresarios o el estado y sus trabajadores,
siempre se resuelven en la mesa de negociaciones, donde el estado aparece como
intermediario. En la Venezuela de la IV República, el
cambio en el régimen de las prestaciones sociales, fue una de las reformas Neoliberales más importantes por su impacto en la estructura
salarial y en consecuencia en la distribución del ingreso, y afectó, a toda la superestructura política, puesto que
se definió en el Congreso Nacional, donde estaban representadas todas las
organizaciones políticas que hacían vida en aquellos años, y por supuesto, no
se le reveló a toda la sociedad como un enfrentamiento ideológico y político que fue realmente lo que sucedió. Los
sectores políticos y sindicales implicados, mantuvieron la discusión en el
ocultamiento institucional, en el parlamento, y no hicieron lo posible para que
la discusión trascendiera a lo interno de la clase trabajadora, y de la
sociedad
Este escenario parlamentario de discusión política e ideológica, ocultó
para el resto de la sociedad, el debate sobre este tema fundamental, solo lo
fue, para los representantes, para aquellos que asumieron la representatividad
por la vía del voto de un colectivo que quedó oculto, sólo está representado, se
transformó de contenido a forma parlamentaria. Transitó de poder popular a
forma representativa e institucional, sin
capacidad de articular su participación en esa discusión, es por esto último, que el colectivo queda
oculto en la forma política de la representación. La necesidad del ocultamiento
es una forma despótica que tiene que cobrar la actividad política de los
factores que mantenían el estatus de la IV República, pues es la única manera de aplicar
una política económica neo liberal, que, a todas luces, estuvo en contra la
mayoría de la población. El ocultamiento, es, en este caso, el ámbito donde la actividad
política se practica dentro del Estado Capitalista Burgués, de la democracia representativa,
en esto consiste la apariencia democrática de la dictadura de la burguesía,
sobre el resto de la población trabajadora.
Como la representatividad es la
forma convencional desde la cual se estructuran las instituciones de la
sociedad y desde donde se ejerce la soberanía
popular de ese colectivo que quedó oculto, y todo los individuos que lo
conforman convienen que así sea, los acuerdos a que lleguen sus representante
será la posición de los colectivos representados. Y deben ser acatados por
todos. Esto permite eliminar la disidencia en el transcurso de la negociación y
discusión e imponer el acuerdo.
En
el caso de la tripartita se ocultó:
- la necesidad que tienen
los empresarios, de abaratar el costo de del factor trabajo, y de los
despidos, de manera de flexibilizar el mercado laboral, hacerlo
“competitivo.” Siendo esto uno de los postulados ideológicos del
fundamentalismo ideológico neoliberal, lo que se traduciría en la
reducción del costo de la nómina y en consecuencia, aumentarían los
beneficios, y la distribución del ingreso se haría cada vez más regresiva.
- La liberación del
mercado laboral, significa acabar con lo que ellos llaman el monopolio del
factor trabajo. Para ellos, los economistas neoliberales, los sindicatos
establecen una especie de monopolio del factor trabajo. Estas organizaciones
obreras, cuando existen verdaderamente, luchan para lograr mejoras en las
condiciones de vida de los trabajadores, y establecer la defensa de
beneficios de la clase obrera, derivados de los ingresos totales de la
venta de los productos que los trabajadores fabrican, con exclusión de la
propiedad, y por ello, solo participan de los ingresos totales como
asalariados, son los productores de valor al transformar la materia prima
para construir la mercancía. La lucha organizada para lograr incrementar
la participación en los ingresos totales, es la forma económica que cobra
la lucha de clases dentro del Dominio Privado del Capitalista. Esto
introduce una modificación de los precios reales del factor trabajo, según
esta ideología neoliberal, ya que no los fija el mercado. Lo que significa
que el precio del factor trabajo debería descender si se incrementa el
desempleo, ya que la competencia de los obreros por los puestos de
trabajo, haría variar los precios de la mercancía fuerza de trabajo o vice
verza.
- En una situación de crisis
económica como lo fue en la época de la tripartita de la década de los 90,
los empresarios querían salir de los obreros y no pagar las prestaciones
dobles que los trabajadores habían conquistado en años anteriores, y se
encontraban consagradas en la ley que se quería modificar. Dando al traste
con los derechos adquiridos por los trabajadores. Esto es lo que se
denominó abaratamiento de los
despidos.
- En el caso del
gobierno, el Fondo Monetario Internacional exigía la reducción del Estado,
a través de la venta de las industrias básicas y no básicas y las de
petróleo. Así mismo el FMI exigía la reducción de la nómina del estado lo
cual se traduciría en una erogación billonaria. Esto conduciría a una
presión inflacionaria ya que un aparato productivo neo colonial y
dependiente dirigido por un empresariado parasitario, y perverso, prefiere
subir los precios en vez de elevar la producción, para adaptarse a la
nueva demanda. Fenómeno que está ocurriendo en la actualidad, debido al
aumento de los ingresos familiares por la política social del gobierno
revolucionario. Por otro lado, la reforma de Miguel “paquetico” Rodríguez,
condujo a debilitar financieramente al Estado, mediante tres vías
fundamentales: a) disminución el ISLR de 50 % sobre las grandes ganancias,
al 35 %, reforma que por cierto se prolonga en la V República sin
que se avizore una reversión de esa situación; b) disminución del impuesto
sobre la renta de las actividades petroleras para preparar la
privatización de PDVSA; c) la política pro imperialista de aumento de la
producción para disminuir los precios del petróleo y beneficiar a los
países centrales.
- Toda esta situación, y
el endeudamiento externo hacía del presupuesto una estructura de gastos
rígida debido a los pagos obligatorios, que en dólares, se cancelaban a la
banca privada extranjera, que obligaba al Estado a endeudarse, para pagar
la deuda, y sacrificar a los trabajadores y despojarlos de las
prestaciones sociales, para poder cumplir con los compromisos
internacionales. Vender las Industrias Básicas. Es decir ejecutar la política
del despojo.
El ocultamiento institucional del
sacrificio que tenía que hacer la clase trabajadora para cumplir con los
compromisos de pago a la banca internacional de una deuda ilegal, fraudulenta y
en muchos casos doble, que fueron a parar casi en su totalidad a las manos de
políticos adecos y copeyanos y empresarios corruptos, impidió a los
trabajadores participar en la discusión y comprender la injusticia que se
estaba cometiendo contra ellos, y el carácter histórico de agotamiento del modelo puntofijista, que ya
había comenzado en 1989 con el caracazo.
Además, permitió la traición que ejecutó el Presidente de la CTV Federico Ramírez
León contra la clase trabajadora. Y de esa manera el representante de la
institución, de la CTV,
llegó a un acuerdo en contra de sus representados, en esto consiste el carácter
despótico de la representación. Esta es la dictadura democrática de la
burguesía sobre los trabajadores. El estado, los empresarios, y la CTV, forman parte de la misma
estructura despótica que caracteriza la democracia representativa, que obedece
a los mismos intereses del polo dominante de las Relaciones de Producción Capitalistas.
Por otro lado, las condiciones en la
cual se firma el acuerdo, que modifica
mas de 50 años de las relaciones obrero patronales, se da en condiciones donde
la ofensiva de lo grupos dominantes se proyecta sobre una posición de fortaleza
caracterizado por los siguientes factores, entre otros:
- la alianza de los
grupos del gran capital financiero y petrolero, con los políticos, logró
dirigir los recursos monetarios, logrados por la exportación petrolera y
el endeudamiento externo, durante las dos décadas 70s y 80s, hacia sus
propias cuentas bancarias en el exterior, lo que hizo posible debilitar al
Estado y desplazar a los partidos políticos tradicionales AD y COPEI, por
la tecnocracia, dirigida por los intereses petroleros internacionales,
representados en la cúpula petrolera de PDVSA.
- La política
neoliberal de Carlos Andrés Pérez II, consolida la inclusión de Venezuela
en la política de la Globalización Neoliberal Imperialista,
mediante los instrumentos de adhesión a la Organización Mundial
de Comercio, que conducen a la reforma Neoliberal del Sistema Impositivo y
Arancelario, que lo hace regresivo, donde los que tienen más ingresos
pagan menos.
- El resultado de
esta ofensiva del capital imperialista internacional en alianza con el
capital nacional y su brazo político, los partidos AD y COPEI, deja al
movimiento obrero en la miseria mas absoluta, se consolida el modelo de
crecimiento con distribución regresiva del ingreso, al disminuir la tasa
de redistribución de la renta de los grandes beneficios a la sociedad, y
preparó la privatización de PDVSA, objetivo del imperialismo
norteamericano.
Esta situación descrita en forma
sucinta expresa la tendencia hacia la profundización del conflicto, en aquellos
años, y en ese sentido los acuerdos de la tripartita debían ser consolidados en
el Congreso Nacional, para que tuvieran validez mediante la discusión rápida de
esas leyes. Se trataba de consolidar
el zarpaso a las prestaciones en medio del ocultamiento institucional: se pasó
de un ocultamiento institucional donde se elaboró el acuerdo, la Comisión Tripartita
a uno un poco más amplio el Congreso Nacional.
Era aquí donde la actividad política
de la movilizaciones masivas, hubiera tenido una importancia estratégica. Si
consideramos en este análisis el tiempo desde el cual fue planteado este cambio
de régimen de prestaciones, veremos que transcurrieron 8 años, desde el
gobierno de Carlos Andrés Pérez, año 1989. Desde ese momento se abrió la
discusión y fue en 1997, mediante el consenso logrado en el ocultamiento
institucional de la tripartita y la reducción de actores en la discusión donde
se aprobó la confiscación de las prestaciones, y el movimiento popular,
debilitado por la represión y mediatizado por los medios de de propaganda de
los medios de información al servicio de los intereses de la reforma de las
prestaciones sociales, no desarrolló la lucha de masas necesarias para construir
un movimiento popular capaz de imprimirle una dirección distinta a los
resultados de la tripartita.
Las organizaciones representantes de
la clase obrera, los sindicatos burgueses, son eso, representantes institucionales
de la clase, e independientes de ellas y de sus propios intereses, el poder
colectivo que sirvió de base para el establecimiento del principio de autoridad
de esas instituciones representado en sus órganos de dirección, como dijimos
anteriormente, quedó oculto, subsumido en ese andamiaje legal que concentra el
poder colectivo que hace posible, que en
mas de 20 años no se realizaran elecciones de nuevas autoridades en la CTV, y esa estructura
totalitaria, fue la que llegó a esos acuerdos. Este ocultamiento sirvió para
reducir la participación de los actores implicados en esta discusión, evitar la
disidencia y aprobar la confiscación de las prestaciones. Esto fue acompañado
por una campaña mediática llena de engaños hacia la clase trabajadora, como
aquella de que la confiscación por parte de los empresarios, de las
prestaciones, conduciría al aumento de los sueldos y salarios a escala nacional
y el salario real se incrementaría porque no se produciría un incremento de los
precios, porque los trabajadores no gastarían esas prestaciones billonarias,
confiscadas, en el mercado interno.
En este caso, una política
revolucionaria tiene como objetivo revelar lo que se oculta, el esclarecimiento
para el resto de la clase trabajadora y el resto del pueblo de los objetivos
encubiertos de la dirección sindical corrompida, que como lacayos de la
burguesía neocolonial y del imperialismo, confiscó las prestaciones de los
trabajadores durante el gobierno de la democracia cristiana de Rafael Caldera.
La clase dominante, a través del estado burgués se mantuvo aplicando las políticas
públicas, como continuación de la política despótica de
apropiación-expropiación del poder
político colectivo que se desarrolla en la representatividad.
Esta forma de encubrimiento que se
practica en las instituciones del parlamento, es una de la característica de la Democracia Representativa
de la IV República,
y la que se estaba prolongando en la V República, que comienza a revertirse con la
decisión del parlamento, Asamblea Nacional, de comenzar un parlamentarismo
social de Calle.
En la esfera de lo político, se da
la apariencia, decíamos, de que el Estado está por encima de los conflictos,
como si fuese independiente del campo de lo económico y trata de establecerse
como algo exterior y trascendente del campo de los enfrentamientos económicos. El
campo simbólico es el campo de las regulaciones formalizadas. La ley es
meramente simbó1ica: organiza un campo colectivo de sujetos que forman la base
material de la sociedad, y ese campo material subjetivo, que se expresa en las
relaciones de producción, aparece sobre fondo de una legalidad a la cual todo,
necesariamente le pertenece, y todos los individuos sin excepción, deben
conocer la ley, ya que el desconocimiento de ella no exime a nadie de su
cumplimiento. Estamos en un campo social completamente organizado por la ley
que responde y protege los intereses de la Burguesía.
Desde esta perspectiva, la política
aparece como la mediación entre una parcialidad de intereses y su acceso al
poder a través del voto en el ámbito del estado, con el fin de poder imponer su
concepción al resto de la sociedad, haciendo de la política un campo aparente
de paz.
6. Caracterización de la lucha de
masas, en La República Bolivariana de Venezuela, en el contexto político actual.
Las
grandes movilizaciones populares que se produjeron durante los acontecimientos
previos al 11 de abril, que comenzaron el
22 de noviembre, día del primer enfrentamiento de masas,
comenzaron a evidenciar en la expresión de calle, una escisión de la sociedad
que permite verificar la existencia organizada de dos sectores que pugnan por
la solución definitiva del problema del poder. Los instrumentos utilizados para
la confrontación por parte de los enemigos de la revolución han evolucionado,
desde la preeminencia de la ofensiva ideológica mediática, cuyo eje de ataque
fue y sigue siendo una propaganda cuyo objetivo es causar desmoralización,
estimular la lucha y la división interna en nuestras propias fuerzas, y al
mismo tiempo despertar el odio racial en los sectores antichavistas de las
capas medias y altas de la
población, que habían tenido escasa participación en la movilización política
contra el gobierno, en los años 1998 y 1999, hasta activar los mecanismos
subjetivos de construcción de una masa con dirección política, y concientes de
su poder colectivo, en la lucha contra el gobierno mediante la desobediencia
civil y la movilización.
Esta
combinación de la ofensiva mediática con
la ofensiva de masas, manejada en forma eficiente, fue desarrollada por
el neofascismo criollo, a tal punto que logró el zarpazo
neofascista-imperialista, combinado con
actividad militar. Esto permite identificar una característica fundamental en
el desarrollo de la lucha de masas en el país: por una parte, los enemigos de
la revolución siguen desarrollando una táctica de masas insurreccionadas con
apoyo militar y mediático, como instrumento
fundamental de acceso al poder; y del lado bolivariano, existe la radicalización creciente con una
conciencia de su propio poder y protagonismo, de un pueblo que ha construido en
la práctica de la lucha popular sus propias Organizaciones Populares Autónomas
(OPA), con sus propios espacios de poder, nutridas fundamentalmente con la guía
política proporcionada en los
programas de Aló Presidente, y en las
cadenas presidenciales televisivas,
donde millones de personas del pueblo,
han comprendido que no pueden seguir viviendo como antes, y están dispuestos a
defender sus conquistas a costa de sacrificios heroicos.
Todo esto ha sido desarrollado, sin
una vanguardia que medie entre el gobierno y el pueblo, con una
dirección política que, en cierta medida, no comprende el escenario de la
confrontación, ni la importancia de la fuerza política de la movilización
organizada del pueblo en la toma, consolidación y fortalecimiento y
expansión del poder, único medio
para la transformación revolucionaria de la sociedad.
Esta característica nos parece lo
fundamental de la forma en la cual se expresó el pueblo venezolano el año 2002. Comenzó ese año, de una manera abierta la lucha por el poder, que
irremediablemente está determinando aún
los acontecimientos futuros; en el desencadenamiento de pronunciamientos
militares; en la activación de los mecanismos de la lucha armada, de muy baja
intensidad, pero lucha abierta
por el poder, dentro del proceso de radicalización creciente de la sociedad
venezolana que se venía desencadenando a partir del 27 de febrero de 1989, y que
la rebelión militar del 4F,
contribuyó de manera importante en el desarrollo de la conciencia ideológica y
combativa de los sectores populares, en repuesta a la ofensiva armada de la
oposición golpista.
6.1 El Golpe del 11 de Abril.
Bloqueo Naval y Sabotaje Petrolero de los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003.
En principio, el plan golpista del
11 de abril contó con la participación entusiasta de la totalidad de los
sectores que han adversado el Proceso Popular Constituyente desde sus inicios.
Los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI y sus derivados: Proyecto
Venezuela, Primero Justicia y Alianza Bravo Pueblo, entre otras organizaciones.
Las diferentes escisiones del sector patriótico, que a medida que se avanza en
el desarrollo del contenido de la Constitución, en esa misma medida se deslindan
las posiciones internas y se desarrolla un realineamiento de los enfoques
dentro de lo que en un momento habíamos llamado Polo Patriótico. Podemos contar
dentro de estos enemigos de la revolución bolivariana en el año 2002, algunos sectores de intelectuales, que al principio apoyaban el proyecto; sectores de la antigua izquierda, liderizados
por Luís Miquilena; los Comandantes de la insurreción del 4 febrero de
2002, que luego se separaron: Urdaneta Hernández, Acosta Chirinos y Arias
Cárdenas;
Los círculos bancarios y financieros; Los sectores industriales y comerciales;
los sectores ganaderos más reaccionarios; y, como núcleo central de la alianza,
se encontraba la tecnocracia golpista petrolera vinculada con los sectores
petroleros internacionales y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Esta alianza logró desarrollar un
conjunto de movilizaciones que se profundizaron a partir del 11 de septiembre
de 2001, luego de los atentados terroristas en EEUU, utilizando a los sectores
de la clase media que forman parte de la estructura tecnoadministrativa de los
sectores empresariales y de los sindicatos de la CTV, incrustados en la administración pública.
Luego del 14 de abril de 2002, hasta
el 2 de diciembre del mismo año, el desarrollo de los acontecimientos estuvo
determinado por la reorganización de ambos bandos, los adherentes al Proyecto
Revolucionario Bolivariano y la Oposición de Derecha,
sobre la base de la nueva situación política, y de una nueva correlación de
fuerzas. Desde la perspectiva de los sectores reaccionarios, después del 14 de
abril, se abrió un espacio político caracterizado por la reafirmación mediática
de los objetivos del golpe, reforzados
con la exigencia de la renuncia de los poderes públicos, exceptuando la Asamblea Nacional,
lugar en el cual desplegaron una ofensiva para debilitar las fuerzas
patrióticas y lograr avances para salir del presidente por la vía
constitucional. Estos objetivos fueron,
entre otros:
a) eliminación de la Constitución, para
lograr luego de su derogación, la privatización de PDVSA, que, como lo han
demostrado los hechos, es el centro de la lucha por el poder. Es con el control
de PDVSA por parte del Gobierno Bolivariano, que comenzó a resolverse el
problema del poder;
b) en el sector social: la
privatización de la salud y la educación, e introducir los fondos privados de
pensiones a cargo de la banca internacional;
c) en el sector internacional: liquidar a la OPEP, aislar a Cuba, y
desplegar las acciones armadas por parte del ejercito venezolano encaminadas a
combatir a las FARC, en la ejecución plena del Plan Colombia y permitir el paso
de los F-16 yanquis, para bombardear a la población campesina colombiana, e involucrar al ejército
venezolano como barrera de contención y de ataque a las FARC.
Dentro de esta renovada ofensiva ideológica
mediática, incorporaron nuevos hechos de aparente corrupción, con lo
cual trataron de exigir un antejuicio de méritos al Presidente de la República y a los
ministros de finanzas Nelson Merentes. Además, incorporaron en esta campaña, un
eje ofensivo de ataque hacia los cuadros medios del ejercito, con el objetivo
de escindir este sector, que logró junto con el pueblo, la restitución del
presidente, al lado de los pocos generales leales que le quedaron al gobierno
revolucionario después del golpe, y en consecuencia, poder reconstruir un
sector militar de derecha, después de la devastación que sufrieron perdiendo
cerca de 80 oficiales superiores sin tropas.
Otro de los ejes ofensivos de
ataque, trató de debilitar y desmoralizar a las organizaciones populares y
someterlos al escarnio público, como a nuestros Círculos Bolivarianos, base de
la organización popular de la defensa del gobierno revolucionario, y al mismo
tiempo recuperar la parte de la clase media que quedo aterrorizada al ver la
gran movilización popular que se desarrolló ante sus narices sin poder hacer
nada, y aquellos que se sintieron utilizados para una matanza que no esperaban.
Esta ofensiva mediática trató de reconstruir la unidad de acción de los
sectores antes mencionados que participaron en la ofensiva mediática, de masas
y militar, con el objetivo de preparar las condiciones del paro petrolero de
diciembre del mismo año.
Dentro
del espectro político de la derecha, podemos encontrar un grupo de poder que
surgió de una escisión del proceso revolucionario bolivariano liderado por el ya mencionado Luis Miquilena, que
tenía sus ramificaciones en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de
Justicia y en sectores económicos liderados por el empresario Tobías Carrero.
Estos se postularon como los moderados dentro de la nueva reorganización y
distribución de fuerzas de la derecha. Plantearon la salida del presidente por
la vía constitucional, bajar el clima de enfrentamiento, para disminuir la
presión sobre el conflicto armado y del golpe de estado, pues ellos mismos
serían víctimas dentro de un proceso violento como el del 11 de abril. Hay que
recordar que el nombre de Luis Miquilena apareció en el paredón del Aeropuerto
de la Carlota,
junto al de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Iris Varela, Freddy Bernal, Cilia
Flores, Carlos Lazo, y demás miembros de los comandos revolucionarios que
estaban sentenciados a muerte.
Otro sector que estaría dentro de
este grupo, lo comprende la fracción socialdemócrata que pretende la renuncia
del presidente, su enjuiciamiento, exigieron y exigen una salida constitucional
del presidente mediante la movilización, o por la vía insurreccional, el golpe
de estado, o por el referéndum revocatorio, como producto de sus propias derrotas. A diferencia del
sector reaccionario que liderizó el golpe del 11, permitirían un gobierno de
unidad nacional con la incorporación de los sectores, según ellos moderados,
del MVR, y el miquilenismo.
Un sector de Acción Democrática no
estaría de acuerdo con una política donde se incluya la privatización de PDVSA,
pues ésta, fue la base del poder
de la democracia despótica puntofijista, y lo fue, hasta que la meritocracia petrolera le disputó los
recursos provenientes del petróleo, les debilitó el estado y no pudieron seguir
repartiendo el dinero a todos los sectores, lo que contribuyó, entre otras consecuencias que tuvo, a
la crisis de la deuda externa.
Este es un punto de separación con los sectores más radicales de los
representantes del imperialismo petrolero.
El tercer factor de beligerancia
política está conformado por el petrolero, las compañías petroleras
internacionales, el Departamento de Estado, los bufetes transnacionales y la
banca privada internacional, que opera en Venezuela. Este sector lideró el
golpe de estado del 11 de abril, como elemento hegemónico dentro de este bloque
de poder imperialista en Venezuela. Logró consolidar la unidad de acción del
resto de los factores dentro de esa alianza contrarrevolucionaria. Esto fue
logrado, sin un liderazgo desde el punto de vista de la expresión individual
aglutinadora. Carecía de un programa o un proyecto de país, sólo lograron
concretar la unidad en torno al odio a Chávez estimulado con la manipulación
mediática. Esto permitió encubrir sus objetivos reales: a) eliminación de la
constitución, para luego lograr la privatización de PDVSA, que, como lo han
demostrado los hechos, es el centro de la lucha por el poder. Es con el control
de PDVSA por parte del Gobierno Bolivariano, que comenzó a resolverse el
problema del poder y comenzará una senda de desarrollo autónomo y soberano; b)
en el sector social, la privatización de la salud y la educación, introducir
los fondos privados de pensiones a cargo de la banca internacional, y revocar
la sentencia del TSJ sobre los créditos indexados, entre otros; c) en el sector
internacional, liquidar a la OPEP,
aislar a Cuba, y desplegar las acciones armadas por parte del ejército
venezolano encaminadas a combatir a las FARC, en la ejecución plena del Plan
Colombia, y permitir el paso de los F-16 Yanquis para bombardear las zonas
campesinas colombianas e involucrar al ejército venezolano como barrera de
contención y de ataque a las FARC.
Los factores que apoyan el proceso,
después del derrocamiento de Carmona, mostraron una recuperación en lo
organizativo y en conciencia política. Se comenzó a comprender de manera
práctica, que: a) la movilización popular; b) la concentración de masas y c) la
dirección política, son y serán el fundamento de la resolución del problema del
poder político, que es el paso
previo a la transformación revolucionaria de la sociedad y además, se comprendió
que ese poder de masas es el origen del poder soberano del pueblo, que según
nuestra Constitución Bolivariana es intransferible: artículo 5 “La soberanía reside intransferiblemente en
el pueblo..”. La importancia de haber adquirido de manera práctica el
significado de la relación entre masa y poder, es definitivo para pasar del
acceso al gobierno, por la vía electoral, a la toma definitiva de los factores
de poder real, que permitan la ejecución plena de la Constitución.
En los hechos, la aplicación de
manera practica de este conocimiento como conciencia política, fue expresado de
manera patente en los días 13 y 14 de abril, y luego, cuando se neutralizó cada
una de las provocaciones de la derecha en las diversas confrontaciones de
masas. Si comparamos la movilización del pueblo del día 13 y 14 con las del 27
de febrero de 1989, encontramos:
Cuadro
I
27 de febrero
|
13 de abril
|
a) Rebelión popular
con una conciencia política reducida a metas de carácter económicas.
(saqueos) . Baja conciencia política.
|
a) Insurrección
popular, constitucional contra la dictadura de Carmona. Objetivos de carácter
políticos y militares. Alta conciencia política.
|
b) Dispersión de la
masa hacia multiplicidad de objetivos no estratégicos.
|
b) Concentración de
masa. Objetivos de carácter estratégicos.
|
c) Inexistencia de
dirección política.
|
c) Dirección política
clara.
|
d) Masa sin dirección política no es concentrada y por consiguiente
carece de fuerza.
|
d) Masa con clara dirección política, es
concentrada y posee la fuerza necesaria para lograr objetivos.
|
Otro de los aspectos básicos del
aprendizaje político fue haber comprendido la relación entre el gobierno y el
poder. Este aprendizaje por parte de las organizaciones populares, se puede
evidenciar en la actuación frente a las campañas mediáticas. Después de 8 años
de bombardeo, de una verdadera operación de guerra psicológica contra los
adeptos al proceso revolucionario, el apoyo popular se ha incrementado, siendo
esto reconocido por las propias encuestadoras. Este es uno de los logros más
importante de la revolución. La revolución ha permitido que los excluidos hayan
conquistados espacios de poder a los cuales nunca hubieran podido tener acceso.
Comenzando por el cese de la represión indiscriminada de las barriadas. Lo que
significó la expansión de su espacio vital, al comenzar una relación más libre
con el estado. El excluido comienza a transformarse en ciudadano. Comienza un
primer escalón de inclusión social. Este desarrollo de la ofensiva de masas
desde el punto de vista del movimiento popular, sirvió de preparación para
maniobras políticas más complicadas que condujeron a la derrota del sabotaje a
la industria petrolera, y bloqueo naval. Sabotaje encubierto por un paro cívico
nacional decretado por la Coordinadora Democrática.
En conclusión, el pueblo organizado
aprendió, que ha partir del 11 de abril comenzó de manera abierta el conflicto
principal: ¿quién se va a quedar con el
poder real? Esto se venía desarrollando de
manera pacífica y encubierta. La reacción imperial y sus aliados criollos
habían encubierto sus objetivos reales. El intento de cambiar la política
interna de PDVSA, y poder controlarla para enrumbar su acción hacia la independencia de los centros externos de
dominio imperial, y ponerlas al servicio del Desarrollo Nacional, aceleró la
usurpación del 12 de abril del 2002. Esta usurpación por espacio de 24 horas, culminó
con la toma del palacio de Miraflores por el pueblo y el Ejército Bolivariano,
y luego, el rescate del Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, a las 12 horas siguientes, puso de relieve sus objetivos, así
como a sus principales actores e intereses. A pesar de la derrota propinada por
las fuerzas patrióticas organizadas en Círculos Bolivarianos aliados con el
ejército, el hecho de haber reincorporado a los sectores golpistas a PDVSA,
representados en la
Junta Directiva, por Hernández Raffalli, firmante del decreto
de Pedro el Breve, y a Juan Fernández y demás
miembros de la auto denominada “Meritocracia”, contribuyó a
generar, dentro de los enemigos de la Revolución Bolivariana,
una percepción de debilidad del gobierno.
Craso
error de la oposición golpista. Su ideología no toma en cuenta la expresión
popular de apoyo, que significó las jornadas del 13 de abril, lo que revela la
naturaleza neo-nazi de la oposición golpista. Y mucho menos consideran al
ejército dentro de un nuevo contexto ideológico, donde el ejército, es
realmente el brazo armado del pueblo. Y al mismo tiempo, el propio pueblo
armado. Esto no puede ser visto por la oposición golpista. Su ideología sólo
comprende al ejército como defensor de sus intereses y, en consecuencia, el
represor universal del pueblo. Esta es la visión de la cúpula golpista.
Los
sectores golpistas no entendieron el significado del gesto magnánimo de nuestro
Presidente, Comandante Hugo Chávez Frías, al incorporarlos nuevamente a PDVSA.
La interpretación que hicieron respecto de este hecho, como debilidad, hizo
caer a la oposición en un error mucho más grave. Poner en juego el centro del
poder en Venezuela, el negocio petrolero. Debilitados por la derrota y, en
consecuencia, sin capacidad de ejecutar un golpe militar por haber perdido ese
sector, transitan la aventura de montar un paro cívico nacional, como una
maniobra de ocultamiento, para poder realizar el bloqueo naval y el sabotaje
petrolero, que fue el verdadero
instrumento de su acción subvertora del Gobierno Bolivariano, y de traición a
la patria. Para eso contaban nuevamente con los mismos actores del 11 de
abril, pero esta vez, sin
el ejército.